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Desde su creación en 1948, Israel jamás atravesó por una conmoción política tan intensa como la confrontación disparada por la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu y dominado por partidos de la ultraderecha nacionalista y del fundamentalismo religioso, que desató una oleada de manifestaciones de protesta en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y otras ciudades, así como un fuerte descontento en los estamentos políticos y las colectividades judías de Estados Unidos y Europa Occidental.
Netanyahu llegó a destituir al Ministro de Defensa, Yoav Galant, socio político del primer ministro en el Partido Likud, quien había señalado que la fractura de la sociedad provocada por esta iniciativa reformista representaba "una amenaza real para la seguridad de Israel". Como respuesta, 600.000 personas salieron espontáneamente a las calles para protestar por esa destitución. El propio presidente israelí, Isaac Herzog, envió un dramático mensaje a Netanyahu: "por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad, le pido que detenga inmediatamente el proceso legislativo".
Semejante presión obligó a Netanyahu a abrir un compás de espera en el tratamiento parlamentario de la iniciativa, aunque la oposición israelí desconfía de ese giro dialoguista y teme que el primer ministro avance sorpresivamente para sancionar el proyecto en una sesión relámpago de la Kneset, la asamblea unicameral en la que la alianza gubernamental cuenta con mayoría propia.
La iniciativa de Netanyahu está integrada básicamente por tres proyectos de ley. El primero modifica el comité de selección de los nuevos jueces, hasta ahora integrado por nueve miembros, con un mecanismo que hoy requiere consenso entre la rama política y la cofradía judicial para la designación de los magistrados. Con la enmienda, el gobierno dominaría ese cuerpo y podría elegir a los jueces con la mayoría simple de sus miembros. Los otros dos proyectos apuntan a reducir drásticamente las facultades de la Corte Suprema de Justicia para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento. El máximo tribunal no podría anular las llamadas "leyes básicas" que, a falta de una constitución escrita, funcionan como normas fundamentales del orden jurídico israelí. Por el otro, la Corte solamente podría impugnar las "leyes regulares" si contradicen
alguna de esas "leyes básicas" y sólo con el voto de doce de sus quince magistrados, en lugar de la mayoría simple establecida en el régimen vigente.
Pero el contenido de la reforma incluye también una "cláusula de anulación" por la que el Parlamento podría volver a promulgar las leyes objetadas por la Corte y contempla también medidas para evitar que la Corte pueda inhabilitar ministros del gobierno, ni tampoco pueda debatir mociones para revisar planes gubernamentales ni para declarar al primer ministro no apto para el cargo. Esta última disposición resultó extremadamente polémica porque Netanyahu enfrenta cargos judiciales por soborno, fraude y abuso de confianza en un juicio en curso desde 2020 en el Tribunal de Jerusalén.
Si bien la oposición israelí subraya que la reforma judicial persigue la impunidad de Netanyahu, el debate instalado en la sociedad es mucho más profundo. Lo cierto es que Netanyahu y sus socios políticos de ultraderecha pretenden modificar la naturaleza misma del Estado judío para implantar un ordenamiento jurídico con una orientación fundamentalista con un tinte racista y fuertemente discriminatorio.
La coalición gobernante estima que la Corte Suprema tiene una inclinación izquierdista, interfiere en las decisiones del Poder Ejecutivo y el Parlamento y antepone los derechos de las minorías, un amplio y heterogéneo abanico que abarca desde la población de origen palestino hasta el colectivo LGTB, por sobre los intereses nacionales que afirma defender.
Conflicto de valores
Pero este vuelco político no es un mero episodio coyuntural sino el punto culminante de un largo proceso de transformación cultural que apunta a redefinir la identidad israelí. Esta mutación se refleja en la indumentaria de las mujeres, en la multiplicación de los restaurantes y hoteles "kosher" con rígidas normas alimentarias, y en los edificios donde los ascensores no funcionan los sábados, día de culto.
La manifestación más nítida de este cambio cultural es el arrollador crecimiento de la comunidad de los judíos "ortodoxos", derivado de un aumento de la religiosidad popular (sugestivamente paralela a la expansión del fundamentalismo en el mundo islámico) y de las consecuencias demográficas del mayor índice de natalidad de las familias con prácticas religiosas más intensas.
El sionismo nació como un fenómeno laico que reivindicaba el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo judío. Esa corriente originaria, culturalmente cosmopolita e ideológicamente socialdemócrata, encarnada en el laborismo liderado por Ben Gurion, fue la fuerza hegemónica en la construcción del Estado judío, que prevalecía sobre una derecha nacionalista, pero también laica, liderada por Menahem Beguin, fundador del Likud, el partido de Netanyahu.
El judaísmo ortodoxo, mayoritario entre la población judía que residió durante siglos en Jerusalén hasta la llegada de los primeros colonos sionistas a principios del siglo XX, desaprobaba la fundación de un Estado judío, que a su juicio contradecía el mandato religioso que supeditaba la redención del pueblo judío a la llegada del Mesías.
En la década del 80, el nacionalismo del Likud y la ortodoxia
religiosa iniciaron un proceso de convergencia. El Likud se benefició con el natural aumento de la población "sabra", nativa de Israel, y con la inmigración sefardita, integrada por judíos provenientes de los países árabes. Mientras tanto, el fundamentalismo religioso tuvo un viraje político provocado por el instinto de supervivencia ante la amenaza del terrorismo islámico, encarnado en la presencia de Hamas en la franja de Gaza, un peligro que lo llevó a asumir un mayor protagonismo político.
Esta confluencia entre el nacionalismo laico y el fundamentalismo religioso coincidió con el declive político del laborismo, cuya base de sustentación, centrada en la diáspora, pasó a ser minoritaria en la sociedad israelí. El resultado de esta conjunción de fenómenos fue el ascenso de Netanyahu, primer jefe de gobierno nacido en Israel, quien gobernó por primera vez entre 1996 y 1999, luego entre 2009 a 2021 y regresó al poder en 2022 al frente de una coalición de derecha en la que el fundamentalismo religioso tiene una participación decisiva.
La plataforma de la coalición gobernante incluye un endurecimiento de la postura en el conflicto palestino, la instalación de nuevos asentamientos judíos en Cisjordania, el otorgamiento de inmunidad judicial a los soldados israelíes en las acciones militares antiterroristas y hasta la restricción de los derechos políticos de la población palestina. La consecución de semejantes objetivos exige una activa colaboración del Poder Judicial ante las probables acusaciones de violación de los derechos humanos. Esto explica que la reforma judicial sea una parte fundamental de la estrategia gubernamental. Para graficar la dimensión de la confrontación en curso, el alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, alertó contra la instauración de una "teocracia fascista" similar a la de Irán. La incógnita es si las violentas manifestaciones opositoras de las últimas semanas pueden marcar un cambio de rumbo político o son simplemente el canto del cisne de un Israel que cambió para siempre.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico