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La denuncia presentada meses atrás por Débora Sánchez contra Sergio Chibán, actual presidente de la Agencia Salta Deportes, fue archivada. La decisión se conoció recientemente y fue blanco de críticas de la denunciante.
En diálogo con El Tribuno, Sánchez relató que los hechos ocurrieron durante una reunión a la que fue citada de manera urgente por una abogada vinculada al entorno de Chibán. Según su testimonio, la convocatoria se realizó vía WhatsApp y quedó registrada. Al llegar al encuentro, afirmó que la estaban esperando funcionarios públicos y Marcos Milinkovic, exintegrante de la selección argentina de vóley. La dirigente deportiva explicó que acudió con la expectativa de tratar cuestiones vinculadas al acompañamiento a selecciones juveniles y proyectos deportivos, pero que el contenido de la reunión fue completamente distinto.
De acuerdo con su relato, en ese ámbito se le solicitó que firmara documentación para canalizar fondos públicos a través de la asociación que presidía, con el objetivo de derivarlos a un fideicomiso. Sánchez sostuvo que se negó a firmar porque los fondos debían ser administrados por la comisión directiva de la asociación y porque el proyecto excluía de manera explícita al vóley femenino. "Me dijeron de manera literal que no iba a haber ni un peso para el femenino", afirmó.
Poder político y vínculos personales
A partir de esa negativa, describió que la reunión derivó en una situación de extrema tensión. Habló de violencia verbal, expresiones intimidantes y una actitud que, según relató, estuvo "muy cerca" de transformarse en violencia física. Sostuvo que se sintió acorralada y que Chibán habría hecho referencias a su poder político y a sus vínculos personales, lo que incrementó su sensación de vulnerabilidad. "Yo soy una ciudadana común, no estoy acostumbrada a vivir situaciones así", expresó.
Sánchez negó de manera enfática haber amenazado a Chibán y rechazó las versiones que la señalaron como agresora. Aseguró que nunca tuvo intención de confrontar y que, por el contrario, fue ella quien quedó expuesta luego de que el funcionario realizara una denuncia en su contra. También cuestionó que se pusiera en duda su rol como presidenta de la asociación, pese a haber sido electa por unanimidad de los clubes.
El encuadre del caso
La denuncia presentada por Sánchez dio origen a una investigación penal. En una primera etapa, la Fiscalía dispuso medidas de protección a su favor, entre ellas una restricción de acercamiento y la entrega de un botón antipánico, que continúan vigentes. Sin embargo, la causa fue posteriormente archivada. Según el abogado Oscar Perdro Guillén, esa decisión no fue notificada formalmente ni a la denunciante ni a sus abogados.
El abogado de Sánchez sostuvo que el caso excede ampliamente un conflicto personal y denunció un cuadro de violencia institucional. Afirmó que la denunciante fue citada "a propósito" por una abogada del entorno estatal, que al llegar se encontró con dos hombres de gran contextura física y funcionarios públicos, y que esa asimetría de poder es central para entender lo ocurrido.
"Protección de los funcionarios públicos"
Guillén cuestionó que, pese a la existencia de testigos propuestos por la defensa, la Justicia no los haya citado. También sostuvo que no se incorporó una grabación realizada durante la reunión denunciada. "Se produjo una revictimización evidente y una protección posterior de los funcionarios públicos", afirmó.
El abogado explicó que, desde su perspectiva, los hechos no se limitan a una situación de violencia verbal o simbólica. Sostuvo que hubo una presión concreta para que Sánchez hiciera algo contra su voluntad: aceptar un esquema de manejo de fondos públicos que ella rechazó. "Aplicar violencia para que alguien haga o deje de hacer algo constituye el tipo penal de la coacción, que es más grave que la amenaza", señaló.
En ese sentido, Guillén afirmó que la denuncia ingresó inicialmente al fuero de violencia de género, pero que fue derivada "en el acto" a delitos económicos a partir de manifestaciones atribuidas a Chibán sobre supuestas cuestiones patrimoniales que -según remarcó- no formaban parte del objeto de la denuncia. Para la defensa, esa derivación fue el primer indicio de que la investigación no avanzaría de manera integral.
Sobre unos chats que se difundieron sobre una supuesta maniobra contra Chibán en los que aparece Guillén, el abogado negó que esas conversaciones privadas tengan ese fin y dijo que fueron recortadas para que tenga peso esa idea. Negó incluso conocer a varias de las personas implicadas. Sostuvo que siempre se buscó desviar el foco real, que es la denuncia que hizo Sánchez.
Contratos verbales, sin mirar
Guillén apunta al reconocimiento público, por parte de Chibán, de la existencia de un contrato verbal con Milinkovic. Según el abogado, ese reconocimiento resulta de extrema gravedad institucional. Sostuvo que, en un Estado de Derecho, el comportamiento de los funcionarios públicos está reglado y que toda contratación debe estar respaldada por actos administrativos formales.
Guillén afirmó que, según la información disponible, ya se habrían realizado pagos millonarios sin que exista resolución, decreto, contrato escrito ni documentación que establezca las condiciones laborales, la contraprestación, los plazos, los horarios o los mecanismos de control. "No se sabe cuántos días trabaja, en qué horario, cuál es su prestación, ni qué tribunal podría intervenir ante un incumplimiento", enumeró.
Para el abogado, el hecho de que un funcionario reconozca públicamente un contrato verbal financiado con fondos públicos constituye, como mínimo, un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aclaró que, hasta el momento, no se promovió ningún reclamo patrimonial, pero advirtió que esos hechos podrían habilitar otras investigaciones independientes de la denuncia.
Un año de angustia, miedo y aislamiento
Sánchez relató que atravesó un año de profunda angustia, miedo y aislamiento, que mantuvo activas las medidas de seguridad dispuestas por la Justicia y que redujo drásticamente su exposición pública. También expresó su malestar por lo que consideró un silenciamiento del trabajo desarrollado por la asociación que preside, integrada -según explicó- por personas que trabajan de manera voluntaria y sostienen actividades deportivas, inclusivas y comunitarias.
Pese al archivo de la causa penal, la defensa confirmó que continuará impulsando el expediente en el fuero civil y que aguarda una eventual revisión de la decisión de archivo. Guillén expresó su expectativa de que las instancias superiores actúen "con sensatez" y cuestionó la naturalización pública de conductas que -según sostuvo- deberían ser objeto de un control institucional exhaustivo.