inicia sesión o regístrate.
Un fallo que trae alivio y que fue celebrado por el Gobierno nacional. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y dejó en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que disponía entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago en el juicio por la estatización de la petrolera.
La medida, informada ayer y difundida por el especialista Sebastián Maril, le permite al Estado sostener su apelación sin presentar garantías, ni siquiera con otros activos, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. La instancia se definirá el lunes 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales de medio término.
Preska había determinado el 30 de junio que el fallo por US$16.100 millones quedara cubierto con la entrega de la participación estatal en YPF. Además, la condena dictada en septiembre de 2023 devenga un interés diario superior a los US$ 2 millones, producto de una tasa anual del 5,24%. Ante ese escenario, la defensa argentina pidió a la Cámara mantener la suspensión de la transferencia de acciones, tras haber obtenido una cautelar temporaria a mediados de julio.
En su resolución, el tribunal del Segundo Circuito ordenó conceder las mociones de suspensión y dejó sin efecto, por ahora, las órdenes del tribunal de distrito del 30 de junio de 2025, mientras se tramitan las apelaciones. También autorizó la presentación de escritos como amicus curiae y, en particular, aceptó el del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respalda la postura argentina. Para la estrategia legal del país, ese aval constituye un hito que refuerza los argumentos sobre la improcedencia de ejecutar la entrega de acciones antes de dirimir la validez de la sentencia.
La Procuración del Tesoro celebró el pronunciamiento y destacó que la decisión garantiza que la República conserve la participación mayoritaria del Estado en YPF mientras avance la apelación. Subrayó, no obstante, que la medida se limita a la suspensión de la orden de entrega y no altera el trámite de la apelación de fondo contra la sentencia de septiembre de 2023, dictada tres meses antes del inicio de la actual gestión, que condena al país a pagar más de US$16.000 millones más intereses. Según estimaciones de los defensores del Estado, ese proceso podría resolverse recién a mediados de 2026.
En un comunicado, fuentes oficiales atribuyeron el litigio a décadas de intervencionismo y remarcaron que el Gobierno nacional ejerce su derecho a la defensa utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar los activos estratégicos y los intereses de los ciudadanos.
El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler analizó que la Cámara suspendió la entrega de acciones por el tiempo que demande evaluar si la orden de Preska es válida, y precisó que la Argentina deberá presentar su primer escrito sobre la cuestión el 25 de septiembre.
El caso YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, financista del juicio y habitual comprador de derechos de litigios, representa a Petersen Energía, Petersen Energía Inversora (sociedades que quebraron en España) y Eton Park.
El proceso no discute si la Argentina tenía derecho soberano a expropiar, sino el presunto incumplimiento de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) prevista en el estatuto de YPF cuando se adquiere más del 15% del capital. Esa cláusula, sostienen los demandantes, debía haberse activado en 2012 y su omisión generó el resarcimiento fijado por la justicia estadounidense.
Dos apelaciones por la petrolera
Actualmente, el Estado argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, la sentencia de primera instancia que obliga a pagar la indemnización a Burford Capital y Eton Park; por otro, el reciente pedido de la jueza Loretta Preska que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF.
En la primera causa, las partes ya presentaron sus escritos y la Cámara fijó una audiencia para la semana del 27 de octubre. Tras esa audiencia, estará en condiciones de resolver. En la segunda, la Cámara dispuso que la Argentina presente su primer escrito el 25 de septiembre. Los fondos demandantes podrán responder semanas después. Hasta esa fecha, la Corte de Apelaciones dispuso ayer que se mantenga suspendida la orden de entrega de las acciones.
En octubre de 2023, cuando la Argentina apeló el fallo que establecía la indemnización, no depositó ninguna garantía para evitar embargos. Preska dio tiempo extra al justificar que en diciembre asumía un nuevo gobierno. Sin embargo, más de un año y medio después, dijo que "la República aprovechó el tiempo, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal".