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Si los agentes económicos sospechan que, por resistencias sociales, políticas o judiciales, el equilibrio fiscal logrado hasta ahora no perdurará, los beneficios se evaporarán y el esfuerzo colectivo se habrá desaprovechado.
Se prevé que la inflación de abril llegue a un dígito. El Gobierno tiene motivos para celebrar que se profundiza la reducción en el ritmo de crecimiento de los precios. Esto es el resultado de un ajuste fiscal riguroso, que ha generado un superávit financiero cada mes del año, y una política de tipo de cambio controlado que ajusta la moneda en un 2% mensual. La contrapartida es un notable descenso en la actividad económica, liderado por una licuación de salarios y jubilaciones a niveles inferiores a los de la crisis del 2002.
Mientras tanto, se mantiene el cepo y se sigue postergando la instrumentación de un nuevo régimen monetario. Para muchos, se tocó piso y lo que viene es la recuperación. Son interrogantes que no tienen respuestas sencillas.
El superávit fiscal se viene logrando gracias a un ajuste fiscal tradicional y rudimentario que se distingue, respecto a experiencias pasadas, en su profundidad. Nunca un gobierno encaró la necesidad de no emitir para financiar el déficit fiscal con tanta convicción. Para ello, por el lado de los ingresos, se está apelando a cerrar el déficit subiendo impuestos muy distorsivos, como por ejemplo, el impuesto País. Por el lado de los gastos, se está apelando a mucha licuación y algo de motosierra. La peor parte la llevan los jubilados que, con la licuación de sus haberes, aportan casi el 40% del total de la reducción del gasto público.
Por varios motivos, un ajuste de este tipo es cuestionable. Por un lado, porque se podría haber logrado con menos costo para sectores vulnerables. Por el otro, porque es insostenible en el tiempo.
Para erradicar la inflación y crear un entorno propicio para la inversión y el empleo de calidad no solo es imprescindible equilibrar las cuentas públicas, sino también demostrar que el equilibrio fiscal puede mantenerse a largo plazo. Las experiencias previas muestran que el ajuste termina en un esfuerzo colectivo desaprovechado. Esto es lo que define la recuperación.
En el verano fracasó el primer intento de lograr que el Congreso aprobara el proyecto de "ley bases".
Con estos antecedentes, la semana anterior, la Cámara de Diputados haya dado media sanción a la "ley bases" y al paquete de normas tributarias es un hecho de extrema importancia. Más allá del contenido de estas leyes, su principal impacto es que sugieren que el Gobierno aprendió la lección. Fue capaz de desplegar la pericia política para lograr la sanción. Avanzar en el Senado no es fácil, pero es un dato positivo que se haya salido del pantano.
El paso siguiente es concretar la convocatoria del presidente a firmar el "pacto del 25 de mayo" en Córdoba. Si logra un aval político amplio (no necesariamente unánime), es una oportunidad inédita para abordar las transformaciones que necesita el país. Las más importantes, un ordenamiento integral del sector público que incluya, entre otras medidas, la simplificación y la unificación de los impuestos, la eliminación de la coparticipación para que cada provincia y municipio se autofinancie con sus propios recursos, y un reordenamiento de las funciones para evitar superposiciones entre los tres niveles de gobierno en los servicios que brindan a la ciudadanía.
Si hay convicción política e idoneidad técnica para llevar a la práctica las líneas de acción que se plantean en el pacto, la recuperación de la Argentina será rápida. Si por el contrario prevalece una actitud conservadora y refractaria, será una nueva oportunidad perdida y el enorme esfuerzo que actualmente soporta gran parte de la sociedad será desperdiciado. (Fragmento)