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Uno de los grandes desafíos que presenta hoy el país es que quienes ocupan un cargo sepan ejercerlo. No abundan. Ese capital es especialmente escaso en los gobiernos de todas las jurisdicciones, y ni que hablar de las bancas legislativas, que deberían legislar en función de las necesidades de la gobernabilidad.
Las responsabilidades abarcan todos los aspectos de la tan amplia condición humana. Y lo primero que debería pensar aspira a desempeñar una función pública es qué lugar ocupan en su escala de valores las necesidades de las personas.
Toda esa amplia gama de la necesidad humana, que debería ser la matriz de un plan de desarrollo económico y social, que vaya más allá de la suerte del litio o la bendición de una lluvia: un plan exige diagnóstico, posibilidades, objetivos disponibilidad de recursos y viabilidad fáctica.
Detrás de una necesidad hay un derecho, y el Estado debe crear las condiciones para que cada uno pueda ejercerlo. Y no se trata de retóricas de márketing ni de narrativas cinematográficas ofrecidas desde un estrado del poder. Son hechos que solo se logran con realismo político.
Salta y el desarrollo
Para Salta, el desarrollo tiene tres pilares sobre los que apoyarse: en primer lugar, el potencial agroganadero, el turismo y los recursos minerales.
El primero es decisivo: Salta tiene la mitad de su territorio con un potencial envidiable que requiere de cerebros estratégicos que contemplen el conjunto. La estrategia es una decisión que debe tomar el Estado provincial, a través de sus autoridades para avanzar, y no retroceder, como ocurre con el actual ordenamiento territorial, que no es más que una forma de conservar el "status quo". Si se delega la decisión en la dirigencia ambientalista que solo ve una cara del poliedro, se queda bien con la "cultura de la cancelación" pero, como quedó demostrado desde hace más de una década, no se avanza un paso.
Grandes porciones del territorio salteño están habitadas por comunidades originarias y criollas, cuyos integrantes quieren permanecer en su tierra, pero no desdeñan en absoluto la posibilidad de gozar de los beneficios de la cultura contemporánea. Un plan de desarrollo agroganadero realizado con seriedad y compromiso les garantizaría a esas poblaciones el acceso a un sistema de salud de calidad, la posibilidad de un control preventivo para niños, embarazadas y ancianos y hospitales de emergencias. Les aseguraría, además, la disponibilidad de escuelas de calidad, con formación en el idioma nativo, el español e inglés, y con acceso a la tecnología. Y, sobre todo, habría acceso al agua y a la energía eléctrica.
Esto no es "Salta año verde"; esto es lo que se puede lograr con un Estado, empresas, universidades y una sociedad dispuestos al desarrollo. Por supuesto, sin dádivas, escuchando y acordando con las comunidades, los pequeños productores y la economía a escala: esa es la tarea de gobernar.
No puede quedar todo delegado en los esfuerzos invalorables de entidades como FUNDAPAZ.
Y también, es necesario honrar los compromisos internacionales para ajustarse a las normativas globales en materia de preservación del medio ambiente. Claro, no se puede pasar por alto que los países europeos, principales impulsores de la lucha ambiental, siguen utilizando primordialmente combustibles fósiles, que son el principal factor contaminante con carbono. Además, como lo demuestran las protestas agrícolas de estos días en el viejo continente, no quieren competencia con la producción alimentaria de nuestro continente, porque no podrían sostenerla. Es por lo que esgrimen barreras para arancelarias, como lo fue la demonización de la soja.
Ambientalismo proactivo
Es responsabilidad de la provincia la preservación de los suelos y la flora nativa, sin alterar la convivencia con las comunidades humanas. Y se puede, pintando toda la provincia de verde y, el mismo tiempo, trazando un mapa biológico – probablemente, optimizado si se puede acordar lo mismo con Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el sur de Paraguay-, para crear un sistema de parques y reservas naturales. Es decir, "santuarios", de los que se erradiquen especies vegetales y animales que se consideren exóticas y se recupere la presencia de especies autóctonas, incluso, en sectores que han sido deforestados por la economía de subsistencia y la agricultura o ganadería sin manejo. Y fuera de esos santuarios, manteniendo y haciendo respetar la normativa de cortinas vegetales y de la restauración del bosque nativo en un treinta por ciento de cada predio.
Por caso, el proyecto de paisajes productivos protegidos impulsados por Proyungas.
Esto es lo que dicta el sentido común. Porque esos bosques podrían convertirse en centros de atracción turística y, además, ofrecer la posibilidad de aprovechamientos para la producción en escala de miel y de productos naturales de la floresta.
El desarrollo humano está más allá de la ideología.
La filosofía ambiental, sostenida en muchos espacios académicos afirma la necesidad de pasar de "una civilización antropocéntrica a una que sea biocéntrica". Es la idea de que el hombre es el destructor de la vida. Por imperio de la evolución de las especies, cada especie transforma su hábitat, pero el ser humano, que en 70 años casi cuadruplicó su número, la transforma mucho más, gracias a la racionalidad y la tecnología. Por eso, también, es la única especie capaz de reparar esos daños.
Hoy proliferan los acuerdos para controlar el cambio climático, pero es muy poco lo que se hace.
La más profunda incertidumbre nace de la intensificación de las guerras y de la pregunta sobre hasta dónde llegará la autonomía de las máquinas de la inteligencia artificial.
Pero los diagnósticos anticipan también recesión global, incremento de la pobreza y mayor demanda alimentaria.
Para un Estado decidido a comprometerse con el desarrollo humano es imprescindible tener presente el escenario internacional y contar con información científica sobre el cambio climático y sobre la amenaza tecnológica, preparándose para tomar decisiones fuertes y valientes para mejorar la vida concreta (actual y futura) de los ciudadanos.