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La noche del domingo, mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas, la Alcaidía de la Ciudad Judicial, en Salta capital, se convirtió en un infierno. Aún se investiga el origen del incendio, pero todavía hay tres personas en terapia intensiva en el Hospital San Bernardo, de los 17 detenidos que fueron trasladados esa noche con quemaduras de distinto grado. En total son 10 los que permanecen hospitalizados. Según el servicio penitenciario, hubo una gresca en una celda y, cuando los agentes intervinieron para detenerla, derivó en un amotinamiento en todo el pabellón. No se informó de heridas con armas tumberas u objetos punzantes. Solo quemaduras.
Rodrigo Sebastián Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de Tortura y Tratos degradantes informó que "las personas con quienes estamos hablando nos manifiestan que en la Alcaidía se vive un clima de malestar permanente por las condiciones de confinamiento". Pero hubo un punto, particularmente sensible una semana después de la celebración del Día de la Madre: el destrato a los familiares cuando van a visitarlos. "Entonces, había una animosidad muy alta. Las requisas son muy invasivas. Los detenidos denuncian maltratos verbales, verdugueo, obstáculos para ingresar alimentos permitidos. Arbitrariedades que, según relatan, llegan al extremo de obligar a las mujeres a ponerse de cuclillas, a sacarse la ropa, a los bebés les requisan los pañales, las mujeres que están indispuestas no pueden ingresar…. Es un maltrato general a los familiares que, si no se someten a ellos, son susceptibles también de sanciones y, después, pueden pasar 30, 60, 90 días sin poder visitar a sus hijos, pareja o hermanos", añadió Solá.
Un despropósito
La pregunta básica es ¿por qué esas personas permanecen en un lugar de tránsito como se supone que es la Alcaidía? "En parte, quedan allí por la sobrepoblación del penal de Villa Las Rosas. Por eso, hay penados todavía en Alcaidía; y otra razón, porque los procesos judiciales también son muy lentos, y hay imputados que pasan allí dos años o más, con prisión preventiva".
Esta Alcaidía se inauguró hace 19 años, con el objetivo de evitar las detenciones en las comisarías, pero no para cumplir funciones de cárcel. "Es un edificio concebido para el alojamiento transitorio, pero rápidamente, la capacidad se desbordó y entonces está cumpliendo la función de cárcel", precisó.
El gravísimo episodio del domingo pudo tener peores consecuencias, aún. Era absolutamente esperable y el Comité lo venía advirtiendo, por las condiciones de hacinamiento, pésima alimentación, alto riesgo para la salud y la convivencia entre personas demoradas, que son aquellas para las que está destinada la Alcaidía, con presos con prisión preventiva o condenadas, que deberían estar en la cárcel.
"Estas son tragedias anunciadas. Y que se podrían haber previsto de otra forma. Sobre el episodio, hay una investigación penal que está a cargo de la fiscalía, por lo cual ya no nos compete a nosotros más que contribuir a activarla. Pero hay problemas estructurales que nosotros planteamos reiteradamente", recordó.
En agosto de 2024, el Comité interpuso una acción de Habeas Corpus colectivo correctivo en favor de "todas las personas privadas de la libertad alojadas en las dependencias policiales", en la quedó expuesta la crisis humanitaria que sufren los detenidos en varias comisarías del interior provincial que el escrito identifica puntualmente. Las comisarías tampoco tienen como función mantener presos hacinados porque las cárceles ya no tienen plazas disponibles.
El Comité había realizado un monitoreo in situ y pudo comprobar "las condiciones deplorables de detención que las tornan inhumanas y mortificantes convirtiendo en ilegítimas dichas privaciones de la libertad".
Al no estar preparadas para funcionar como cárceles, las personas condenadas y con prisión preventiva alojadas en dependencias policiales y alcaidías quedan excluidas de "los objetivos de resocialización de la pena".
Medida sin cumplirse
El Hábeas Corpus ante la Corte de Justicia lleva más de un año. "Nosotros nos ocupamos de una visibilización del este drama social. A partir de la acción judicial vemos que se han movido las estructuras. La emergencia, que antes era solamente nominal, ahora está plasmada en estructuras concretas que son interinstitucionales. Vemos que el Ministerio de Infraestructura se ha comprometido, ha puesto todos los equipos técnicos para preparar proyectos", dijo Rodrigo Solá, titular del Comité.
Hay 600 presos, en un lugar para albergar apenas 350
El presidente del Comité señaló a El Tribuno que, sobre la Alcaidía, "ya habíamos señalado la falta de colchones ignífugos, a pesar de que se trata de una norma obligatoria. Cómo también lo es la colocación de cámaras, que están pensadas como dispositivos para prevenir tragedias como las del domingo".
"La Alcaldía tiene una capacidad de 350 personas y en este momento hay 600. Redujo su número en este último año en particular. Hubo un traslado de personas a Villa Las Rosas, principalmente, pero tiene todavía ese nivel, que casi duplica su capacidad. Hay algunos pabellones más críticos, como este, el B 1, donde sucedió el episodio del incendio. Y ocurrió en una celda con capacidad para 8 personas, donde estaban encerradas 25. El triple", informó Rodrigo Solá. Por supuesto, la mayoría duerme en el suelo.
El personal policial no está preparado para el trato con presos permanentes. Y las comisarías, tampoco. "Se está avanzando lentamente en la modificación de esa situación. Hay unas mesas interinstitucionales, las que somos parte, trabajando primero en el traslado de las personas penada. Ahora las que tienen prisión preventiva, pero todavía eso va a un ritmo más lento de lo que nosotros esperamos. Todavía hay 500 personas en comisarías", señala el funcionario. "Lo que sigue ocurriendo es claro: cárceles llenas, se traslada a alcaldía; alcaldía llena, terminan en las comisarías como el último reducto".
El Comité trabaja en dos líneas. Una tiene que ver con la ampliación de las infraestructuras y otra con la reducción de la sobrepoblación, que ahí ya no compete solamente al Poder Ejecutivo.