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El fútbol amateur suele ser, en los barrios de Salta, un punto de encuentro social, una excusa para compartir un fin de semana y reforzar el sentido de pertenencia barrial.. Pero en Villa Esperanza, ese ritual se quebró de manera brutal. Un partido disputado en octubre de 2024 derivó en un episodio de violencia armada que terminó con la muerte de Oscar Humberto Guaymás, y ahora la causa avanza hacia una instancia decisiva: la elevación a juicio de seis personas, entre ellas un menor de edad.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, presentó ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro un extenso requerimiento para que los acusados enfrenten un debate oral. El planteo fiscal describe una trama compleja, con distintos grados de participación y una acumulación de agravantes que reflejan la gravedad del hecho.
De acuerdo con el requerimiento, Tiago Benjamín Sare Resina fue imputado como coautor del delito de homicidio triplemente agravado: por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo y/o en sus inmediaciones. Además, se le atribuyen los delitos de portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público, agravada por la participación de un menor, y amenazas con arma de fuego, todo en concurso real.
En la misma línea, el fiscal solicitó juicio para Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González, también como coautores del homicidio triplemente agravado, y como autores de la portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público, igualmente agravada por la intervención de un menor.
La causa incluye además a un adolescente que tenía 17 años al momento del hecho, para quien se requirió juicio como coautor de homicidio doblemente agravado -por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en un espectáculo deportivo o sus inmediaciones- y como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo deportivo, también en concurso real.
El pedido de elevación a juicio alcanza a otros dos imputados con roles diferentes dentro del episodio. Para Ariel Rolando Cruz, el fiscal requirió juicio como partícipe necesario del delito de amenazas con arma, mientras que para Jalil Nicolás Sare Resina solicitó que sea juzgado como autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
En su presentación, el fiscal González detalla una abundante producción probatoria reunida durante la investigación. Entre los elementos incorporados figuran declaraciones de testigos presenciales, algunos de identidad reservada, el informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el secuestro de armas de fuego, registros fílmicos, y diversos informes médicos, psicológicos y sociales que permiten reconstruir tanto el hecho como el contexto en el que ocurrió.
La hipótesis fiscal
La hipótesis fiscal sitúa el episodio el 19 de octubre de 2024, durante un partido de fútbol amateur disputado en la cancha de Villa Esperanza, en la ciudad de Salta. Según la investigación, tras el encuentro se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes de los equipos Villa Cristina y La Mora, dos grupos con antecedentes de rivalidad.
Cuando parte de la hinchada vinculada a Villa Cristina se retiraba del predio, comenzaron los insultos y agresiones desde el sector rival. En ese clima de tensión, integrantes de un grupo antagónico conocido como los “Fonkys juniors” habrían exhibido armas de fuego y realizado múltiples disparos.
Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Oscar Humberto Guaymás, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció el 22 de octubre de 2024. El informe de autopsia del CIF determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave producido por arma de fuego.
En su análisis, el fiscal subrayó un punto que atraviesa todo el expediente: el hecho ocurrió en inmediaciones de un espectáculo deportivo, con la presencia de numerosas personas y menores de edad, lo que potencia el impacto social del caso. Más allá de las responsabilidades penales individuales, la causa pone en foco un problema más amplio: la naturalización de la violencia armada en espacios que, históricamente, fueron pensados para el encuentro y no para la muerte.