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El Presupuesto 2024 presenta números inverosímiles. Aun así, en sus cálculos demuestra que, cuando la inflación baja, el gasto previsional se recupera dificultando alcanzar el equilibrio fiscal. Este dilema no se resuelve volviendo a manipular la movilidad, sino ordenando el sistema previsional.
Según la presentación del gobierno el resultado financiero para el 2023 será de un desequilibrio equivalente al 4,4% del PBI en el 2023 y bajaría a 2,7% del PBI en el 2024. Esto implica que el Estado nacional seguirá necesitando contraer nueva deuda para financiar su desequilibrio entre ingresos y gastos más el pago de intereses. Cubrir estas necesidades de financiamiento constituye un desafío enorme en un contexto de muy baja predisposición del mercado a prestarle voluntariamente al Estado. Pero lo más inquietante son los supuestos poco consistentes sobre los que se basan las proyecciones. Siendo más realistas, el déficit resultará sustancialmente mayor.
El Ministerio de Economía proyecta una reducción del gasto público de 1% del PIB para el 2024, que ayudaría a bajar la inflación al 70% anual. Lo interesante es observar qué le ocurre a la composición del gasto público con estos cálculos. Según el Presupuesto 2024 se observa que:
* En el 2022 el gasto previsional fue de 7,6% del PBI y la inflación del 95% anual.
* En el 2023 se proyecta que el gasto previsional baje a 7,2% del PBI con una inflación del 136% anual.
* En el 2024 se proyecta que la inflación baje a 70% anual y en los cálculos del Ministerio de Economía el gasto previsional se recupera al 7,6% del PBI.
Estos datos muestran que uno de los principales desafíos del próximo gobierno, si quiere bajar la inflación, es evitar que el gasto previsional no desestabilice las cuentas públicas.
Los cálculos del Ministerio de Economía confirman que para bajar el gasto público en un 1% del PBI y la inflación al 70% anual habría que ajustar el resto de las partidas presupuestarias en 1,4% del PBI para compensar la suba del gasto previsional. Para ello, el Presupuesto 2024 plantea un ajuste del gasto en personal de 0,8% del PBI. Esto resulta muy contradictorio con el masivo incremento en el plantel de empleados públicos que se viene dando en el 2023.
Una estrategia alternativa es que el próximo gobierno cristalice la licuación de jubilaciones que hizo el actual gobierno, cambiando la fórmula de movilidad. La aceleración de la inflación, que comenzó en el 2018, produjo una caída del 45% en términos reales del haber promedio y del 25% en los haberes mínimos reforzados con los bonos, comparando diciembre 2017 con noviembre 2023. Se trata de una enorme licuación de haberes jubilatorios que muestra que el descalabro fiscal es mucho peor de lo que las cuentas oficiales muestran. Querer manipular la movilidad para mantener esta licuación en el futuro, además de ser ética y socialmente reprochable, es fiscalmente inconsistente ya que genera el terreno fértil para una nueva ola de juicios previsionales. Hay que aceptar que manipular la movilidad para mantener la licuación no es un ahorro, sino un alivio transitorio financiado con deuda previsional (que la contabilidad pública no registra como tal). En la agenda de temas para los debates presidenciales no se contempla tiempo para que los candidatos expliquen sus propuestas en materia previsional, tema decisivo y crucial para normalizar la macroeconomía.
La sociedad demanda bajar la inflación. Esto no legitima a que, para lograrlo, se perpetúe la licuación de jubilaciones que se viene acumulando en los últimos años. La única manera de compatibilizar ambos objetivos es con un ordenamiento integral del sistema previsional.