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La justicia federal de San Isidro rechazó los pedidos de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar una organización que extorsionaba a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. La resolución fue firmada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en línea con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro.
Según la investigación, la banda actuó al menos entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado. Está integrada por tres hombres detenidos —dos en la Unidad 36 de Magdalena y otro en la Unidad 26 de Lisandro Olmos— y cuatro mujeres arrestadas tras allanamientos realizados en el conurbano bonaerense, además de otras personas aún no identificadas. A todos se les atribuye haber conformado una asociación ilícita destinada a obtener transferencias de dinero mediante intimidaciones, simulación de autoridad pública e invocación de órdenes falsas. A los presuntos cabecillas, además, se les imputó la instigación al suicidio del granadero Rodrigo Gómez.
La causa se inició el 16 de diciembre, después de que Gómez, de 21 años, fuera hallado sin vida en una garita de la residencia presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. De acuerdo a la reconstrucción del caso, el joven se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión. A partir de la investigación coordinada entre fiscalía, juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal, se determinó la modalidad de actuación del grupo y se identificó a sus presuntos integrantes.
La maniobra consistía en crear perfiles falsos de mujeres en apps de citas —entre ellas "Evermatch"— para atraer a las víctimas y llevar la conversación a WhatsApp. Luego llegaba un audio de una supuesta madre que advertía que la joven era menor de edad y que iba a denunciarlos. En un tercer paso, un hombre que se hacía pasar por policía de la Ciudad llamaba para exigir dinero con el argumento de "ayudar con la situación" y evitar la denuncia.
Hasta ahora se atribuyen tres hechos. En el caso del granadero Gómez, habría sido obligado a transferir 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre. El 26 de diciembre, otra víctima transfirió 15.000 pesos a una cuenta registrada a nombre de una imputada. Y entre el 22, 27 y 28 de diciembre, un tercer damnificado depositó 116.000 pesos en cuentas de dos de las mujeres investigadas.
El 9 de febrero se ordenaron siete allanamientos, tres en unidades penitenciarias y cuatro en domicilios del conurbano, donde fueron detenidas las cuatro mujeres. Las defensas de tres de ellas pidieron excarcelación, pero la fiscalía se opuso al considerar la gravedad del caso.
Los argumentos
La posible existencia de más víctimas, el desenlace fatal del granadero y el riesgo de entorpecimiento, ya que restan medidas de prueba, entre ellas los peritajes de los celulares secuestrados, fueron los motivos para denegar el pedido de las imputadas.
La jueza Arroyo Salgado coincidió y remarcó la presunta existencia de un grupo con "gran capacidad organizativa", lo que —según sostuvo— refuerza el peligro de entorpecimiento de la pesquisa y de reiteración delictiva.