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Otra vez la política vuelve a tomar distancia de las preocupaciones reales de la gente. El Senado provincial pretende debatir la posibilidad de reformar la Constitución provincial para eliminar los fueros legislativos. Es una propuesta que, más allá de su aparente intención moralizadora, merece una mirada crítica y un llamado al sentido cívico y común.
El proyecto del senador Esteban D'Andrea busca suprimir la inmunidad de arresto y de proceso de los legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. Pero detrás de ese planteo hay una discusión de fondo mucho más compleja, que no puede despacharse con consignas fáciles.
En la Argentina, y en Salta, los fueros no son un capricho de la política, sino una garantía institucional para el funcionamiento del sistema republicano. No se trata de impunidad, sino de independencia de poderes. La inmunidad de opinión protege al legislador para que pueda expresarse libremente sin temor a represalias judiciales. Si eliminamos indiscriminadamente esas protecciones, abrimos la puerta a un riesgo aún mayor: que un juez, un fiscal o incluso una causa mal instruida puedan condicionar el trabajo de quienes fueron elegidos por el voto popular.
"Los fueros no son sinónimo de impunidad, sino una garantía de inmunidad de opinión".
Y ese punto es crucial. Hoy la Justicia atraviesa una profunda crisis de confianza. Los ciudadanos perciben lentitud, discrecionalidad y, en algunos casos, arbitrariedad. En ese contexto, avanzar con una reforma que deje expuestos a los legisladores ante un eventual uso político del sistema judicial sería, como mínimo, temerario.
La Constitución Provincial es la base del contrato social salteño. No puede ser reformada cada vez que un dirigente busca enviar un mensaje o mejorar su imagen ante la opinión pública. Las constituciones no se actualizan por impulso ni por oportunidad: se revisan cuando hay un consenso profundo y una necesidad institucional clara.
En 2021, Salta ya atravesó una reforma constitucional. ¿Cuánto tiempo debe pasar para volver a modificar la Carta Magna? ¿Vamos a seguir abriendo el texto cada vez que alguien considere que hay que "dar una señal"? Ese camino erosiona la estabilidad institucional y trivializa el valor de nuestra ley fundamental. Y no es menor que los convencionales constituyentes, como en la anterior reforma, ni siquiera dejan cláusulas transitorias, para dar claridad sobre la vigencia para los mandatos.
"La Constitución no puede reformarse cada vez que se busque un mensaje político".
Por supuesto que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares del sistema democrático. Pero no se fortalecen eliminando garantías, sino asegurando que las instituciones funcionen. Lo urgente hoy es mejorar la Justicia, acortar los tiempos procesales, garantizar el debido proceso y profesionalizar los mecanismos de control. No crear nuevas debilidades en nombre de la igualdad formal.
En definitiva, discutir los fueros puede ser legítimo. Pero hacerlo sin un análisis serio. Una lección de Cívica del secundario es que vivimos en un sistema de representación, y esa representatividad hace diferentes a los que son electos en elecciones libres.