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A pedido de la Fiscalía de Distrito de Salta, el Tribunal Oral Federal 2 de esa ciudad condenó ayer a la pena de 8 años de prisión a dos hombres y una mujer que en noviembre de 2024 fueron detenidos en la localidad de Cafayate cuando trasladaban 105 kilos de cocaína ocultos en un doble piso de uno de los dos vehículos en los que se movilizaban desde la provincia de Jujuy.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Alejandra Cataldi, vocal interina del mencionado tribunal, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el titular de la Fiscalía de Distrito, el fiscal general Eduardo Villalba, y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.
Los condenados son Luis Portal, Wilfredo Villegas y Laura Betancur Calapiña. Los tres recibieron la pena de 8 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en el grado de coautores.
El fallo también incluyó el decomiso de una camioneta Toyota y un automóvil Nissan Sentra, vehículos utilizados para el transporte de 105 kilos de cocaína, con una pureza del 74 por ciento.
El caso
Desde el inicio, la investigación fue llevada adelante por el fiscal general Villalba y la auxiliar fiscal Altamirano, quienes en la audiencia detallaron el trabajo realizado, tras la detención de los imputados el 18 de noviembre del 2024.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que el procedimiento tuvo lugar en un puesto de control instalado por personal de Gendarmería Nacional en la ruta 68, a 8 kilómetros del acceso a la localidad de Cafayate, un corredor utilizado para el narcotráfico.
Informaron que el día del hecho, alrededor de las 11 horas, los gendarmes le dieron la voz de alto a una camioneta Toyota que era conducida por Portal, quien iba acompañado de un pariente, un adolescente de 13 años, y circulaba de norte a sur.
En esas circunstancias, llegó al control el auto Nissan Sentra, conducido por Villegas y con Betancur Calapiña como acompañante. Al hacer el chequeo de los papeles de ambos coches, a los gendarmes les llamó la atención que los tres ocupantes eran oriundos de la localidad jujeña de Casira, ubicada en el departamento de Santa Catalina.
En razón de ello, uno de los efectivos le preguntó al conductor del auto si había relación con los ocupantes de la camioneta, a lo que Villegas respondió afirmativamente y aclaró que Portal era su tío y todos habían salido de viaje de Alto Comedero, Jujuy.
Al inspeccionar los vehículos, se detectaron tornillos removidos en la guantera del auto, como así también el burlete de la puerta del acompañante no estaba en su posición de fábrica, por lo que la fiscalía dispuso que se avance con una requisa más profunda.
Así se descubrieron compartimentos acondicionados a modo de doble fondo en el piso del auto Nissan, debajo del asiento del chofer y del acompañante, y allí había escondidos 105 kilos de cocaína, distribuidos en 107 paquetes, con una capacidad de producción de 782.796 dosis, según detallaron los fiscales.
Con este hallazgo, se produjo la detención de los tres acusados y el secuestro de sus teléfonos celulares, de los cuales se extrajo información que confirmó la responsabilidad penal de los imputados en el transporte de estupefacientes.
En tal sentido, la auxiliar fiscal detalló aspectos relacionados a la ruta de viaje que los acusados hicieron, la que quedó de manifiesto al cotejar los impactos de sus teléfonos en las antenas de telefonía celular ubicadas en las rutas por las que circularon.
Siete viajes y una “habitualidad delictiva”
Asimismo, del mismo informe pericial se pudo establecer que no era el primer viaje que los imputados habían realizado, sino que ya habían realizado siete, los últimos tres en octubre de 2024, es decir, un mes antes de ser detenidos, lo que para la fiscalía indica la “habitualidad delictiva” de los acusados.
Altamirano se refirió a los mensajes que cruzaron Portal, quien hacía de “coche puntero” con una diferencia aproximada de 50 minutos con respecto al auto conducido por Villegas, que venía por detrás.
En uno de esos contactos, Portal le envió al transportista un mensaje que decía “acceso norte limpio”, con el cual la fiscalía probó el rol que tenía el conductor de la camioneta Toyota en la maniobra de narcotráfico.
No era el primer viaje que los imputados habían realizado, sino que ya habían realizado siete, los últimos tres en octubre de 2024, es decir, un mes antes de ser detenidos, lo que para la fiscalía indica la “habitualidad delictiva” de los acusados.
Situación patrimonial y financiera
La fiscal auxiliar también hizo referencia al patrimonio de los imputados, pues según lo reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Villegas figura como titular de 12 vehículos, cinco de los cuales se sumaron en los últimos dos años.
Entre esos rodados, aparecen dos camionetas, otros dos automóviles tipo sedán y un camión Mercedes Benz adquirido en noviembre del 2024 por un valor de 128 millones y medio de pesos, lo cual, según explicó la fiscalía, no condice con las categorías de ingresos que el imputado registraba en materia de monotributo. Tampoco se observaba endeudamiento informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni la toma de deuda del investigado en las entidades financieras informantes, que puedan justificar el origen de los fondos para tales adquisiciones.
En relación a Betancur Calapiña, el reporte destacó que la ahora condenada es titular de dos vehículos adquiridos en los meses de julio y noviembre de 2024: una camioneta Toyota Hilux y el auto Nissan Sentra en el que transportó la droga. En cuanto a su situación financiera, tampoco registra actividades económicas, ni ingresos en relación de dependencia, ni se encuentra inscripta en impuesto alguno. Por ello, la fiscalía sostuvo que sus bienes registrables no guardaban relación con sus ingresos.
Portal, en tanto, registraba tres vehículos: una camioneta Ford Ranger, otra Fiat Fiorino y la Toyota Hilux que conducía cuando fue detenido. En cuanto a su perfil financiero, las sospechas también quedaron fundadas, pues, si bien registra ingresos como empleado municipal en la capital jujeña, sus remuneraciones no guardaban relación con los bienes registrados.