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Los hechos que dieron origen a esta nota y a tantas otras, en esta ciudad y fuera de ella, ya pertenecen al pasado. Un manual de estilo de los buenos medios gráficos dice que, aunque así sea, el lector no tiene por qué saberlo todo, por lo que se recomienda hacerle una síntesis de lo sucedido para que cuente con más datos que le ayuden a formar su propia opinión.
Hace mucho tiempo, el gran Honoré de Balzac dijo: "Todo poder es una conspiración permanente". La historia que hoy contaremos así lo confirma. El jueves 17 de julio, se difundieron audios en los que una persona del sexo masculino, que conocía a la víctima, le hacía una propuesta indecente, a lo Hollywood, o tal vez una conducta inapropiada, como dijo Clinton hace tiempo. La víctima se quejaba del monto de las retenciones que le hacían a su ingreso como dependiente y su interlocutor le propuso hacerle una práctica sexual concreta; hasta llegó a precisar a cuánto dinero equivaldría cada una.
No hubo acuerdo y la víctima radicó una denuncia penal por estos hechos y otros más. Afirmó que, en otras oportunidades, fue víctima de violencia sexual en su contra de parte del ciudadano y más aún, que llegó a obligarla a mantener relaciones sexuales con terceros. También mencionó que sufrió violencia física, psicológica y económica. De nuestra parte diremos que todo esto ya sugiere que, antes de los sucesos conocidos, autor y víctima mantenían una relación.
Las primeras repercusiones de todo esto fueron políticas y judiciales. Entre las primeras, se destaca que el ciudadano, que fue electo como concejal en esta ciudad, con mandato aún vigente, presentó su renuncia al cargo. Entre las otras, la autoridad judicial competente ordenó el secuestro del teléfono celular del concejal, seguramente para someterlo a pericias técnicas.
La renuncia contiene brevemente los motivos. En su mayor parte, fue redactada e impresa por medios electrónicos. El resto, es un breve manuscrito. Tiene la firma del concejal. Al momento de escribir esta nota, éste no hizo un descargo específico sobre los hechos que se le atribuyen.
"En mayo pasado fue el concejal más votado y ahora enfrenta un inminente juicio político".
Hubo otros efectos políticos. El partido político en cuyas filas militaba el concejal, decidió expulsarlo casi de inmediato. No se sabe si se le permitió hacer un descargo. El cuerpo al que todavía pertenece, es decir, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, resolvió en sesión especial del miércoles 24 rechazarle la renuncia, citarlo a declarar y habilitar un proceso de evaluación de su conducta, con una posible expulsión en el horizonte.
A esta altura, el amable lector se preguntará si con este breve relato ya está en condiciones de hacer su propia evaluación. Le decimos que todavía no, que falta algo más. En las elecciones de mayo pasado, el concejal que nos ocupa fue candidato a la reelección por el mismo espacio y tuvo éxito. Obtuvo lo que se propuso y lo que es más, fue el candidato más votado en esa categoría. Fue elegido por ochenta y seis mil salteños.
Aunque breve, el relato todavía puede contener más detalles, que el lector debe saber. Consta en la información oficial electoral que, en esas mismas elecciones, fueron electas otras dos personas por entonces cercanas al concejal, para otra función, cual es la de convencionales reformadores de la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Fue electo su padre; también lo fue su entonces pareja, hoy su denunciante, la víctima de los audios, la que recibió la propuesta indecente.
Hasta aquí los hechos. Apenas debe agregarse como otro dato de interés que, además de su cargo electivo, el concejal ejercía la docencia en establecimientos provinciales. Rápida de reflejos, la actual ministra del área ordenó iniciarle un sumario para determinar si corresponde su cesantía.
¿Por qué sucedió?
Eso fue todo o casi todo. Uno se pregunta por qué pasó todo esto. La respuesta no es fácil ni lineal. Viendo el caso desde afuera, contando con la información disponible, lo primero que se nota es que falló la persona y que fallaron los controles internos partidarios. La persona falló porque lo que se le atribuye en los audios es no haber estado a la altura de la función para la que fue electa. Es como que le faltó la estatura moral que se espera de quien fue elegido por los ciudadanos para que los represente. De haberla tenido, esto no hubiera pasado, porque las aparentes diferencias con la víctima bien podrían haberse resuelto de otra forma. De haberla tenido, la diferencia de jerarquías entre quien puede hacer diferencias y quien es el subordinado no se habría manifestado como se oyó y difundió. Decimos que fallaron los controles partidarios, por aquello que los hombres son buenos, pero si se los controla, son mejores. El partido, la agrupación política, debiera aprender esta lección y disponer bancarizar obligatoriamente todas las operaciones dinerarias entre los dirigentes y los afiliados al espacio.
Gran parte de todos estos temas se intentaron resolver con las leyes de ética pública. También, con las de financiamiento de los partidos políticos. Es propio de la ética pública que quien ejerce una función pública no debiera recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, estado u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello. Se dirá que estos hechos no se relacionan con el cargo comunal, sin poder negar que el objetivo es plausible igual.
Forma parte del temario del financiamiento de los partidos políticos el tema de los aportes de los afiliados de acuerdo a la carta orgánica. No están permitidas las contribuciones de personas obligadas por sus superiores jerárquicos. Los tesoreros siempre rinden cuentas.
Las cartas ya están sobre la mesa para lo que queda del mandato del concejal. El cuerpo al que pertenece se informará para resolver si en estos hechos hubo el desorden de conducta al que se refiere la actual Carta Orgánica Municipal. Es una causal de gran amplitud, semejante al mal desempeño y otros motivos semejantes, aplicables a la función pública. Todos esperamos que, en forma previa a resolver, en sesión especial, se garantice como corresponde que el acusado pueda defenderse de todo lo que justifique un descargo. Sería mejor que lo haga asistido por abogado de la matrícula y que si ofrece prueba, sea atendida como es debido. Si se votara la sanción de expulsión, la Carta Orgánica exige una mayoría agravada, de dos tercios del total de miembros del cuerpo.
Quedará pendiente para el futuro qué hacer con el concejal electo para un nuevo período, que comenzará cuando termine éste. Nadie lo sabe, por ahora. No se sabe si el concejal electo ha renunciado, ni si piensa hacerlo; o si planea resistir aupado a los votos obtenidos.
Si renuncia, habrá que esperar que asuma el nuevo Concejo. Sólo él está habilitado para aceptarla o rechazarla. En cuanto al padre del concejal y a la ahora víctima, electos convencionales, esta institución reformadora es la autoridad competente para decidir qué hacer con ellos. Se publicó que el padre presentó su renuncia. La Convención lo resolverá después de constituida.
No es la primera vez que el Concejo Deliberante de Salta debió intervenir para resolver otros desórdenes de conducta. Según los registros, ha pasado dos veces y se decidieron expulsiones. Este caso es el tercero. Pasó con Ricardo Colque Domínguez, expulsado por un caso de violencia de género seguido en su contra. Pasó con Ricardo Ariel Flores, como consecuencia de una condena por robo. Los dos eran parte de otros concejos, que tenían otros integrantes. Se espera una definición sobre el caso que dio origen a esta nota, que provenga de la actual composición del cuerpo.