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La Argentina atraviesa un momento de sinceramiento con la realidad. El punto de partida para ese obligado entendimiento es una adecuada comprensión de su posicionamiento en un contexto mundial signado por el liderazgo militar y tecnológico de Estados Unidos en una economía global cada vez más integrada e interdependiente.
A tal fin, corresponde atender dos cuestiones: la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones. La primera constatación es que la tasa de inversión de la Argentina es incompatible con cualquier perspectiva de crecimiento sustentable en términos de mediano y largo plazo. La prioridad estratégica de cualquier programa económico realista es la necesidad de inducir un aumento de la inversión productiva. Ese objetivo requiere la restauración de la confianza interna y externa, golpeada por antecedentes que no sólo retraen las inversiones extranjeras, sino que hace que los argentinos tengamos ahorrados fuera de nuestro sistema financiero, sea en depósitos bancarios, propiedades en el exterior o en el famoso "colchón", más de 400.000 millones de dólares, una cifra mucho más que suficiente para un despegue económico de envergadura.
La inversión extranjera directa radicada en la Argentina asciende a 175.000 millones de dólares, o sea menos de la mitad del volumen de la cifra que los argentinos conservamos fuera del sistema financiero local y equivale al 14% del producto bruto interno. Para captar el significado de ese número conviene precisar que hace veinticinco años, al finalizar la década del 90, ese porcentaje era del 29%, o sea que se redujo a la mitad en lo que va de este siglo. En Brasil el stock de inversión extranjera directa es de 900.000 millones de dólares, en México a 720.000, en Colombia y Chile a 220.000. Esa cifra equivale en Chile al 81% del producto bruto interno, en Colombia al 64%, en Colombia al 49% en México, al 44% en Perú y Uruguay y al 41% en Brasil, que es una de las economías más aislada de la región. El promedio latino- americano es del 40%.
Este descenso de la participación de la Argentina en el mercado mundial de capitales está unido a una correlativa disminución de su participación en el comercio global. Esa reducción es la raíz estructural de la falta de divisas que provocó las crisis de estrangulamiento en la balanza de pagos, causantes de la hiperinflación de 1989 y la debacle de 2001.
Esa baja participación de las exportaciones en el conjunto de la economía constituye el mayor obstáculo para la acumulación de reservas en el Banco Central, que actualmente son negativas por 16.000 millones de dólares, una cifra aún superior al último mes del gobierno de Alberto Fernández y que impide la total eliminación del cepo cambiario, otro serio condicionante que traba la inversión productiva.
Esta diferencia de 9.000 millones de dólares entre el actual nivel de reservas y la meta comprometida con el FMI es la causa de las dificultades para lograr una reducción del riesgo país necesaria para facilitar el retorno al mercado de crédito internacional. Esa falencia explica las dificultades que surgieron en la negociación para conseguir un préstamo especial de 20.000 millones de dólares de un consorcio de bancos liderado por JP Morgan.
En 2024 la Argentina exportó por valor de 97.000 millones de dólares y obtuvo un superávit de 13.500 millones de dólares. En comparación con el comienzo de este siglo esta cifra representó un aumento del 210%. En ese lapso las exportaciones de Perú crecieron un 851%, de Brasil un 488%, de Chile un 372% y de Colombia un 320%. El promedio latinoamericano creció 295%.
Las exportaciones argentinas ascienden al 15% del producto bruto interno, una cifra internacionalmente muy baja. En Paraguay equivalen al 37%, en México un 36,4%, en Chile un 33,6%, en Uruguay un 23%. En el promedio latinoamericano las exportaciones equivalen al 25% del producto regional. En un plano más amplio, la participación argentina en las exportaciones globales es del 0,3% contra un 0,5% del 2.000. Brasil, con una economía de mucho mayor tamaño, tiene una participación similar pero esa semejanza, más que un laurel, indica el grado de aislamiento del MERCOSUR.
