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La "Operación Contención", lanzada en Río de Janeiro por el gobernador derechista Claudio Castro y que dejó un saldo récord de muertes, aún indeterminado, proporcionó un argumento político unificador para el reagrupamiento de la derecha sin precedentes desde la condena penal y el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.
Conspicuos dirigentes del ala conservadora que aspiran a la presidencia y que hasta entonces habían enfrentado dificultades en las encuestas y en sus intentos de obtener el respaldo de Bolsonaro, erigido ahora en "gran elector", felicitaron rápidamente a Castro y calificaron a la operación como exitosa y ejemplar.
Para comprender las características del conflicto es necesario remitirse a lo sucedido en las cárceles del Brasil en la década del 70. El Comando Vermelho (CV) nació en 1979 en el presidio de Ilha Grande, Rio de Janeiro, donde los presos comunes convivían con guerrilleros detenidos durante el régimen militar. De ese novedoso intercambio de ideas y experiencias surgió una iniciativa inédita en el mundo carcelario carioca.
Los delincuentes aprendieron de estrategia y a moverse con disciplina y solidaridad, herencias ideológicas de la izquierda clandestina. Los antiguos guerrilleros encontraron un canal diferente en su guerra contra el poder político. Esa simbiosis engendró un nuevo tipo de criminalidad, capaz de articular redes y enfrentar al Estado.
Irónicamente, el lema originario fue "Paz, Justicia y Libertad". A partir de la década del 80, con la expansión internacional del narcotráfico, el CV se fue apropiando progresivamente de las favelas, controlando territorios, rutas y poblaciones enteras mediante el ejercicio de la violencia y la asistencia social paralela.
Una fuente de inspiración fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización guerrillera que nunca se propuso tomar el poder en Bogotá, sino que basó su acción en la creación de "repúblicas independientes", zonas liberadas en la que ejercía un poder político basado en el fusil y el plato de comida y donde con el tiempo forjó una alianza estratégica con las redes del narcotráfico.
Años después, en 1993, dentro del presidio de Taubaté, en San Pablo, nació el Primer Comando Capital (PCC), en respuesta a una de las masacres más brutales de la historia penitenciaria, la Masacre de Carandiru, donde 111 presos fueron asesinados por la policía militar. El PCC surgió como una organización de autodefensa carcelaria pero muy pronto evolucionó hacia un esquema mafioso de alcance nacional.
Con el tiempo, y no sin sangrientos enfrentamientos que periódicamente suelen reproducirse, ambas organizaciones establecieron sendas esferas de influencia. El CV controla las rutas del norte brasileño, con epicentro en el Amazonas. El PCC domina el "corredor sur", que incluye Paraguay y busca penetrar en la Argentina.
El sistema penitenciario brasileño alberga más de 800.000 detenidos, la tercera población carcelaria más grande del mundo, sólo superada por Estados Unidos y China. Sin embargo, más de la mitad de esas prisiones son controladas por facciones criminales. En los pabellones las jerarquías del PCC o del CV aplican justicia y cobran impuestos a los reclusos.
El PCC es el paradigma de ese poder carcelario. Financia las defensas judiciales, garantiza la protección a las familias y regula las transacciones dentro y fuera de la prisión. A través de los denominados "debates" (asambleas internas), los líderes definen estrategias, sanciones y alianzas. Su estructura piramidal y su código de conducta lo transformaron en una corporación con reglas de gobierno más sólidas y estables que muchas instituciones públicas.
El CV, que tiene un modelo más fragmentado y violento, funciona con una lógica territorial fundada en el control visible de ciertas zonas urbanas y en la dominación a través del miedo. Sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o con bandas rivales son frecuentes y brutales, especialmente en Río de Janeiro, donde los choques armados en las favelas forman parte de la vida cotidiana.
