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El índice de aumento de precios de enero, oficializado por el Indec, demuestra que la inflación es un síntoma de la crisis estructural de nuestra economía. Es, además, la preocupación perentoria de la ciudadanía y se refleja en todas las encuestas.
Superar lo que ya nos parece un destino nacional es posible, pero exigirá esfuerzos de todos. Por eso requiere de una decisión política muy seria, profundamente patriótica, acordada por todos los sectores políticos y sociales, en base a objetivos y largos plazos para que las soluciones se sostengan en el tiempo.
Ningún problema de esta magnitud se va a resolver con fórmulas mágicas, ni con la aparición de personajes oportunistas y mesiánicos.
El primer paso es decir la verdad, empezando por definir el problema: inflación es el aumento generalizado y sostenido de precios. Se trata de un desorden global de la economía y de la administración del Estado que genera el campo propicio para la especulación, el caos tributario y el despilfarro de los recursos del Estado.
Desde la salida de la Convertibilidad, en 2002, hasta hoy, la Argentina acumuló 18.000% de inflación. Y de la paridad cambiaria 1 a 1 pasamos a la cotización actual de alrededor de $400 por dólar (40.000%). Pero el problema se agudizó a partir de 2011, con la caída de la producción y el aumento del déficit.
Es ingenuo o malicioso hablar de "formadores de precios" atribuyendo la inflación a supuestos grupos de la "economía concentrada". Del mismo modo, es ilusorio pretender que los controles de precios, o los simulacros de acuerdos de "precios controlados" o "precios justos" vayan a frenar la espiral inflacionaria.
Aceptar la realidad obliga a descartar la hipótesis de la "inflación autoconstruida" o imaginaria. Todos, productores, comerciantes y consumidores, buscan la seguridad que la economía no les brinda; por eso, los que pueden, ahorran en dólares y los precios se aumentan de acuerdo a previsiones fundadas en la experiencia. Esa experiencia la ofrecen los mismos gobiernos, cuando los precios duplican las proyecciones inflacionarias del presupuesto nacional.
Aceptar la realidad, además, obliga a gobiernos y opositores a expresarse con seriedad y credibilidad: no es saludable hablar de "bombas de tiempo" o augurar colapsos como los de 1989/91 o 2001/2002. El efecto de la inflación ya es arrasador, crece exponencialmente y se traduce en la destrucción del salario, la caída de la inversión y el crecimiento de la pobreza.
El primer problema a resolver es la construcción de un Estado ordenado, que no gaste más de lo que ingresa. El déficit fiscal es un problema endémico que va de la mano con la inflación. Y esto se debe a que se lo financia con emisión monetaria desenfrenada o con endeudamiento externo o interno. Ambos son inflacionarios, porque artificialmente agregan circulante mientras se estanca (o cae) la producción.
El "ajuste", que recorta gastos en obras imprescindibles o en jubilaciones o asistencia social, no es ordenamiento del Estado.
Un Estado ordenado no utiliza los recursos públicos inflados con emisión monetaria para financiar la actividad política, creando cargos innecesarios, multiplicando ministerios o solventando organizaciones con supuestas finalidades sociales que, en realidad, son entidades políticas encubiertas.
Es un Estado orientado a mejorar la calidad de vida, el empleo y el ingreso con una administración austera, racionalizando el sistema tributario, consolidando la seguridad jurídica y evitando intervenir con funcionarios incompetentes en actividades económicas propias del sector privado, que se convierten en nichos de corrupción.
Cuando el Estado argentino se aplique a las tareas que le corresponden, es decir garantizar calidad educativa y sanitaria para toda la población, brindar seguridad y consolidar el sistema de división de poderes, seguramente, no habrá bombas de tiempo ni fantasías inflacionarias; tendremos, en cambio, una moneda estable y expectativas de futuro.