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El juicio contra veinte acusados por integrar una red narcocriminal en la cárcel de Villa Las Rosas tuvo este miércoles un testimonio clave: un exinterno relató que entre 2020 y 2023 su madre y su hermana transferían dinero a distintas cuentas para que él pudiera acceder a un celular con servicio de internet. Explicó que los datos de los CBU, los montos a transferir y el tiempo de conexión habilitado se entregaban anotados en papeles dentro del penal.
El testigo dijo que llamaba a sus familiares desde el teléfono fijo de la cárcel o desde el mismo celular prestado para pedir las transferencias. Reconoció que nunca preguntó de quién eran los teléfonos para evitar problemas. En su declaración previa en fiscalía había calificado al Servicio Penitenciario como “feroz, corrupto y perverso” y apuntado a un agente como “cabecilla” de la maniobra que permitía ingresar teléfonos y drogas. Según sostuvo, este funcionario no era requisado por su cargo jerárquico y cobraba además por beneficios como salidas extramuros o mejores calificaciones de conducta.
También había señalado que dos celadores facilitaban el ingreso de celulares y estupefacientes durante los cambios de guardia, aprovechando esa “ventana de tiempo” para el contrabando. Ante sus evasivas en la audiencia de este martes, el tribunal ordenó su demora hasta mañana bajo custodia.
Otros testimonios en la jornada
Además, declaró una funcionaria penitenciaria que en 2022 y 2023 era jefa del sector de requisas. Explicó que el personal era controlado con palpaciones y escáner de pertenencias al ingresar, y que las requisas sorpresivas se realizaban en distintos sectores por orden del director.
Un encargado de pabellón que trabajó entre 2022 y 2024 relató que los pedidos de beneficios de los internos se canalizan a través de los jefes de pabellón, quienes llevan los registros de conducta y conceptos de cada detenido. Aclaró que los encargados no manejan documentación personal de los reclusos.
La causa y los imputados
El tribunal está compuesto por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público actúan el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Los funcionarios penitenciarios imputados enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada en un lugar de detención y asociación ilícita. Los demás acusados, entre internos y familiares, fueron señalados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, en concurso real.