En este enfoque comparativo corresponde incorporar como un factor relevante el crédito privado, que constituye un motor de la inversión productiva y del consumo. En los últimos dos años el volumen del crédito privado ascendió desde el 5,2% hasta el 12% del producto bruto interno, un aumento importante que lo devuelve al mismo y mínimo porcentaje del 2023. En Chile esa participación del crédito privado en el producto bruto interno es del 103%, en Brasil del 76%, en Paraguay del 57%, en Ecuador del 56%, en Colombia del 40% y en Uruguay del 31%.
En la década del 90 la Argentina había alcanzado un porcentaje del 24%, o sea el doble del actual. Antes y después de esa década los bancos basaron sus ganancias en la financiación del déficit fiscal, cuya supresión los obliga a encarar un profundo replanteo. Aunque jamás haya sido reconocido por sus beneficiarios, ese desequilibrio fue durante años el negocio de la "Patria Financiera". Lo mismo ocurría con las empresas de la "Patria Contratista", que lucraban con los sobreprecios en los contratos con el Estado, puestos hoy en evidencia en el trámite de la "Causa Cuadernos".
Este conjunto de índices (tasa de ahorro interno, inversión extranjera directa y volumen de exportaciones) permite medir con precisión el nivel de competitividad internacional de una economía y sus posibilidades de inserción en un escenario global donde el aislamiento externo es sinónimo de atraso productivo. Pero la cuestión de la competitividad internacional, que es un punto central del debate político en la Argentina, requiere una precisión. En un mundo económicamente cada vez más integrado, la competencia no se libra sólo entre las empresas. Compiten también, y principalmente, los países, es decir sistemas integrales de organización y de decisión.
En esa competencia sistémica entre estados juega un lugar decisivo la calidad de los bienes públicos, desde la salud pública y la educación de la fuerza laboral hasta la eficacia del sistema judicial y la infraestructura de transportes y comunicaciones, un amplio campo que tiende a extenderse ahora al despliegue de la inteligencia artificial, que es la llave del futuro.
Ese requerimiento ineludible responde a la necesidad de aprovechamiento integral de las futuras inversiones en energía y minería, que coinciden con el imperativo estratégico de promover un proceso de reindustrialización internacionalmente competitiva que permita brindar respuesta a la crisis planteada por la pérdida de competitividad del conglomerado de pequeñas y medianas empresas industriales asentadas en el conurbano bonaerense.
La productividad de las empresas depende de dos variantes. La primera es "puertas adentro", donde la responsabilidad recae sobre la gestión empresarial. La segunda es "puertas afuera", donde tiene un impacto cualitativo el escenario en que desarrollan sus actividades y en este caso que exige la reducción del "costo argentino", donde incide sensiblemente el contexto institucional.
En este contexto institucional están anclados dos conflictos de intereses que entran en juego a partir del inminente acuerdo comercial con Estados Unidos. Ambos están vinculados con la cuestión de la propiedad intelectual, cuya relevancia aumentó exponencialmente en esta nueva era histórica signada por el advenimiento de la sociedad del conocimiento.
El primero de esos dos conflictos, planteado en la industria farmacéutica, gira alrededor de las patentes medicinales, tiene como antagonistas a los laboratorios nacionales y sus competidores extranjeros y reside en las normas que regulan la comercialización de medicamentos, con su impacto en un rubro tan sensible como es el precio de los remedios.
El segundo conflicto es la discusión sobre las patentes de semillas, donde el sector agropecuario sostiene, con razón, que el mayor costo derivado del pago de royalties tendría que compensarse con la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que representan un cepo fiscal que atenta contra la competitividad de la actividad productiva. En esa tarea para "nivelar la cancha" en términos de competitividad, que es una exigencia generalizada de los sectores industriales, resulta imposible soslayar la responsabilidad indelegable del Estado en sus distintos niveles, cuyas obligaciones constitucionales están por encima de las discusiones ideológicas sobre la delimitación de sus funciones específicas.
· Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico