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A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de cientos de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en localidades de Anta.
El pasado 24 de septiembre se realizaron 17 allanamientos en clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales de El Quebrachal, Joaquín V. González, Talavera y la capital salteña.
A partir de las testimoniales, cruces de información de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Anses, tareas de inteligencia desarrolladas por fuerzas federales y los elementos secuestrados en esos allanamientos, 22 personas quedaron a un paso de ser imputadas por asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumentos públicos y una billonaria defraudación a las arcas nacionales.
Los cargos penales recaerían contra médicos, bioquímicos, funcionarios municipales, agentes públicos y actores políticos que intervinieron en el armado de expedientes con certificaciones falseadas. Por el momento se habla de al menos 10.000 pensiones adulteradas, aunque están bajo la lupa más de 22.000 beneficios. Al análisis integral de elementos incautados (computadoras, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, documentación y $8 millones en efectivo) se suman registros que vinculan a gestores, médicos y referentes políticos de la región en la trama ilícita.
Ante un requerimiento del fiscal Amad, ayer la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró al caso como "complejo". En esa audiencia, la magistrada rechazó planteos de la defensa dos personas investigadas, que pedían tener acceso al legajo de investigación. El artículo 230 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) establece que la defensa recién puede acceder a su contenido una vez que se formalice la investigación penal.
Sobre este aspecto, el fiscal y la jueza coincidieron y explicaron que el rechazo se basa en jurisprudencia ya sentada por ambas salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que estableció la imposibilidad de superar el límite determinado por dicha norma, aunque sí validó el pedido de información en cuanto al hecho y las personas investigadas (artículo 233 del CPPF).
Al respecto, el fiscal sostuvo que cumplió con dicho requerimiento, pues "las 22 personas investigadas fueron notificadas de las actuaciones que se llevan adelante". Además, recordó que se realizaron 17 allanamientos y que se secuestraron $8 millones, numerosa evidencia documental y dispositivos electrónicos sobre los que se está llevando adelante una labor pericial.
La investigación
En un repaso del derrotero de las pesquisas, Amad señaló que las actuaciones de orden preliminar se iniciaron en mayo de 2024, luego de advertirse maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad, las que tenían un gran parecido con las irregularidades que el fiscal empezó a investigar en Taco Pozo en febrero del 2023. Entonces, como fiscal subrogante en la jurisdicción chaqueña de Roque Sáenz Peña, Amad impulsó la sonada causa penal que desde el 10 de octubre de 2024 tiene un pedido de procesamiento de 14 imputados, entre los que resaltan funcionarios públicos, médicos, gestores, autoridades hospitalarias y el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez.
Con estos antecedentes, el fiscal detectó un similar modus operandi en Joaquín V. González, con la participación de un médico, cuyo nombre también aparece en la avanzada causa de Taco Pozo.