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El juez federal de Garantías N°1, Julio Leonardo Bavio, dictó prisión preventiva para siete de los ocho imputados en la causa que investiga una red de trata de personas que operaba en torno a un colegio de la zona sur de la ciudad de Salta. A cinco de ellos se les agravó la imputación con el delito de asociación ilícita, entre los que se encuentran el remisero señalado como organizador y dos empresarios.
El caso, considerado de una gravedad inédita por la cantidad víctimas, involucra a nueve personas y expone un entramado de captación, abuso, filmación y coacción sobre alumnas de entre 12 y 17 años.
Durante la audiencia celebrada ayer, el juez Bavio resolvió mantener la detención efectiva de siete imputados y otorgar arresto domiciliario a un hombre de Campo Quijano, mientras avanzan las pericias sobre celulares y se levanta el secreto bancario, para verificar si se realizaron transferencias. Cabe recordar que se ofrecían 200 mil pesos por estudiantes vírgenes.
La medida coincidió con el pedido del fiscal federal Eduardo Villalba, quien advirtió sobre "el riesgo concreto de entorpecimiento" de la investigación.
Audios escabrosos
En la audiencia que se presenció ayer se incorporaron dos audios del remisero, considerados pruebas centrales. En ellos se escucha cómo el acusado ofrecía a menores de edad y organizaba encuentros sexuales con otras personas adultas.
"Tengo una chica de 16 años" y "somos cinco", fueron las conversaciones. El remisero, sindicado como el eje del sistema, habría sido el encargado de contactar a las adolescentes, coordinar los traslados y percibir los pagos de los "clientes", en efectivo o mediante transferencias. En algunos casos, filmaba los encuentros o exigía que las jóvenes enviaran fotos o videos, material que luego se usaba para amenazarlas y mantenerlas sometidas.
Con base en los nuevos elementos, la fiscalía amplió la acusación por asociación ilícita contra cinco imputados: el remisero, los dos empresarios detenidos en septiembre y dos de los arrestados más recientes.
Los restantes enfrentan cargos por promoción y facilitación de la prostitución agravada, debido a que las víctimas son menores de edad.
Las víctimas eran trasladadas en un Volkswagen Voyage blanco, conducido por el remisero, y en ocasiones ocultas bajo los asientos o dentro del baúl para evitar ser vistas por vecinos o autoridades.
Los abusos se habrían cometido en dos moteles de la ruta nacional 26, camino a La Isla. En un caso, una adolescente fue obligada a ingresar al baúl del vehículo. También hay otros lugares donde los implicados obligaban a las víctimas a participar de tríos, orgías o despedidas de solteros. Según los informes forenses, los hechos provocaron daños psicológicos y físicos irreversibles en las jóvenes.
El caso se originó en junio de 2024, a partir de la denuncia de una madre que descubrió en el teléfono de su hija mensajes del remisero con ofrecimientos sexuales.
Esa denuncia derivó en una investigación conjunta entre la PSA y PROTEX, que permitió descubrir una red articulada alrededor de un establecimiento educativo.
El remisero —identificado por las víctimas como un conocido en la zona— servía de nexo entre las alumnas y los "clientes".
Con el correr de los meses, las medidas judiciales llevaron a las primeras detenciones en septiembre: el remisero, los dos empresarios, el hombre de Campo Quijano y un estudiante del mismo colegio.
El joven, de 16 años, fue liberado más tarde, ya que los investigadores sospechan que también pudo haber sido manipulado por los adultos para informar sobre sus compañeras.
El viernes pasado fue detenido un militar, y el lunes se sumaron tres arrestos más. De los tres nuevos detenidos, dos admitieron una participación parcial, aunque negaron saber que las víctimas eran menores.
Con estas incorporaciones, la causa llegó a nueve personas implicadas y ocho imputadas formalmente.
La causa se inició en junio de 2024, tras la denuncia de una madre que descubrió mensajes del remisero en el teléfono de su hija.
Las primeras detenciones ocurrieron a mediados de septiembre: fueron arrestados el remisero, dos empresarios, un hombre de Campo Quijano y un estudiante del mismo colegio.
El joven, de 16 años, fue liberado, ya que se analiza si también fue utilizado por los mayores para facilitar información sobre las víctimas.
Posteriormente, el viernes pasado se detuvo a un militar y, ayer a tres personas más. De los nuevos arrestados, dos admitieron una participación parcial, aunque negaron haber sabido que las víctimas eran menores.
Con estos últimos procedimientos, la causa cuenta con nueve implicados y ocho imputados formalmente.
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo mantuvo una estructura delictiva estable, con mecanismos de captación y control que se extendieron a lo largo de varios meses.
En los allanamientos realizados por la PSA se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, marihuana, aceite de cannabis, pastillas de estimulación sexual y juguetes eróticos, además de documentación y material audiovisual.
No se descarta que uno de los empresarios implicados sea también imputado por la provisión de droga a las menores.