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El dos de octubre, en horas de la tarde, en un acto oficial que se hizo en un salón de la unidad carcelaria federal de Ezeiza, el presidente Javier Milei presentó el Proyecto de Ley de reformas integrales al Código Penal de la Nación. Anunció su envío al Congreso de la Nación. A su lado, estuvo su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Dicho proyecto fue elaborado por una comisión especial, que trabajó en el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Todos ellos confían que, por primera vez, el Código Penal de la Nación sancionado en el año 1921 y puesto en vigencia al año siguiente, sea modificado en su totalidad por otro, al que consideran más moderno y adaptado a las actuales condiciones de nuestro país.
Se triplican los artículos
El Código Penal, al igual que la mayoría de los occidentales del mundo, tiene dos grandes partes muy conocidas y así llamadas. Hay una parte general, que establece los principios aplicables a todos los delitos; y una parte especial, en la que están todos éstos.
El Proyecto que nos ocupa introduce grandes cambios a la parte general y a la parte especial, con un agregado particular, porque extiende los contenidos de la última, incluyendo en ella otros delitos hasta ahora previstos y reprimidos en leyes especiales. En este último cambio está el principal motivo para que un Código que hasta ahora tiene trescientos diez (310) artículos, pueda llegar a los novecientos veinte (920).
Por ahora, el texto presentado no contiene una cláusula de reducción de la edad de imputabilidad de los menores. No hace mucho, el Poder Ejecutivo envió al Congreso otro Proyecto sobre ese tema, en cuyos artículos 1 y 2 se propone reducir la actual edad, que es de 16 años, a los 13 como punto de partida y a los 14, con dictamen pericial referido a la madurez mental.
La regulación de las penas es una de las materias propias de la parte general. También lo son sus consecuencias, como por ejemplo la libertad condicional para los delitos reprimidos con la privación de libertad. Ya tenía algunas restricciones, sucesivamente agregadas al centenario texto, que el Proyecto intensifica todavía más. Por ejemplo, para los reincidentes y para los condenados por delitos graves.
Otro de los principios es el ejercicio de las acciones penales y su extinción, entre las cuales está la prescripción. Hasta ahora, eran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. El Proyecto extiende esa limitación a varios delitos, no sólo a los homicidios, sino a otros, como abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico.
La línea política de la parte especial se manifiesta en el incremento de mínimos y máximos de las escalas penales previstas hasta ahora en el Código Penal vigente. Hay referencias puntuales a ciertas modalidades delictivas: el robo de celulares, las "entraderas", las estafas piramidales, las salideras bancarias y los delitos viales.
Poniendo énfasis en la corrupción, se incrementan penas a funcionarios; se incorpora el soborno entre privados. Era previsible que el Proyecto cree nuevas figuras delictivas, o ratifique otras de nuestra intensa modernidad: "stealthing", "pornovenganza", "secuestro virtual", "violencia organizada" y "cueldad animal".
Se incluirán delitos informáticos, con inteligencia artificial; la creación de imágenes falsas de contenido sexual con esa herramienta; el fraude digital y los ciberataques complejos. Los delitos ambientales incluirán penas severas para las conductas que dañen la biodiversidad, la minería ilegal o los bosques nativos.
En línea con el protocolo anti piquete (sic), el Proyecto se ocupa de las manifestaciones, eleva el castigo a quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones públicas y a quienes arrojen objetos contundentes durante las protestas sociales. Habrá agravantes si se agreden a las fuerzas de seguridad.
Habrá penas más graves para quienes fomenten la comisión de delitos en el deporte o en eventos masivos. Hasta aquí lo que se conoce del Proyecto. Por ahora, no se informó si viene precedido de un mensaje del Poder Ejecutivo, que es un instrumento de suma utilidad para conocer los fundamentos de la nueva ley, expuestas por quien la creó y que pretende que sea aprobada por el Honorable Congreso, el único que puede reformar el Código Penal.
La cárcel, un símbolo oscuro
El presidente de la Nación hace política todo el tiempo o más bien, toma decisiones políticas. En el tema que nos ocupa, fue una decisión política elegir una cárcel para presentar un nuevo Código Penal. Bien podría haber sido el Salón Blanco de la Casa Rosada; un aula magna de una universidad, entre otros sitios afines.
No fue sólo por esa frase icónica de este gobierno: el que las hace las paga. Intentó dar más precisiones, porque cuando se decide presentar una ley penal que regiría en todo el país en una cárcel, el mensaje es claro: más que prevenir, nos interesa reprimir a quienes cometan delitos. Es decir, más o menos lo que se viene haciendo todos los días desde el año 1922, con mayor o menor eficacia, eso sí. Hay algo más sobre esto y es que la cárcel es el final del camino de la prevención, como amenaza previa a la comisión de delitos.
En ese lugar y en todo otro semejante, la prevención general no surtió efecto sobre el delincuente. Se dirá que este Proyecto se ocupa de la víctima y eso tampoco es una novedad legislativa. En los hechos, en las provincias es una regla el procedimiento acusatorio, que le ha dado a las víctimas un papel del que carecían antes. Les ha reconocido derechos en todos los procesos y se ha ocupado incluso de asignarles defensores públicos, como sucede en la justicia federal.
Un texto tan extenso debería llevar un tiempo razonable de trámite parlamentario. De nuevo: como todo es política, se verá. En gran parte, dependerá del resultado de las elecciones de medio término. Hoy está difícil.
Desde el vamos, a este proyecto le falta la base de Política Criminal, que es la que traza las grandes líneas de las políticas públicas para prevenir el delito y si esto fracasa, para sancionarlo con penas racionales y proporcionales a cada conducta prevista como tal. No hubo ni hay planes orgánicos de esa materia en el país -virtualmente, compromete a todo un gobierno-. Hay medidas como la que hoy nos ocupa, pero son aisladas.
Nadie se hizo cargo de decir si este proyecto de nuevo Código Penal sigue formando parte del Derecho Penal liberal, del cual el viejo Código aún vigente fue uno de los mejores de su tiempo. Asoma una duda debido a esa preocupación por restringir derechos de los imputados, por agravar penas, por crear nuevas circunstancias agravantes de los delitos; en definitiva, por aumentar las modalidades delictivas, en desmedro de las libertades públicas.
En otro contexto, estaría bueno discutir a fondo este proyecto, artículo por artículo, tal como sucediera no hace mucho con el Código Civil y Comercial. El poder represivo del Estado es demasiado grande para dejarlo sólo en manos de los penalistas.
Pasa que fue presentado en plena campaña electoral, con datos que ya se conocían desde hace tiempo: la existencia de numerosas vacantes en la justicia federal y nacional; la preocupación por no poder articular lo necesario para mejorar la ponderación social de la Justicia, llamada a aplicar el nuevo Código; la genuina aflicción que inspiran las cárceles superpobladas y que las comisarías custodien detenidos, por citar sólo lo más relacionado con esta iniciativa presidencial.
Si la única verdad es la realidad, lo que nuestro sistema penal puede hacer hoy, es optimizar los recursos insuficientes que tiene para prevenir el delito -la seguridad es muy costosa-; reprimirlo apenas se comete; individualizar y poner bajo custodia a los responsables. Dicho de otra forma, hoy por hoy la imagen pura y dura para proyectar a quien delinque, es que sepa que enfrente habrá quienes se le opongan con eficacia y con resultados. Obviamente, con profesionalismo y honestidad.