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Nicolás Maduro está llevando a cabo lo que era de esperar desde el día que anunció que, si ganaba la oposición, iba a correr sangre en Venezuela. Nadie duda de que Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia ganaron y, por eso, ahora los quiere meter presos. Y es por eso también que corre sangre en Venezuela, donde la reacción de los barrios humildes, antigua fortaleza del chavismo, está siendo reprimida con el mismo modelo que inspiró a las dictaduras latinoamericanas desde 1948, tras el Bogotazo, la insurrección colombiana que se desencadenó tras el asesinato de Eliecer Gaitan.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y la elite que los sostiene no pueden correr el riesgo de ceder el poder, porque irían presos, acusados de graves delitos de lesa humanidad. Y de vínculos con el crimen organizado.
Este año se produjo un episodio que muestra la violencia del régimen: el exteniente venezolano Ronald Ojeda, opositor al régimen de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde 2018, fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver, hallado 10 días después dentro de una valija, enterrado bajo cemento.
El gobierno chileno descartó que se tratara de un delito mafioso o un ajuste de cuentas y sostuvo que el crimen "se organizó y se solicitó desde Venezuela". Ojeda jamás apareció involucrado en actividades criminales. El crimen se parece mucho más a las "limpiezas" que se le imputan a Vladimir Putin, o a los crímenes que se atribuyen a la teocracia iraní. Ambos, puntales internacionales del régimen de Maduro. Esto generó una controversia con el gobierno chileno de Gabriel Boric, uno de los más firmes cuestionadores del fraude electoral del domingo. Y allí, surgió la discusión acerca de la eventual participación del Tren de Aragua, una banda criminal surgida en la Venezuela chavista y que ha extendido su violencia en el país trasandino. Al igual que otros clanes de su tipo, este nació en una cárcel, el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.
El fiscal chileno cree que actuaron comandos profesionales enviados por el chavismo. En la discusión mediática, el canciller venezolano, Yván Gil, lo negó, pero de todos modos aseguró que "el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de instalar una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los Soles". Los Soles es una denominación genérica que hace referencia a la colusión entre el narcotráfico y el poder que el sector militar logró durante el chavismo.
Según expertos internacionales, este tipo de bandas crecieron con la política de ceder control de prisiones a líderes criminales, lo que ha les ha brindado impunidad bajo el régimen de Nicolás Maduro. Esa banda conserva influencia en al menos cinco estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico y Lara. Los expertos venezolanos María del Mar Chaustre Virgüez y Víctor Mijares destacan la pérdida de control territorial a manos de bandas criminales y guerrillas residuales dedicadas al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión y al asesinato. El colombiano Ejército Popular de Liberación (EPL) opera en 12 de los 24 estados venezolanos, es decir la mitad del territorio. El Arco Minero del Orinoco ha sido tomado por la minería ilegal desde el año 2000, por la retirada de las empresas extractivas.
El ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, sostiene en un artículo reproducido por Infobae que "el país se ha transformado en mucho más que una guarida para el ELN. Venezuela es una especie de santuario para este grupo, donde ya no solo se trata de una tierra fértil para sus actividades de narcotráfico y contrabando de minerales, sino que en muchos espacios del país el ELN hace las veces de Estado, controlando pasos fronterizos, entregando cajas de alimentación de un programa estatal, manejando emisoras de radio y cobrando "impuestos" a comerciantes locales. Es decir, el ELN es un segundo Estado en el país que, a fuerza de violencia y terrorismo, ha desplazado a la representación legítima, consolidando su poder de fuego desde Venezuela". Detrás del espectáculo doloroso que hoy ofrece el país caribeño, es fundamental medir la profundidad de una crisis. En todo América latina, la pérdida de control territorial por parte del Estado de va convirtiendo en un fenómeno social y político de riesgo creciente.
Esta región, donde vive el 8% de la población mundial se producen el 33% de los homicidios en todo el planeta. "En su inmensa mayoría, las muertes son atribuibles al crimen organizado, que saca provecho de Estados relativamente débiles, democracias imperfectas, instituciones corruptas y economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza", estima Pablo Uribe Ruan, en una publicación del Real Instituto Elcano.
Esta impunidad criminal, vinculada al poder político, judicial y financiero, es un fenómeno que ocurre desde México hasta Tierra del Fuego, y muestra la fragilidad institucional creciente de un subcontinente donde la democracia y la calidad de vida de los pueblos vienen, juntas, en caída libre. Venezuela, en su brutal autoritarismo, es un espejo en el que Latinoamérica debe mirarse con atención.