Hace unas semanas, unos cien millones de mexicanos fueron a las urnas para elegir dos mil seiscientos (2.600) cargos de jueces para tribunales estaduales y federales. Esa cantidad es apenas la mitad de un total, que se completará en otras elecciones, recién en el año 2.027.
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Hace unas semanas, unos cien millones de mexicanos fueron a las urnas para elegir dos mil seiscientos (2.600) cargos de jueces para tribunales estaduales y federales. Esa cantidad es apenas la mitad de un total, que se completará en otras elecciones, recién en el año 2.027.
De esa forma, se dio comienzo a un largo proceso ideado y perfeccionado en los dos períodos presidenciales sucesivos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego ejecutado por su sucesora, Claudia Sheinbaum. En efecto, en el mes de septiembre del año 2.024, una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos reformó diecinueve (19) artículos claves, referidos al funcionamiento del Poder Judicial. Fue entonces cuando se introdujo la elección popular para ministros de la Suprema Corte, jueces de distrito y magistrados de circuito.
Pareciera ser que todo comenzó cuando López Obrador no pudo asimilar ciertas decisiones judiciales adversas a todo el poder que ya había acumulado, tales como las que se tramitaron en la Corte Suprema y que tuvieron por objeto el organismo estatal de observación electoral; o la Guardia Nacional bajo control militar. Tampoco cayeron bien fallos de jueces federales que suspendieron proyectos claves, por motivos ambientales.
Allí fue que se habría decidido dejar atrás el sistema que se aplicaba para la designación de jueces, que era más sencillo, porque dependía de una propuesta del presidente y de la conformidad del Senado. En ciertos casos, se accedía a la judicatura por concurso y con méritos. La Reforma Judicial, que no tenía antecedentes en el país, requería de un cuidadoso nuevo diseño constitucional y de al menos una ley reglamentaria.
López Obrador, que había llegado al poder por elección popular, ya contaba con un importante respaldo electoral. Fue por más y se puso al frente de una reforma constitucional, que modificaría el sistema de elección de jueces por otro.
No fue fácil. El oficialismo justificó el nuevo sistema diciendo que con él se democratizaría el sistema; que se acabarían el nepotismo y la corrupción. En relación con este último capítulo, mucho tuvo que ver que según distintos sondeos de opinión pública, los jueces son de lo mas corruptos en el país; apenas los superan los policías de tránsito. Se percibe mucha impunidad y que la gran mayoría de los casos no se resuelven. La oposición argumentó que, con el nuevo sistema Morena, el partido gobernante, tendría más poder: accederían a funciones judiciales candidatos sin experiencia, sin calificaciones suficientes; ello los hará más influenciables a los carteles de la droga y que, como consecuencia, el nuevo sistema disolvería la división de poderes.
Una elección arbitraria
Con la Reforma Judicial, se supo que, si uno quería ser juez, dependería de elección popular y que cesaban todos los jueces en funciones. Estos podrían participar en las elecciones, pero no estaban obligados a hacerlo.
Hubo una breve campaña electoral y la oposición llamó a la abstención. Propuso que no se fuera a votar. En algo debió incidir para que hubiera una baja asistencia de votantes, apenas el 13% del padrón. Quedó claro que, para la gran mayoría de los electores, elegir jueces no fue lo suficientemente atractivo. Para la campaña, los candidatos a jueces no podían contar con aportes públicos ni privados y arreglárselas para que alguien los conociera y en su caso, qué se proponían hacer si llegaban al cargo para el que se postularan. De manera que casi todos emplearon las redes sociales en ese difícil intento de visibilizar la persona y su propuesta. Por su parte, el Ejecutivo colaboró creando un sitio web en el que estaban todos los datos de los candidatos.
Candidatos tenebrosos
Cuando se supo quiénes eran algunos de los candidatos, empezaron las críticas. Es que había abogados cercanos a jefes de los carteles narcos, una en especial, reconocida persona de confianza del capo narco "Chapo" Guzmán, desde hace tiempo en una lóbrega celda de una cárcel norteamericana. Otro candidato había sido condenado a ocho años de prisión por la justicia del país antes mencionado. Los hubo acusados de abusos sexuales; y como era de esperar, hubo muchos candidatos sin experiencia comprobada para el cargo al que aspiraban.
También se notó que un candidato había sido fiscal y como tal fue acusado de participar de alguna forma en el asesinato de periodistas. Una aspirante a jueza de la Corte Suprema estaba acusada de haber plagiado dos tesis, para mejorar su imagen académica.
Jueces sin formación
La elección se hizo tal como estaba previsto. Se votó con boletas de papel, en seis formatos distintos, por lo que el elector debió cortarlas a mano. Con los resultados a la vista, la oposición dijo que con la reforma se ha logrado remover a los jueces molestos para el poder; que sobrevendrá una ola de persecución de las opiniones críticas; que las listas de candidatos fueron aprobadas por el partido del gobierno, más precisamente por el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde los círculos académicos, se pidió estar atentos al nuevo producto de jueces sin especializarse. Para ser juez ahora, en México. Basta con el título de abogado, con ocho (8) de promedio, y ser graduado en alguna de las mil setecientas (1.700) universidades del país.
Del trece por ciento (13%) de electores que fueron a votar, un 4,97% lo hizo por candidatos a magistradas y un 5,26%., por candidatos a magistrados. Entre éstos, el más votado fue un abogado de origen indígena, el señor Hugo Aguilar, candidato a la Corte Suprema.
Los jueces elegidos por el voto popular asumirán el próximo primero de septiembre de este año. Los jueces de la Suprema Corte tendrán doce años de mandato. En cambio, todos los demás jueces inferiores tendrán un mandato de nueve años y podrán ser reelectos.
Los jueces molestos
Los buenos analistas políticos nos guían cuando nos piden prestar más atención a toda reforma de uno de los poderes del Estado propuesta y resuelta entre los otros dos, con más los electores. Sucede que una vez que se logra el poder, es inevitable la ambición por extenderlo en cuanto a lo que se hace y también en cuanto al tiempo de duración del mandato.
Esta Reforma Judicial de México, se fue haciendo con objetivos claros, con paciencia y con votos. En este caso, el resultado es incierto, porque nadie sabe cómo harán sus tareas los nuevos jueces. Lo que sí se sabe es que el poder que antes ejercían otros jueces debía limitarse, porque en casos testigo había llegado a ser una molestia para un poder fuertemente concentrado, como es el de la Presidencia del país.
Ese fue el origen para empezar con una tarea política dedicada a ponerle límites al poder de la justicia y de los jueces. Mucho ayudó el sentir popular en contra de éstos -v.gr. la comparación con los agentes de tránsito- Hubo que auparse en el desprestigio de ciertos jueces concretos, para después generalizarlo, agregando el condimento de la lentitud y de la ineficacia para obtener resultados. Con eso en la mano, si hay respaldo electoral, lo que sigue es avanzar en contra del sistema judicial vigente y de esa manera, influir decisivamente en su nuevo funcionamiento, partiendo de un origen limitadamente democrático -lo decimos por la baja concurrencia a las urnas- cuando en realidad lo que se quiere es cumplir con el objetivo que enunciamos, que es bien preciso: reducir lo más que se pueda, y cómo se pueda, el control constitucional de los jueces sobre los actos políticos.