El resultado de este fenómeno singular es un sistema penitenciario que conduce, reproduce, amplifica y exporta la criminalidad. En las cárceles, los líderes articulan las redes de narcotráfico que atraviesan las fronteras de la región y, pasando por África, llegan a Europa. Los presidios dejaron de ser un lugar de control estatal para erigirse en un centro de comando de la delincuencia.
Los establecimientos carcelarios son centros de extorsión, mercado de drogas y adiestramiento. El Estado persigue el delito en las calles, pero no destruye la organización que lo sustenta. El PCC desarrolló un sistema financiero interno con transferencias vía PIX (el servicio digital del Banco Central) y mantiene comunicaciones encriptadas entre sus líderes mediante aplicaciones controladas desde Paraguay.
El modelo evoca la experiencia del colombiano Pablo Escobar, aquel legendario jefe del cartel de Medellín, que en el marco de una inédita negociación con el gobierno del presidente César Gaviria accedió a alojarse en una prisión que previamente había ordenado construir, con características más propias de un hotel de lujo que de un presidio, desde donde siguió dirigiendo su organización.
El PCC y el CV ejercen una creciente influencia política. En los barrios donde el Estado no llega, las facciones imponen orden, administran justicia y distribuyen recursos, reemplazando a las autoridades formales. En épocas electorales su peso territorial se traduce en apoyo a candidatos locales. En Río de Janeiro muchos concejales fueron denunciados por sus vínculos con el CV. En San Pablo investigaciones federales revelaron la infiltración del PCC en organismos estatales y su participación encubierta en licitaciones públicas.
En 2023 un informe del Ministerio Público paulista reveló también la existencia de una vasta red clandestina de crédito derivada del lavado de dinero del narcotráfico.
El PCC, lejos de ser un actor clandestino, es una estructura del poder que organiza la vida donde el Estado está ausente. El poder político negocia la gobernabilidad territorial con la delincuencia donde no existe el imperio de la ley.
Brasil dejó de ser un país de tránsito y ahora es un actor clave en el tráfico internacional de drogas, con un papel relevante en la cadena de producción. Actualmente es uno de los mayores refinadores de cocaína del mundo, moviendo, sólo en esa actividad, 6.000 millones de dólares al año. "Floresta em Pó" (De bosque a polvo), una publicación editada por un consorcio de organizaciones no gubernamentales, identificó 550 laboratorios de refinado y procesamiento, lo que equivale a 32,4 veces más que el total reconocido oficialmente por los organismos de seguridad.
El CV se hizo fuerte en la llamada ruta del Solimoes". Este corredor fluvial para el tráfico de drogas conecta la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú con los puertos marítimos del norte brasileño. El CV utiliza también las vías fluviales hacia Surinam y Guyana, con lo que inauguró una nueva geografía del narcotráfico sudamericano.
Según David Marques, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, el CV controla 60 de los 62 municipios del estado de Amazonas, el más extenso de Brasil, con una superficie de 1.559.159 kilómetros cuadrados. Aiala Colares, investigador de la universidad estatal, señala que 40 localidades de Pará, el segundo estado en extensión, con una superficie de 1.245.871 km2 y capital en Belén, están dominadas por bandas criminales.
Mientras el CV se abastece principalmente con la materia prima provista por los carteles en la triple frontera que une a Brasil con Colombia y Perú, el PCC mantiene acuerdos con carteles bolivianos y paraguayos, que le proporcionan la mercadería que luego es refinada y enviada a Europa. El puerto de Santos es el segundo puerto exportador de cocaína del mundo.
Brasil, con sus más de 16.000 kilómetros de fronteras terrestres, se ha convertido en un "país bisagra" del narcotráfico sudamericano. Esa condición otorga mayor relevancia a lo sucedido en Rio de Janiero y a las elecciones presidenciales del año próximo, en las que Lula buscará su reelección y la derecha, sin la candidatura de Bolsonaro, enarbola la lucha contra el narcotráfico como su gran bandera unificadora.