inicia sesión o regístrate.
Analizando el caso que sacudió a la sociedad salteña en los últimos días, por lo pronto, es dable destacar que se debe de abordar y analizar este tipo de hechos tan luctuosos con mucho detenimiento y especial cuidado.
Si bien hay algunas versiones circulando, la realidad es que, atento a la circunstancias del caso, hay que respetar la investigación que está en curso. Las pericias en conjunto con las testimoniales que se puedan recabar llevarán a estar más cerca de la verdad real de los hechos, y se podrá estar ante indicios probatorios que, a su vez, conduzcan las sospechas sobre una persona acusada de cometer un hecho delictivo a un grado de probabilidad e incluso de certeza necesaria para una condena. Esta, por las particularidades del caso, podría llegar ser de prisión perpetua en los términos del artículo 80, inciso 1 y 11, del Código Penal, que refieren al agravante de la relación de pareja y a la violencia de género.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia cuenta con el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y diversas herramientas para corroborar la hipótesis acusatoria. Un ejemplo de ello es la prueba odorológica, para la cual hay canes entrenados para poder reconocer el olor particular de una persona en un lugar, prenda u objeto. Esta medida, en conjunto con otras pruebas, como la pericia informática de extracción de datos de celular, mensajes y geolocalización, sirven para saber cuáles fueron los contenidos de las últimas comunicaciones y la ubicación de los aparatos de la víctima y el investigado.
También está la reconstrucción del hecho, en la cual se trata de recapitular sobre las posibles situaciones y movimientos de víctima y victimario el día del hecho, sin olvidar también el análisis de cámaras del lugar, la obtención de testimonios de personas que podrían aportar información relevante y las pruebas de ADN que se puedan obtener, además de huellas de calzados o rodados en sitios y horarios determinados.
Todos, como sociedad, tenemos que abordar esta lacerante realidad que atraviesa todas las clases sociales.
Por Ricardo Belbruno, abogado penalista. Intervino en varias causas por femicidios y violencia contra mujeres, como el crimen de la docente Sandra Palomo y el caso de trata de personas del templo San La Muerte.