En Ecuador la historia tiende a repetirse, pero cada vez más rápidamente. El próximo 9 de febrero tendrá lugar la primera vuelta de una elección presidencial en la que volverán a competir el actual primer mandatario, Daniel Noboa, con Luisa González, candidata del Partido de Acción Ciudadana (PAC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, condenado judicialmente por corrupción y actualmente exiliado en Bélgica. Sin embargo, y tal como sucedió en la anterior contienda de 2023, esa instancia será la versión preliminar de una disputa que recién se dirimirá en el balotaje previsto para el 13 de abril. Ninguno de los otros catorce candidatos tienen ninguna chance de triunfo pero la sumatoria de sus votos impiden que Noboa o González cosechen el 50% de los sufragios necesario para ganar en la primera vuelta.
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En Ecuador la historia tiende a repetirse, pero cada vez más rápidamente. El próximo 9 de febrero tendrá lugar la primera vuelta de una elección presidencial en la que volverán a competir el actual primer mandatario, Daniel Noboa, con Luisa González, candidata del Partido de Acción Ciudadana (PAC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, condenado judicialmente por corrupción y actualmente exiliado en Bélgica. Sin embargo, y tal como sucedió en la anterior contienda de 2023, esa instancia será la versión preliminar de una disputa que recién se dirimirá en el balotaje previsto para el 13 de abril. Ninguno de los otros catorce candidatos tienen ninguna chance de triunfo pero la sumatoria de sus votos impiden que Noboa o González cosechen el 50% de los sufragios necesario para ganar en la primera vuelta.
En la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales de 2023 González obtuvo el 33% de los votos y Noboa el 23,4%, pero el juego de alianzas y el impulso de una oleada "anti-correísta" determinaron que en la segunda vuelta Noboa, con el 52% de los sufragios, derrotara a González con el 48 %. Curiosamente, ese escenario pareció calcado del que había signado la anterior elección presidencial de 2021, cuando el entonces candidato de Correa, Andrés Arauz, ganó ampliamente en la primera vuelta, con el 32,7% de los sufragios, pero fue vencido en el balotaje por el empresario centro-derechista Guillermo Lasso, que había cosechado en la primera vuelta un módico 19,7% pero trepó al 52% en el balotaje contra el 48% de su rival.
Ese resultado anunciaba un obscuro vaticinio. Como la distribución de la bancas en el Congreso se define en la primera vuelta electoral, Lasso asumió en absoluta minoría parlamentaria y dos años más tarde, en mayo de 2023, tuvo que apelar al mecanismo constitucional de la "muerte cruzada", que habilita al primer mandatario a presentar su renuncia y simultáneamente disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones para elegir un presidente que completara los 19 meses que restaban de su mandato constitucional.
Ese riesgo volvió a asomarse en el horizonte. Los resultados de la primera ronda anticipaban que el gobierno de Noboa lidiaría con un Congreso extremadamente fragmentado, donde la principal bancada pertenecía a Revolución Ciudadana, cuyos legisladores impulsaban una encarnizada oposición, y que por lo tanto estaría obligado buscar acuerdos con los bloques de las distintas fuerzas minoritarias.
Noboa, que apenas disponía de 25 parlamentarios entre 137, después de un breve y fallido ensayo conciliatorio, estableció una alianza con el arco "anticorreista" para garantizar la gobernabilidad y conseguir el respaldo legislativo necesario para aprobar un paquete de medidas económicas impopulares, en línea con la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI para la refinanciación de las deudas contraídas con ese organismo.
La guerra al narcotráfico
Pero el punto de inflexión del gobierno de Noboa ocurrió en enero de este año, dos meses después de haber asumido, cuando declaró la existencia de un "conflicto armado interno" desencadenado por el narcotráfico y ordenó a las Fuerzas Armadas asumir un protagonismo central en el restablecimiento de la seguridad interior, alterada por la acción de las pandillas de delincuentes asociadas al crimen transnacional.
La agenda pública de Ecuador está cada vez más asociada con el desafío del narcotráfico. Durante las últimas décadas, Ecuador estuvo entre los dos mayores productores mundiales de cocaína: Colombia y Perú. Por esa razón, el país fue siempre un lugar de paso o puerto de salida de esa mercancía, pero no estaba involucrado en los procesos de refinamiento, almacenamiento y distribución.
