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El Senado de Salta volverá a sesionar en forma extraordinaria la próxima semana con una agenda acotada pero de fuerte impacto institucional. La convocatoria, confirmada a El Tribuno por el vicegobernador Antonio Marocco, fija la sesión para el jueves 26 de febrero y estará centrada en dos ejes: el narcotest obligatorio para funcionarios públicos y la cobertura de vacantes en la Corte de Justicia de la Provincia.
Uno de los puntos centrales del debate será el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que establece la obligatoriedad de someterse a controles toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa apunta a reforzar estándares de transparencia, idoneidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, en un contexto de creciente demanda social por mayores controles y mecanismos de integridad institucional.
En la misma jornada, el Senado también avanzará con el análisis y aprobación de los pliegos de Martín Plaza y Martín Diez Villa como nuevos integrantes de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta. Según precisó Marocco, el proceso administrativo cumplió todas las instancias previstas y concluyó el período de impugnaciones sin que se presentaran objeciones. No obstante El Tribuno conoció anoche que sí hubo observaciones a los postulantes.
Desde la Presidencia del Senado destacaron que las postulaciones tienen aval institucional a los perfiles propuestos, tanto en términos de trayectoria profesional como de formación académica. En ese sentido, el vicegobernador subrayó que se trata de candidatos que reúnen los requisitos constitucionales y legales para integrar el máximo órgano judicial de la provincia.
La sesión extraordinaria se desarrollará con un temario cerrado, concentrado exclusivamente en estos dos asuntos, lo que anticipa un debate focalizado y de alto impacto político e institucional.
Sólo dos temas en la convocatoria
Con esta convocatoria, el Senado de Salta retomará la actividad legislativa antes del inicio del período ordinario, en una jornada que promete concentrar la atención tanto del ámbito político como del judicial.
Por un lado, el narcotest obligatorio reabre la discusión sobre los mecanismos de control del Estado sobre sus propios funcionarios; por otro, la renovación de la Corte de Justicia implica decisiones clave para el funcionamiento del sistema judicial salteño.
Observaciones a los pliegos de los dos jueces para la Corte
Dos observaciones fueron formuladas dentro del proceso participativo a las postulaciones de Martín Plaza y Martín Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia de Salta. Las negativas fueron presentadas por el diputado José Gauffin; los representantes del Partido de la Reconquista, Alejandro Patrón Costas y David San Román; y el interventor del PRO Salta, Fabrizio Dell´Acqua y plantean objeciones de fondo vinculadas a la idoneidad institucional, la independencia del Poder Judicial y el cumplimiento del espíritu constitucional que debe regir la integración del máximo tribunal.
En el caso de Plaza, la presentación cuestiona principalmente el vínculo con el gobenrador Gustavo Sáenz, la falta de antecedentes suficientes en el ejercicio de funciones judiciales que justifiquen su llegada directa al máximo órgano judicial de la provincia. La observación advierte que la Corte requiere perfiles con trayectoria consolidada en la magistratura, solvencia técnica acreditada y experiencia en la toma de decisiones jurisdiccionales de máxima complejidad.
Además, se plantea que la designación podría debilitar el principio de independencia judicial, al no quedar claramente demostrada una carrera profesional ajena a influencias políticas o administrativas.
Respecto de Diez Villa, la objeción pone el foco en la conveniencia institucional de su designación, señalando posibles incompatibilidades entre su recorrido profesional previo y las exigencias de imparcialidad que requiere un juez de la Corte. El planteo remarca que el máximo tribunal no solo debe reunir capacidad técnica, sino también una trayectoria que garantice distancia de los poderes políticos y de intereses sectoriales.
La observación subraya, además, que la integración de la Corte debe responder a un criterio de fortalecimiento del sistema republicano, evitando designaciones que puedan interpretarse como premios políticos o decisiones coyunturales sin una evaluación exhaustiva del impacto institucional.