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Bajo la presión de una fuerte demanda ciudadana por una mayor eficacia y transparencia en la parte penal del servicio de justicia - que tiene entre sus déficits, cuando no la opacidad, directamente la certidumbre de injusticias flagrantes como, por ejemplo, entre sus grandes hitos, la impunidad en el caso de las turistas francesas- en una notable reacción, el Gobierno Provincial presenta su proyecto de juicios por jurados populares.
Es en principio saludable, para el llamado Estado de Derecho, por el hecho que importa el cumplimiento provinciano de una vieja manda constitucional. Que nuestra Constitución nacional previera como meta el juicio criminal por jurados, necesariamente oral y, por ende, público, sin materializarse nunca en la realidad, parecía ya del campo de las pretensiones constitucionales.
Ninguna duda cabe -y no cabe sobreabundar- acerca de la necesaria "participación de la ciudadanía en el servicio de Justicia" o "el cambio de paradigma" sino reflexionar si no importa, un poco, trasladar el peso del trabajo y la crisis de confianza de la gente en la Justicia sólo por restañar la crisis de "legitimidad" en muchas de sus decisiones.
Si se busca darle confianza a un sistema judicial seriamente "objetado en cuanto a su credibilidad", como dice el mensaje de remisión del Proyecto de Ley a las Cámaras Legislativas, el paso positivo es reconocerlo, aunque desde ya pensamos que resultará seguramente insuficiente, pues el sistema de justicia penal es en realidad un subsistema que alimenta la insatisfacción desde muchos lados, hoy notorios en la Provincia. Inseguridad, justicia por mano propia, violencia en todos los ámbitos, legajos sin impulsar, investigaciones deficientes, decisiones que no se cumplen, sistema penitenciario colapsado, corrupción en fuerzas de seguridad, corrupción política, todo contribuye al espeso caldo de esa falta de credibilidad.
La institución del Juicio por Jurados, que no está exenta de críticas y halagos (respecto de estos últimos, que mejora la ciudadanía, que hace ciudadanos más comprometidos; respecto de aquella, que es costoso, lento, complicado y con cuestiones técnicas que, de ordinario, exceden a las capacidades de los jurados populares) con la sanción del proyecto de ley, atravesará su prueba de fuego y asumirá su modalidad provinciana, al calor de sensibilidades, prejuicios, preparación y compromiso.
¿Contribuirá realmente al enorme desafío de afianzar la Justicia, con base en su gran publicidad, que derive en una mayor aceptación de decisiones judiciales por parte de la ciudadanía y en una menor crítica a jueces y fiscales?
Lo veremos sobre la marcha, al fragor de la habitual importación de instituciones, adaptación al medio y el también usual recurso de aplicar soluciones parciales a problemas más graves y grandes, hoy desenfocados como se observa sólo al pensar en algunos graves acontecimientos: justicia por mano propia, narcotráfico e inseguridad ciudadana.