inicia sesión o regístrate.
El desenlace de la guerra de Irán es una incógnita que desvela a las agencias de inteligencia, cuyos analistas buscan descifrar el futuro rumbo del régimen de Teherán, velado por la espesa capa de hermetismo que rodea el sistema de decisiones en esta teocracia del siglo XXI cuyo avanzado programa nuclear amenazaba la existencia de Israel y mantenía en vilo al mundo entero. La anunciada elección de Motjaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamanei, marcó una tendencia, pero no define un rumbo definitivo.
Contra lo que suele suponerse, el régimen chiita tiene mayor complejidad que las democracias occidentales. La acefalía registrada por la muerte de Jamenei demostró la vigencia de los mecanismos instituidos a partir de la revolución de 1979, encabezada por Ruhollah Jomeini, especificados en la constitución reformada en 1989, que establece claramente que el verdadero poder reside en la autoridad religiosa.
Irán es una República Islámica cuyo presidente es en realidad la segunda persona con mayor poder, por debajo del "Líder Supremo". El primer mandatario es el máximo responsable de la gestión gubernamental y ejerce una influencia decisiva en la política interior y en las relaciones exteriores. Sin embargo, sus atribuciones están severamente limitadas, especialmente en materia de seguridad.
Esas restricciones a las facultades presidenciales ya habían quedado patentizadas durante las violentas protestas callejeras de septiembre de 2022, provocadas por la muerte a manos de la policía de Mahsa Amini, una joven de 22 años: Jamenei decidió prohibir las manifestaciones y el entonces presidente Ebrahim Raisi (muerto tiempo después en un extraño accidente aéreo), aunque no compartía ese criterio, debió acatar la orden.
Jamenei, quien sucedió a Jomeini tras su muerte en 1989, era el Jefe de Estado con carácter vitalicio y el comandante de las Fuerzas Armadas. Tenía también autoridad sobre la Policía Nacional y la Policía Moral, que vigila el cumplimiento de las disposiciones sobre la vestimenta y las costumbres islámicas. Controlaba asimismo las relaciones exteriores y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, encargada de la seguridad interior, y su brigada de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basij, que reprime cualquier brote de disidencia.
El Parlamento, denominado Asamblea Consultiva Islámica, está formado por 290 diputados, incluidos cinco representantes de las minorías religiosas. El cuerpo selecciona a los veintidós ministros del gabinete. En la actualidad cuenta con una mayoría de los partidos "principalistas", de raíces ultraconservadoras, y una participación simbólica de las minorías reformistas. Pero, así como las atribuciones del presidente están supeditadas al Líder Supremo, las facultades legislativas también están sujetas a la revisión de la autoridad islámica. El "Consejo de Guardianes" tiene la responsabilidad de custodiar la pureza ideológica del Estado. Sus funciones lo asemejan a un Tribunal Constitucional con capacidad para vetar leyes que estime incompatibles con los principios islámicos. También verifica las "credenciales islámicas" de los candidatos presidenciales, por lo que puede inhibir su postulación.
El organismo está integrado por doce juristas, la mitad de los cuales son elegidos por el Líder Supremo y los seis restantes por el titular del Poder Judicial (designado también por el Líder Supremo). Para arbitrar en las controversias entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes existe una Asamblea de Expertos, un cuerpo deliberativo formado por 86 teólogos que se renueva cada ocho años por el voto popular. Esa Asamblea de Expertos es la encargada de elegir al Líder Supremo.
Desde hacía meses, en los círculos de poder de Teherán se especulaba sobre la identidad del futuro Líder Supremo. La incógnita era si se reiteraría, o no, el episodio anterior, cuando Jomeni eligió a su reemplazante, lo que en este caso implicaba la instauración de una suerte de "monarquía religiosa" porque ya era conocida la intención de Jamenei de postular a Mojabi.
