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Un incendio ocurrido el domingo por la noche en una celda del pabellón B1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta (en zona norte) derivó en una nueva alarma sobre las condiciones de detención en la provincia. Mientras 18 internos fueron hospitalizados por quemaduras e intoxicación y cinco efectivos resultaron heridos, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advirtió que el establecimiento "triplica su capacidad" y que la sobrepoblación carcelaria constituye un riesgo latente.
El fuego se originó alrededor de las 22 y fue sofocado por personal penitenciario y equipos de Bomberos. De acuerdo con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS), los internos afectados fueron trasladados a los hospitales San Bernardo, Señor del Milagro y Papa Francisco. Algunos ya recibieron el alta médica, mientras otros permanecen internados, tres de ellos en terapia intensiva.
"No fue un intento de motín, sino incidentes entre internos que derivaron en un foco ígneo", aseguró el prefecto mayor Enrique Torres, director general del SPPS. En diálogo con Radio Salta, Torres explicó que todo comenzó con una pelea entre tres detenidos, a la que siguió otro episodio en una celda del mismo pabellón, donde 25 internos habían bloqueado el acceso con colchones y toallones y obstruido el candado de seguridad. "El personal actuó con rapidez y pudo evacuar a todos. Pudo haber sido una tragedia", sostuvo.
El funcionario confirmó que cuatro agentes penitenciarios sufrieron lesiones durante la intervención y que un policía resultó herido por una piedra arrojada desde el exterior, cuando familiares reclamaban información. Torres destacó que, una vez controlada la situación, el área social del SPPS notificó a los familiares, defensores y juzgados. Además, se trasladó a algunos detenidos al penal de Villa Las Rosas.
El fiscal penal 1, Pablo Paz, confirmó que se trabaja para establecer las causas del siniestro e informó que las actuaciones serán giradas a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, por el artículo 186 inciso 4° del Código Penal, que contempla la figura de incendio con riesgo para la vida humana. Actuaron peritos de Criminalística, Bomberos y Medicina Legal.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que se hizo presente en la Alcaidía advirtió sobre las condiciones estructurales del penal. "La capacidad declarada es de 350 personas y hoy hay más de 830. Casi la triplica. Venimos alertando esta situación hace tres años", señaló su comisionado, Andrés Giordamachi.
Según explicó, la Alcaidía aloja principalmente personas sin condena firme, y la saturación "crea un ambiente de tensión permanente". "Cualquier conflicto que se desborde puede terminar en una tragedia como la de anoche. Por suerte, la actuación rápida del personal y de los equipos de salud evitó un desenlace peor", remarcó.
Falta de infraestructura y reformas pendientes
El titular del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, reconoció que la sobrepoblación es uno de los factores de riesgo más graves del sistema. Aseguró que el Gobierno provincial trabaja en un proyecto de ampliación de la Alcaidía con 400 nuevas plazas, además de módulos de alojamiento en Tartagal y Orán, y la futura construcción de un complejo penitenciario en Metán.
Torres también anunció la próxima incorporación de escáneres de rayos X e inhibidores de señal para reforzar la seguridad interna, y destacó que se impulsa una reforma integral de la ley orgánica del Servicio Penitenciario, vigente desde 1980.
El incendio en la Alcaidía vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema carcelario provincial, que desde hace años enfrenta denuncias por hacinamiento, infraestructura obsoleta y falta de personal. Consultados coinciden en que el episodio del domingo es síntoma de una crisis que exige respuestas estructurales y urgentes.