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Al declinar a toda posibilidad de reelección, el presidente Alberto Fernández pone en evidencia la fragilidad de un sistema político que excede ampliamente las propias carencias del mandatario. Incluso, muestra el fracaso de una fórmula concebida con criterios ajenos a la transparencia y la representatividad que hacen posible la vida democrática. Sin primarias entre varios candidatos se impone el acuerdo de trastienda y no la voluntad ciudadana.
El país atraviesa momentos cruciales. Es necesario reconstruir el sistema político y empezar un cambio de rumbo sustentable en el tiempo, en base al acuerdo, el diálogo y la convivencia. La grieta, que tanto daño produce, ya no enfrenta solamente a dos corrientes políticas entre sí, sino que agudiza los enfrentamientos en el seno de cada una de las coaliciones y pone al país cerca de la fragmentación.
La crisis política es más profunda aún que la macroeconómica y solo contribuye a acelerarla. La radiografía actual del país muestra niveles de pobreza estructural que aumentan y se calcifican, mientras la inflación destruye el poder adquisitivo de los hogares y el comercio exterior se encuentra maniatado ante el laberinto del peso frente al dólar. Este escenario, cuyos principales perjudicados son quienes viven de su trabajo, o tratan de hacerlo, no se despejará mientras se mantengan las calumnias, los insultos y el espionaje sistematizado en la vida política.
El electorado, lejos de sentirse "el soberano", observa el teatro de una dirigencia mediática que utiliza las redes sociales como recurso sensacionalista y que, en muchos casos, utiliza un lenguaje chabacano y provocativo que nada aporta a la ciudadanía.
El prestigio de la democracia representativa está siendo deteriorado por el elitismo de una dirigencia que reemplaza al proyecto por el relato y, por eso, es incapaz de concebir y explicar soluciones de fondo.
En su previsible renuncia a la reelección, Alberto Fernández ratificó su intención de que en las PASO del 13 de agosto compitan todos los precandidatos del oficialismo que se sientan en condiciones de hacerlo. Ese tema lo debatirá el Consejo del PJ, y difícilmente el Presidente pueda imponer su voluntad. Sin embargo, ese sería el camino más razonable para todos los partidos y coaliciones.
La democracia se diferencia de las monarquías y de los regímenes autoritarios o populistas, justamente, porque la voluntad del ciudadano prevalece por sobre los intereses del líder. Es inconcebible que mientras se celebran desde todos los sectores los 40 años de vigencia democrática, el Congreso se autoperciba como campo de una batalla dirigido desde afuera. Un parlamento, justamente, es concebido como el espacio de discusión, acuerdos y resolución de conflictos. De los conflictos que hoy dejan a la gente sin respuesta de parte de las instituciones. Tampoco son compatibles con la democracia el ataque contra la Justicia y los agravios a la prensa independiente, protagonistas esenciales del sistema representativo.
El agrietamiento y la fragmentación son consecuencia de la incapacidad de consensuar objetivos que sirvan a los pueblos. Ambos explican la volatilidad política que se expande por nuestra región, los autoritarismos populistas, la atomización de los votos y la violencia tras las derrotas, como ocurrió en Brasil.
La misma amenaza se cierne sobre la Argentina.
Frente a esto, las PASO pueden ser la oportunidad para que varios candidatos unidos por objetivos comunes compitan en cada una de las coaliciones, debatan en público y ofrezcan un proyecto con plazos, condiciones y metas que puedan ser evaluadas por el ciudadano ahora y cuando concluyan su gestión. Y que tales proyectos de los distintos frentes sean debatidos públicamente y confronten en elecciones generales.
Esto que hoy suena a quimera es, simplemente, la esencia de la democracia.