El femicidio de Mercedes Kvedaras ocurrido el viernes en Salta capital se suma a la trágica secuela de violencia machista, que parece imparable y que este año ya se llevó la vida de 15 salteñas.
El Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados publicó ayer un comunicado en el que expresó: "Si estamos en la casa nos matan, si estamos en el trabajo nos matan, si vamos a bailar nos matan, si salimos a la vía pública nos matan, í¿dónde guarecernos en esta provincia?!".
De acuerdo con datos compilados por el Observatorio Lucía Pérez, en los últimos 15 años se registró un promedio de 300 femicidios anuales en la Argentina. En Salta se produjeron en ese lapso 194 casos, equivalentes a 31,4 femicidios por cada 100.000 habitantes. De ese modo nuestra provincia se ubica en el cuarto lugar entre los 24 distritos argentinos. El 26% de la totalidad de las denuncias por violencia de género está concentrado entre los departamentos de San Martín y Orán.
El Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven informó a su vez que desde 2015 hubo 2.257 femicidios en la Argentina. Uno cada 31 horas. Solo en este año, hasta el 31 de julio, se registraron 175 femicidios en el país.
Entre los femicidios de nuestra provincia algunos fueron resonantes. La muerte de Rosana Alderete, en 2004, asesinada junto a dos de sus hijos por el marido, llevó a un cambio del sistema policial y judicial en defensa de las mujeres. La desaparición de María Cash y los femicidios de las universitarias francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier, en 2011, siguen generando fuerte repercusión. La heroica muerte de la maestra Evelia Murillo, asesinada en El Bobadal en 2014, cuando salió en defensa de una alumna que era agredida sexualmente por un matón de la zona, es emblemático. Una muestra de la fragilidad de la previsión por parte del Estado la ofrece el caso excepcional de Gabriel Herrera, quien asesinó en 2006 a Verónica Castro dentro de la cárcel de Metán, y en 2017, en la cárcel de Villa Las Rosas, donde ya purgaba la pena por ese crimen, mató a Andrea Neri, su nueva novia.
Cada una de las mujeres asesinadas es una víctima inocente de un Estado sin respuestas eficaces y de una sociedad que alimenta aún la violencia machista, y la íntima certeza de que la mujer es propiedad del hombre.
La mayoría de los casos, en Salta y en el país, se producen en la intimidad del hogar y los victimarios son familiares de las víctimas. La creación de ministerios y organismos para las mujeres, dotados de generosos presupuestos, no ha servido hasta ahora para modificar la realidad. Incluso, la politización del Ministerio de la Mujer a nivel nacional ha derivado en una desatención total de los femicidios y a una sobreactuación estéril sobre los derechos del colectivo LGBT.
Esa frivolización, nacida de la inmadurez política de muchos funcionarios, los lleva a ignorar la razón de ser de esas carteras, que es erradicar la violencia machista. No existen políticas de Estado, para enfrentar al femicidio ni tampoco para resolver tragedias sociales como el deterioro educativo, el desempleo y la indigencia de cuatro millones de personas.
Enfrentar al femicidio requiere un programa de trabajo y equipos profesionales que vayan a los barrios e interactúen con los centros de salud y las instituciones vecinales. Es la única forma para de detectar los vínculos violentos y poner en alerta a la Justicia y a las fuerzas de seguridad antes de que deriven en femicidios.
Esa tarea, que exige trabajo e idoneidad, es parte de la deuda del Estado con las mujeres y con los sectores más vulnerables.
