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La audiencia en la causa contra el diputado nacional Emiliano Estrada se llevó a cabo ayer de manera virtual desde el Juzgado Federal de Salta. Participaron la jueza federal Mariela Giménez, el fiscal federal Carlos Amad y el abogado defensor de Estrada, Jorge Ovejero. El debate giró en torno a la competencia judicial y el fiscal Amad, ante la ausencia de Estada, pidió su desafuero, que se encuentra en análisis.
Estrada está señalado en una causa que investiga la posible comisión de delitos vinculados a presuntas órdenes ilegales en el uso de recursos estatales para difusión en redes sociales. La audiencia se dividió en dos partes: primero, el debate sobre qué tribunal es competente para juzgar el caso, y segundo, la imputación y pedido de desafuero.
El fiscal federal Carlos Amad fue el primero en tomar la palabra y explicó: "La causa se inicia el 14 de noviembre de 2024 en la Justicia provincial cuando se remitieron a la fiscalía especializada en Ciberdelitos mediante decreto, publicaciones en la red social TikTok, desde una noticia criminis realizada por funcionario público en ejercicio de sus funciones."
También cuestionó la actuación de la jueza provincial Claudia Puertas, quien ahora quiere retomar la investigación por la supuesta intimidación pública.
"Si tengo que tomar seriamente la declaración de incompetencia de la jueza Puertas, tengo que decir jurídicamente, hechándole mano al código civil, que es un acto inexistente porque no tenía materia para resolver. En qué cabeza cabe que un diputado nacional por una acción pueda ser juzgado en dos jurisdicciones totalmente diferentes: federal y provincial, imposible."
"Entiendo que se debe rechazar la inhibitoria del juzgado federal a cargo del doctor Casanello porque no corresponde… en la provincia Bustamante y Allemand han sido condenados, es decir, ahí ya está solucionada la cosa."
Por su parte, el abogado defensor de Estrada, Jorge Ovejero, coincidió en rechazar los planteos de competencia, pero argumentó que el lugar natural para juzgar a su defendido es la justicia federal de Salta. "No hay en las actuaciones producidas hasta la fecha, ni en el fuero federal de Salta ni en el de garantías provincial, ninguna prueba que indique que el hecho se haya cometido o consumado en las oficinas del Congreso de la Nación."
Además, cuestionó el avance de la investigación desde el Ministerio Público Fiscal federal:
"Me llama poderosamente la atención que desde la fiscalía del doctor Marijuán se le dé curso a una denuncia tan genérica e infundada… ya en 2023 el señor Estrada fue injustamente perseguido e imputado por el señor Marijuán por supuestamente haber tenido una sociedad offshore en Inglaterra, hecho por el cual fue sobreseído en menos de ocho meses con un sobreseimiento firme."
Ovejero también denunció que la defensa no fue notificada de la doble investigación que se realizaba desde abril en dos jurisdicciones, lo que a su juicio vulnera el derecho a la defensa:
"Esto que hizo la jueza Claudia Puertas es un atropello que tiene su origen en motivos que tienen más vinculación con situaciones de conveniencia relacionadas a lo político que a criterios objetivos."
Sobre la resolución de la jueza Puertas, dijo que la defensa presentó una apelación por considerarla "de nulidad absoluta e insubsanable" y afirmó que la decisión final sobre la competencia debe tomarla la Corte Suprema:
Trascendió que el tema lo tendrá que definir la Corte porque la jueza resolvió ayer dos cuestiones de competencia y trabó el conflicto negativo con el juez federal y la jueza provincial.
Respecto a la audiencia de formalización, la defensa solicitó que se suspenda hasta que se determine de forma definitiva el juez competente y el código procesal aplicable, y pidió que se justifique la incomparecencia de Estrada. Sin embargo, la jueza Giménez rechazó la suspensión y no consideró justificada la ausencia del diputado.
En ese contexto, el fiscal Amad pidió formalmente que se tramite el desafuero de Estrada ante el presidente de la Cámara de Diputados. Según su acusación, el diputado habría cometido abuso de autoridad y peculado de servicios al ordenar la confección de noticias falsas utilizando recursos estatales:
"Tenemos un diputado en ejercicio que actúa contra la ley de modo prohibido. Se impartieron directivas contrarias a la ley a quienes se desempeñaban en su área. Esas órdenes se ejecutaron y eso se ve reflejado en sus condenas. El señor Estrada lo hizo dentro de abuso de autoridad, peculado de trabajo y servicios, en concurso ideal."
El fiscal detalló además: "Por el sueldo del Estado hacían cosas ilegales, difundir noticias. El diputado empleó a estas personas y para su provecho les dio órdenes que quebrantaban la ley. Los hechos sugieren que hay abuso de autoridad y peculado de servicios en concurso ideal".
Oposición
Por su parte, la defensa se opuso a este pedido, argumentando que sin un juez natural definido, Estrada enfrenta un impedimento insalvable para ejercer su defensa, y cuestionó la base fáctica de la imputación, describiéndola como "genérica, vaga e imprecisa."
Finalmente, la jueza Giménez hizo lugar al pedido de desafuero pero concedió la apelación presentada por la defensa, por lo que habrá una próxima audiencia de impugnación ante la Cámara Federal de Salta para resolver sobre el desafuero.
En resumen, la audiencia dejó en evidencia la disputa por la competencia judicial del caso, mientras tanto, el pedido de desafuero por parte del fiscal fue admitido en primera instancia pero queda pendiente.