El descontento con el régimen es palpable en la clase media de las grandes ciudades, teatro de recientes manifestaciones de protesta reprimidas por la policía con un saldo de millares de muertos. Esa súbita aceleración del proceso político interno coincidió con un inquietante informe de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), presidida por el argentino Rafael Grossi, que puntualizaba que el plan nuclear iraní avanzaba en ritmo y sofisticación.
Irán tiene un nivel de enriquecimiento de uranio 27 veces mayor que el máximo permitido por el Plan Integral de Acción Conjunta, un acuerdo nuclear multinacional denunciado por Donald Trump en 2018. Esas reservas de uranio son suficientes para fabricar tres bombas atómicas. La conclusión del informe fue que Irán podría producir una bomba atómica en una semana y siete en un mes.
Obvio resulta mencionar el impacto que estas revelaciones tuvieron en Tel Aviv. Más aún cuando el propio Jamenei había proclamado: "Veremos el día en que Palestina llegue al mar. La promesa de eliminar a Israel se cumplirá". Para Israel la hipótesis de que Irán pudiera convertirse en una potencia atómica siempre fue causa suficiente para un ataque preventivo fundado en el derecho a la legítima defensa.
Desde un principio la estrategia defensiva de Irán apuntó a la búsqueda de la internacionalización de la contienda, un objetivo virtualmente imposible. Más allá de la retórica diplomática, Rusia está estancada en la guerra de Ucrania y Vladimir Putin no quiere enervar la buena voluntad de Trump, mientras que China prefiere seguir su camino de "ascenso pacífico" sin colisionar abiertamente con Washington.
Si bien Teherán no está en condiciones de transformar la guerra en un conflicto bélico de escala mundial, sus acciones intentan golpear sobre la economía internacional y generar un clima de inseguridad en Occidente con la amenaza de atentados terroristas. Su objetivo es conseguir que Estados Unidos se vea obligado a admitir que los costos de su escalada son mayores que sus beneficios.
Teherán logró rápidamente convertir la confrontación en una guerra regional en Medio Oriente.
La utilización masiva de sus "drones suicidas", un arma que por su bajo costo se puede producir en grandes cantidades, afectó seriamente la seguridad de sus vecinos árabes, en particular de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, y aunque en menor medida también de Israel. Esta estrategia no puede sino profundizar el histórico conflicto entre las dos grandes ramas del Islam: la mayoría sunita, que congrega a más del 80% de la comunidad musulmana mundial, y la minoría chiita, gobernante en Irán, mayoritaria en Irak y con importante presencia en El Líbano. Pero los aliados iraníes, conocidos como el "Eje de la Resistencia", integrado Hezbollah en El Líbano, Hamas en la franja de Gaza y los hutíes en Yemen del Sur, ya habían sido suficientemente golpeados por Israel como para impedirles desempeñar un rol relevante en la guerra.
En ese escenario regional los iraníes pudieron generar una ola de alarma en los mercados financieros internacionales con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para el transporte del petróleo que difícilmente pueda rehabilitarse durante la duración del conflicto, lo que supone una estampida en el precio internacional de los combustibles. El resultado es más que previsible: Estados Unidos no puede retirarse derrotado el campo de batalla. Si la ausencia de una improbable rebelión popular impidiera el cumplimiento de su objetivo de máxima, que sería la caída del régimen islámico, tiene la opción de bombardear ilimitadamente a Irán hasta lograr que el nuevo liderazgo acepte el desmantelamiento de su programa nuclear, que fue el origen del conflicto.
Descartada como alternativa la ocupación del territorio iraní por tropas estadounidenses, Washington tiene una explosiva carta adicional: el apoyo militar, incluido aéreo, a posibles sublevaciones independentistas de las minorías étnicas, que constituyen un 40% de la población iraní: los kurdos, que aspiran a constituir un estado propio con sus correligionarios sirios, los baluchíes, que también aspiran a una república independiente con las minorías de su etnia de Pakistán y Afganistán, y los azeríes, protegidos por el vecino Azerbaiyán, pueden desencadenar una situación semejante a la padecida por Yugoeslavia antes de su desintegración.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.