Esa condición empezó a cambiar muy rápidamente desde 2016, cuando el proceso de paz en Colombia generó una mudanza del negocio hacia el sur, organizada por facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esa modificación en el escenario regional promovió un salto cualitativo de las hasta entonces pequeñas bandas ecuatorianas, que establecieron asociaciones con cárteles mexicanos, en especial con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Como sucedió en Colombia y en Brasil, los establecimientos penitenciarios se transformaron en centros de coordinación de las bandas delictivas.
La agencia europea contra las drogas consignó que Ecuador había reemplazado a Colombia como principal vía de exportación de la cocaína latinoamericana al viejo continente. Previamente, en 2009, Correa resolvió no renovar el contrato de arrendamiento para la base estadounidense en la ciudad portuaria de Mantra, utilizada para el vuelo de aviones dedicados a la intercepción de cargamentos de estupefacientes y rompió relaciones con la DEA.
La sombra de Correa
Originariamente, González era una figura escasamente conocida por la opinión pública que fue escogida por Correa en detrimento de otros dirigentes más relevantes de su propio partido. El ex presidente había tenido una experiencia traumática cuando en 2017 eligió como candidato a sucederlo a Lenin Moreno, quien ganó las elecciones pero durante su mandato protagonizó una escandalosa ruptura con su mentor.
Si bien Noboa era un advenedizo en las lides políticas, era una figura con alcurnia empresaria. Es hijo de Álvaro Noboa, un magnate que se postuló cinco veces sin éxito como candidato presidencial. El clan Noboa es propietario de un poderoso conglomerado multinacional que controla 128 empresas con filiales en cincuenta países.
Si algo faltaba para resaltar la presencia de Correa en el escenario, baste señalar que Álvaro Noboa fue precisamente el candidato derrotado por el ex mandatario en la elección de 2007, que lo encumbró por primera vez en la presidencia, para la que fue reelecto en 2012.
A pesar de la distancia, Correa no perdió el control de su partido y logró mantenerse como un personaje de la izquierda latinoamericana, a través de su activa participación en el Grupo Puebla. Ese posicionamiento le permitió ubicarse junto a Cristina Kirchner y a
Lula como una víctima más del "lawfare", esa imaginaria conspiración que estaría pergeñada por los medios periodísticos, los grandes grupos económicos y el Poder Judicial para encarcelar a los líderes populares latinoamericanos.
¿Crisis institucional?
Si la lucha contra el narcotráfico es compartida como bandera de lucha por Noboa y por González, existe entre ambos un consenso subterráneo mucho más significativo. Ninguno de los dos candidatos cuestiona el modelo de dolarización impuesto en Ecuador por el presidente Jamil Mahuad en 2000 y mantenido durante los últimos veintitrés años, incluso durante la década "correísta".
Pero la orfandad legislativa del gobierno volvió a exteriorizarse con el insólito enfrentamiento con la vicepresidenta Verónica Abad, a la que apenas asumido en el cargo Noboa envió como "embajadora de la paz" a Israel para mantenerla al margen de la actividad gubernamental. El escándalo estalló cuando Abad decidió retornar al país y Noboa dictó un decreto para "suspenderla" por cinco meses por "abandono de funciones" y nombrar como reemplazante interina a Sariha Moya, en un acto que fue desconocido por el Parlamento, que la repuso en el cargo.
La gravedad de esta inédita crisis institucional aumenta porque la constitución ecuatoriana establece que, por su condición de candidato presidencial, Noboa está obligado a tomar licencia en sus funciones treinta días antes de la elección del 9 de febrero y la vicepresidenta en ejercicio tendría que ocupar su lugar. Todo indica que las Fuerzas Armadas tendrán un papel decisivo en la resolución de esa crisis.
Con independencia del desenlace de esa controversia, Noboa se propone imitar a su colega salvadoreño Nayib Bukele, quien consiguió su reelección por el apoyo popular que concitó su lucha contra las pandillas criminales, y González apunta a repetir una constante de las elecciones presidenciales sudamericanas en los últimos años, cuya última manifestación se registró semanas atrás en Uruguay, signadas por la retroceso de los oficialismos y el triunfo de candidatos opositores.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico