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La democracia es el gobierno de la opinión pública. La clara definición de Carlos Cossío refiere a la democracia contemporánea y se enmarca en nuestro primer antecedente histórico, aquel que define la tradición del derecho público argentino: el pueblo quiere saber de qué se trata.
Ese reclamo bicentenario es el origen de la publicidad y transparencia de los actos de gobierno en nuestro país.
Desde los albores de la Patria hasta hoy, el agente histórico ha sido la opinión pública, activa y vigilante. El riesgo de la medida cautelar que ordena no difundir grabaciones clandestinas, es que la opinión pública devenga maliciosa. Sobran los dichos populares para explicarlo, desde "piensa mal y acertarás" hasta "hay gato encerrado", todos sugiriendo que el que calla otorga y el que oculta no tiene explicaciones.
Por supuesto que no toca ser inocentes. Estamos en medio de una crisis, acicateada en gran parte por audios que habrían sido obtenidos ilegalmente. A lo que se suma el desafío que impone la nueva realidad tecnológica en el mundo, que amplía el radio informativo tanto como la capacidad de divulgación de contenido falso. Todo en el marco de un proceso electoral en pleno desarrollo, con antecedentes no tan lejanos que terminaron afectando gravemente el resultado (como fue el caso de Enrique Olivera).
Pero amén del riesgo político, podríamos estar ante un yerro institucional: la decisión cautelar amenaza ser el preludio del peor de los derroteros, ese que conduce a la arbitrariedad de silenciar cuando no conviene y lo que es más grave, de justificar (generalmente de menos a más) el salteo de los controles republicanos.
Porque no es ni más ni menos eso lo que está en juego. Uno de los principales, si no el mayor de los controles, la libertad de expresión. Derecho de amplio espectro que no admite límites superficiales ni mal explicados, justamente porque condensa el anverso y reverso de informar y ser informado, pilar de la opinión pública.
"Hay que tener en claro que el mejor modo de preservar el estado de derecho es dejando que el pueblo sepa".
Sin dudas que no es absoluto, porque media la intimidad de las personas, y su buen nombre y honor. Ya lo dijo la Corte Suprema en el icónico precedente "Ponzetti de Balbín". Pero este caso pareciera distinto: entonces prohibió exhibir impúdicamente una foto del gran líder radical agonizando; acá estamos ante una prohibición judicial genérica, de algo que pocos conocen, que para peor de males pareciera deficiente en su instrumentación, por la laxitud de las herramientas tecnológicas disponibles.
Cuenta el historiador Valerio Máximo que el tribuno romano Druso, cansado de que sus adversarios lo acusaran de actuar con dobles intenciones, ordenó hacer su casa con paredes visibles, para que cualquiera pudiera ver lo que hacía en ella. Es el primer acto de transparencia republicana total que se tenga memoria. Claro que está pendiente (en Argentina y el mundo) reglar un ámbito donde prime la información veraz y no el fake para la formación de la opinión pública. Pero hay que tener en claro que el mejor modo de preservar el estado de derecho es dejando que el pueblo sepa. En eso nada ha cambiado: lo fue en 1810, lo sigue siendo hoy.