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El femicidio de Natalia Cruz, en Campo Quijano, fue el resultado predecible de un sistema que aprendió a gestionar expedientes en lugar de salvar vidas.
En nuestro país persiste una paradoja que aún no hemos podido vencer: somos uno de los países con un marco normativo de vanguardia en materia de género, y al mismo tiempo seguimos contando femicidios a razón de uno cada treinta horas. Esa brecha, entre la ley escrita y la realidad, es una política. O más exactamente: es la consecuencia de la ausencia de una política.
El caso de Natalia Cruz condensa, con brutal elocuencia, lo que ocurre cuando el Estado confunde la existencia de una norma con su cumplimiento efectivo. Había juzgado. Había ley. Había orden de custodia. Y había, también, un Estado que, al dictar la ley y poner en funcionamiento el juzgado, creyó haber cumplido su parte del contrato social, sin advertir que esas herramientas son apenas la condición de posibilidad de una intervención que, para ser eficaz, exige una complejidad mayor.
Pero también hubo desidia concreta, funcionarios que eligieron no actuar cuando podían hacerlo.
Debe quedar en claro que el femicidio de Natalia es el resultado de una cadena de omisiones que el propio Estado normalizó, por error de diseño y por negligencia de ejecución, al no entender la naturaleza de su mandato.
El agente policial que alegó "falta de personal" para no cumplir una consigna judicial estaba siendo perfectamente coherente con la lógica del sistema en el que opera. Una lógica que ha burocratizado la respuesta estatal hasta el punto de transformarla en gestión de expedientes: se registra la denuncia, se emite la medida, se archiva el caso. El riesgo vital de una mujer concreta, con nombre y apellido, queda subsumido en el flujo impersonal de papeles que circulan entre comisarías y juzgados.
El resultado es un Estado se declara presente en los formularios y se vuelve prescindente en el territorio. Esta ficción institucional tiene consecuencias letales, porque genera en la víctima una confianza que el sistema no está en condiciones de respaldar. Se le dice que está protegida. Se le instruye que denuncie, que confíe en la institucionalidad.
Sería cómodo -y tal vez políticamente conveniente-, reducir este análisis a una cuestión de recursos. La "falta de personal" como eximente tiene la ventaja de no exigir responsabilidades concretas a nadie. Pero la verdad es quizá más incómoda: el problema es que el Estado organiza sus medios bajo una lógica que asigna mayor peso al expediente que a la integridad de la persona que ese expediente representa.
Los estándares internacionales de derechos humanos, desde la Convención de Belém do Pará hasta las directrices del Comité CEDAW, son inequívocos al respecto: la debida diligencia reforzada exige que el Estado no solo legisle, sino que garantice operativamente la protección. La falta de recursos no es un eximente cuando el propio Estado ha asumido la tutela de una vida en riesgo. Es, en todo caso, una confesión de negligencia institucional que debería activar responsabilidades administrativas y penales.
Frente al laberinto
Para salir del laberinto de la indignación, tal vez sea necesario señalar ejes que pueden significar avances en el tema.
En primer lugar, la fragmentación actual del sistema no responde a una falta de interacción entre instituciones: comisarías, juzgados y organismos sociales se comunican, pero lo hacen sin una intervención vinculante entre jurisdicciones. Los datos oficiales de la Corte Suprema ilustran con precisión el costo de esa precariedad coordinativa: en 2023, al menos 17 víctimas de femicidio tenían medidas de protección vigentes al momento en que fueron asesinadas, y otras 16 contaban con medidas ya vencidas que nadie renovó ni controló. La comunicación existe, pero no produce el efecto protector que debería. Esa distancia entre la comunicación formal y la intervención eficaz es, precisamente, el nudo que el sistema debe desatar. Lo que se requiere es reformular la lógica: que la primera denuncia active de manera automática y vinculante una unidad de gestión de caso que centralice en tiempo real la información policial, judicial y social, con responsabilidades asignadas y rendición de cuentas efectiva. Que la víctima deje de depender del azar institucional es una elección de diseño que podría repensarse.
En segundo lugar, el sistema necesita mecanismos de responsabilidad efectiva. Si una medida de protección falla, debe abrirse de manera inmediata una auditoría que determine qué funcionario, en qué momento y bajo qué justificación incumplió su deber. La impunidad burocrática -esa zona gris donde nadie es responsable de nada porque todos siguieron el procedimiento- es tan letal como la violencia que pretende combatir.
En tercer lugar, y con una perspectiva de más largo aliento, la política de prevención más eficaz no es la penal sino la cultural. El femicidio es el punto de llegada de una cadena de discriminaciones que la sociedad aún naturaliza. Desarticular esa cadena requiere una reforma curricular profunda que instale la educación para la igualdad como núcleo estructural del diseño pedagógico desde la primera infancia.
No debió morir
La calidad de una democracia no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones ni por la sofisticación de su ordenamiento jurídico. Se mide, también, por la capacidad del Estado para garantizar la integridad física de sus ciudadanas más expuestas. En ese indicador, nuestro país reprueba sistemáticamente.
Natalia Cruz tenía una medida de protección. Tenía al Estado de su lado. Lo que no tenía era un Estado capaz de traducir esa promesa en presencia real en el momento en que más la necesitaba. Mientras esa brecha persista, el Estado operará confundiendo la enunciación del derecho con su ejercicio efectivo, y encuentra en esa confusión, una coartada para no rendir cuentas por los resultados.