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Defender el statu quo de la educación argentina es, hoy, una forma de complicidad con la decadencia. El sistema no necesita un maquillaje, sino una refundación que recupere la promesa de igualdad que alguna vez nos conformó como Nación. Pero no cualquier reforma es válida cuando lo que está en juego es la base misma de nuestra cohesión democrática.
Antes de debatir cualquier modificación, debemos reconocer la profundidad del abismo: hoy tenemos una secundaria que expulsa a la mitad de sus alumnos, niveles de comprensión lectora que son una tragedia nacional y una fragmentación en la que la escuela pública ha dejado de ser un vector igualador para convertirse, en muchos casos, en un espacio de contención social. El sistema actual está burocratizado, desfinanciado y alejado de cualquier estándar de excelencia.
Sin embargo, el proyecto de ley de "Libertad Educativa" del Gobierno nacional no es la respuesta a estos males, sino su rendición. Bajo la máscara del principio de subsidiariedad y la primacía de la familia como único agente educador, se esconde el desmantelamiento del sistema que nos convirtió, alguna vez, en una gran Nación. El diagnóstico de la crisis tal vez es correcto, pero la solución propuesta por el gobierno -la desvinculación estatal- es un disolvente institucional que puede desarticular los últimos vestigios de cohesión que sostienen el sistema.
La comparación con modelos educativos como el de Finlandia que subyace en la retórica oficial es, además de una falacia, técnicamente irresponsable. Quienes proponen una autonomía escolar total y la eliminación de la supervisión estatal omiten que en los países nórdicos la autonomía es el resultado de un Estado presente que garantiza una formación docente de élite. En nuestro país, pretender autonomía sin un Estado que garantice primero la igualdad es abandonar a las instituciones a su propia suerte.
No podemos permitir que el "derecho de elegir" se convierta en una ficción de mercado. En nuestra geografía, marcada por asimetrías sociales desgarradoras, la libertad de elección es un privilegio de pocos. ¿Qué libertad de elección puede ejercer una familia en los parajes rurales de Salta o en las zonas más postergadas del NOA, donde la escuela pública es a menudo la única presencia del Estado? Allí, si el Estado se desvincula no "florece la libertad"; lo que florece es la exclusión.
La idea de que la educación puede funcionar como un mercado de demanda ocluye el punto de partida trágico. En provincias como las del NOA, donde la pobreza estructural asfixia cualquier proyecto de vida, la escuela suele ser un último refugio. Desvincular la educación de la responsabilidad estatal es ignorar que, sin un piso mínimo de recursos garantizados por la Nación, la autonomía se transforma en una condena a la precariedad para quienes menos tienen.
Es claro que no existen precondiciones para este proyecto. No hay una carrera docente jerarquizada ni una infraestructura homogénea que permita una competencia justa. Lanzar a las escuelas a la autonomía hoy es profundizar la fragmentación, creando circuitos de excelencia para una minoría y de abandono para la mayoría.
El proyecto atenta contra el sentido mismo de lo público al habilitar modalidades como el homeschooling de forma indiscriminada. La educación no es solo la adquisición de contenidos; es la experiencia del encuentro con el "otro" diferente y el aprendizaje de la convivencia democrática. Al atomizar la educación en el hogar, se rompe el tejido social que nos une como nación.
La pretendida "desburocratización" es una excusa para el ajuste. Eliminar las instancias de inspección estatal no va a hacer la inversión "más inteligente", sino más opaca. Sin la mirada del Estado Nacional que compense las asimetrías, el destino educativo de un niño o niña dependerá exclusivamente de su código postal, algo inaceptable en una democracia federal.
Nuestra historia enseña que la educación ha sido el gran motor del país. No es nostalgia, es pura lectura política: la escuela pública permitió la movilidad social ascendente que hoy está en crisis. Esa movilidad no se recuperará con recetas que fragmentan el sistema, sino con un Estado que asuma su rol de garante de la excelencia para todos, especialmente para los más postergados.
Nuestra Constitución Nacional nos interpela a "afianzar la unión nacional". La educación es el hilo más resistente de esa unión. Si cada familia se retira a su propio proyecto educativo desvinculado de un horizonte común, habremos renunciado a la idea de construir una sola Nación. Solo un Estado presente puede asegurar que la libertad educativa sea un derecho con contenido real y no el eufemismo con el que pretendemos disfrazar la claudicación del interés público frente al azar del origen social.
* Graciela Abutt Carol es abogada, Profesora en las cátedras Filosofía del derecho, Lógica Jurídica y Feminismos Jurídicos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Patrocinante en el Amparo por la educación laica en las escuelas públicas salteñas.