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Durante todo el día de Navidad, los noticieros de la televisión de aire y de cable dedicaron sus esfuerzos a contarle a sus audiencias el caso de la adolescente que resultó herida en el cráneo por un proyectil de arma de fuego, mientras estaba en la vereda de su casa, en Villa Sarmiento, en el AMBA, mirando los fuegos artificiales de la Nochebuena. Móviles en la zona de la casa familiar o en el Sanatorio de la Trinidad, en Ramos Mejía, donde estuvo y sigue internada, atendida por todo el equipo de especialistas del establecimiento.
Recién a eso de las 21 horas, cuando empezó el programa diario que conduce Nicolás Wiñaszki en A 24 -Wi Fi- hubo una entrevista que cambió la temática. El entrevistado -vía zoom- fue uno de los jueces penales de garantías de La Matanza (PBA), Fernando Pinos Guevara, que fue presentado en el zócalo de la imagen como "el juez del triple crimen", ese que tuvo como víctimas a tres jóvenes mujeres, en el que hay varios detenidos en el país y otro en el Perú, al que se espera extraditar.
En realidad, más que hablar de ese caso tan impactante, el juez dio la entrevista para hacer públicos ciertos hechos de los que vienen siendo víctimas tanto él como su familia, integrada por su esposa y dos hijos, de quince y once años. El juez considera que no fueron hechos aislados sino más bien todo lo contrario, mediante los cuales cree que se procura castigarlo por lo que ya hizo en esa causa y por su actividad judicial en general, sobre todo en las causas relacionadas con el narcotráfico.
Increíble, pero real
El juez mencionó tres hechos. El primero fue un robo a mano armada en plena vía pública, mientras conducía su camioneta; con él estaban su esposa y sus dos hijos. En un momento, cuatro personas, que circulaban en otro automóvil y exhibían armas de fuego, lo interceptaron, encañonaron a todos y a él le quitaron las llaves de su casa; luego, robaron el vehículo. El segundo fue cometido en contra de su hijo mayor, a quien dos hombres armados le robaron en la calle el teléfono celular. El más reciente sucedió durante la Nochebuena.
El juez y su familia salieron de su casa para pasar esa fiesta en la casa de otro familiar. Cuando regresaron, dijo que él abrió la puerta y de inmediato se dio cuenta que alguien había ingresado, forzando una reja; que todo estaba revuelto, pero que sólo se llevaron una consola de video juegos de uno de sus hijos.
Todo parece indicar que el último de los hechos impulsó al juez a atreverse a exponer lo que le venía pasando. Dijo que no tenía dudas que las personas que vienen actuando en su contra y de su familia, lo hacen con motivo de lo que hizo o de lo que escribió sobre el caso del triple crimen, en sus resoluciones; que se lo hace para intimidarlo, para que deje de hacer lo que viene haciendo.
Algo quebrado, con lágrimas en los ojos en dos momentos de la nota, el juez reveló una intimidad familiar cuando dijo que sus dos hijos le pidieron irse del país. Pareció sincero al decir que él amaba lo que hacía, que le gustaba ser juez, que llevaba treinta años en la justicia de la provincia y que prácticamente vivía en el local del juzgado. Pero que sabía que estaba poniendo en riesgo a su familia y estaba evaluando la posibilidad de dejar el cargo, para luego abandonar el país.
Borges y nuestro destino
Mientras escuchaba y veía toda la nota, este analista pensó, como tantas otras veces, en esa parte del Poema Conjetural en la que Borges se refiere a nuestro amargo destino sudamericano. Esas palabras enmarcan la historia del juez Pinos y de tantos otros.
La historia del exjuez Jorge Quiroga, asesinado por el ERP en la CABA; la de Alberto Nisman, quien, según la última pericia, la definitiva, fue asesinado en su departamento; no se suicidó. Como le pasa a Pinos, que viene siendo intimidado por lo que hizo o lo que puede hacer como juez, Quiroga fue ejecutado por haber integrado una cámara federal especializada en la subversión; Nisman lo fue por haber hecho algo relativo a sus funciones.
