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Tres presos fueron imputados por montar un call center de extorsión sexual dentro de la Unidad Penitenciaria N.º 13 de la ciudad de Junín, una maniobra mediante la cual contactaban a personas a través de redes sociales, solicitaban imágenes íntimas y luego las amenazaban con difundir ese material si no recibían dinero.
La investigación se inició a partir de la denuncia de dos víctimas, quienes relataron que fueron contactadas por hombres mediante la red social Facebook. Según consta en la causa, las conversaciones comenzaron de manera habitual y derivaron en el intercambio de imágenes de contenido sexual. Sin embargo, en pleno diálogo, los agresores cambiaron la dinámica del contacto y comenzaron a amenazar a las víctimas, exigiéndoles dinero bajo la advertencia de viralizar las fotografías.
Ante la gravedad de los hechos, tomó intervención la Fiscalía Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, a cargo del fiscal Fernando Graffigna, junto con la UFI N.º 6 de Junín, dirigida por la fiscal Fernanda Sánchez, que avanzaron con una investigación para determinar el origen de las comunicaciones y la modalidad utilizada para llevar adelante las extorsiones.
En el marco de la pesquisa, los investigadores realizaron tareas técnicas que permitieron acceder a direcciones IP, analizar el impacto de antenas de telefonía, identificar los dispositivos utilizados, los números IMEI y establecer la ubicación geográfica de las conexiones, elementos que resultaron clave para reconstruir el circuito de contactos y amenazas.
Las pruebas
Con el avance de las actuaciones y el análisis del material reunido, se logró constatar la existencia de un "call center" clandestino que operaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria 13, lo que motivó la realización de un allanamiento de urgencia dentro del establecimiento carcelario.
De acuerdo a lo informado por medios locales y según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tres internos fueron identificados como los responsables de concretar las amenazas y de forzar a las víctimas a efectuar los pagos exigidos, quedando imputados en la causa mientras continúa la investigación judicial.