El amargo destino sudamericano nos lleva primero a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En el año 2004, la fiscal Mónica Von Borries, especializada en narcotráfico, contrabando y casos complejos, subió a su automóvil, estacionado cerca de su vivienda. En algún momento posterior, un explosivo colocado en el coche estalló y la fiscal murió en el acto.
Hubo una investigación y se vinculó a tres personas por el homicidio. Un español fue absuelto; un brasileño fue condenado a quince años de prisión; y está prófugo un italiano, presunto cerebro del grupo.
El mismo destino nos lleva a Paraguay. En ese país, estaba en funciones un fiscal llamado Marcelo Pecci, dedicado a causas sobre crimen organizado y narcotráfico. El día 10 de mayo del año 2022, el fiscal, que se había casado recientemente, viajó a Colombia, de luna de miel con su esposa. Estaban juntos en la playa de Barú, Cartagena de Indias.
De repente, desde el mar se acercaron dos motos de agua, tripuladas por dos profesionales del crimen, que llegaron a la playa y le dispararon al fiscal a quemarropa, que murió por la gravedad de las heridas. Por el caso se acusó a dos hermanos colombianos, luego condenados, y a una mujer, que también recibió pena. La autoría intelectual de ese caso fue de un narco uruguayo, Sebastián Marset, que está prófugo.
Forma parte del mismo destino sudamericano recordar que en el Perú, como respuesta al temible grupo terrorista autodenominado Sendero Luminoso, el Estado creó y mantuvo durante años la institución de los llamados "jueces sin rostro". Eran magistrados de identidades reservadas, que actuaban en los casos detrás de mamparas, con voz distorsionada o por videoconferencia. Firmaban sus resoluciones con códigos y números.
Pasaba que el grupo terrorista asesinaba jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos. Por eso la respuesta estatal y por eso esos jueces. Con esa justificación, el instituto funcionó entre los años ochenta y el año 2000. Allí se hizo insostenible, por la presión de organismos internacionales de derechos humanos, para los cuales esa forma de actuar de los jueces afectaba el derecho de defensa, porque el acusado no sabía quién o quiénes lo juzgaban; el proceso no era público; y se condenaba con pruebas débiles.
El mismo camino sudamericano, de intimidar o eliminar jueces y fiscales se replica en Colombia, con sus tres asesinatos comprobados, entre 1988 y 1998, atribuidos a los cárteles de la droga de Medellín y Cali. También en el Ecuador, con dos casos de jueces asesinados entre 2022 y 2024, atribuidos al crimen organizado, en las grandes ciudades; con más un número indeterminado en el interior del país. México no tiene destino sudamericano. Pero tiene algo que aportar sobre el tema que tratamos en esta nota. No hace mucho, en el año 2022, dos jueces federales fueron asesinados; hay un fiscal que ha denunciado una presión sistemática del crimen organizado; y hubo decenas de casos de fiscales y jueces del interior del país, víctimas de la violencia de los delincuentes.
Un llamado de alerta
La justicia argentina tiene muchos defectos. Normalmente, no da buenas noticias. Cuando se habla de ella, se habla mal. Que los jueces son la casta, que son corruptos, que van al juzgado una hora diaria, que juegan al golf en horario de oficina, que sus sentencias no convencen ni al que ganó el juicio, etc.
Hasta que aparece otra clase de juez. Un juez como el de esta nota, que trabaja como tal en un local pequeño, asistido por unos pocos empleados. Que nunca tuvo ni tiene custodia, pese a que la pidió más de una vez. Que no tiene chofer, así que conduce su propio coche y paga él su combustible. Que vive de sus ingresos como juez, austeramente, sin lujo alguno. Menos mal que no es el único, porque hay los suficientes Pinos Guevara a lo largo y a lo ancho de nuestro querido y castigado país.
Que alguien haga algo por el juez de esta nota y por todos los jueces decentes que hay en nuestro conflictivo territorio. Que los cuiden. Nada más que eso. A ellos ni se les ocurre pedir autos blindados, un batallón Wagner de custodia, ni chalecos antibala.
¡Ah! Si a la parte del poder formal -hay otro real- le queda un minuto de su valioso tiempo, se les pide que de vez en cuando, sólo de vez en cuando, los hablen y les pregunten: ¿Cómo está doctor?; ¿Cómo está doctora?