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Las nuevas generaciones se encuentran atraídas por la denominada Inteligencia Artificial (I A), y se pretende, también desde la docencia, trabajar con ella.
Creo firmemente que todo avance tecnológico contribuye al desarrollo sostenible. Y este desarrollo para ser sostenible tiene que ser económico, ambiental y social. Y es en este último punto al que me quiero referir en esta ocasión. Sobre todo, en mi calidad de abogado, pensando en los Derechos Constitucionales, cómo se verían afectados, o no, con el uso simple y llano de la IA.
Para el Derecho Constitucional argentino, la inteligencia humana y la inteligencia artificial generan un conjunto de interrogantes y potenciales líneas de evolución jurídica, social y filosófica.
Constitución nacional
El Derecho constitucional en la Argentina se basa en la Constitución Nacional, sancionada en 1853, reformada varias veces, siendo la última en 1994, en la que se incorporaron, con jerarquía constitucional, los tratados internacionales Derechos Humanos.
Los principios fundamentales - como los derechos y garantías individuales, la división de poderes, el debido proceso, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad— constituyen el marco jurídico superior. En este contexto, el Estado argentino tiene la obligación de salvaguardar derechos fundamentales ante cualquier tipo de vulneración, ya provenga de agentes estatales, privados o de nuevas herramientas tecnológicas.
La inteligencia humana ha sido tradicionalmente la base de la elaboración normativa, de la interpretación de la ley y de su aplicación. La labor del legislador, del juez, del abogado y del doctrinario se asienta en la capacidad humana de razonar, ponderar principios, valorar el contexto, y tomar decisiones fundamentadas en la justicia, la equidad y la coherencia del ordenamiento. Esta inteligencia humana integra aspectos cognitivos, emocionales y éticos, siendo un pilar esencial para el mantenimiento de la legitimidad del sistema constitucional.
IA, herramienta y desafío
La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a incidir en diversos aspectos de la vida social y jurídica. A nivel constitucional, esto plantea desafíos en varios sentidos:
Protección de derechos y libertades: El uso de IA en la toma de decisiones, en la vigilancia masiva o en el procesamiento de datos a gran escala puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión y la presunción de inocencia. La jurisprudencia constitucional argentina deberá adaptar sus criterios a un nuevo escenario tecnológico en el que se combinan algoritmos y sistemas automatizados con la labor humana.
Acceso a la justicia y eficiencia judicial: la IA podría utilizarse para agilizar trámites, sugerir resoluciones preliminares, detectar patrones en casos complejos o asistir a jueces y abogados. Estas herramientas podrían contribuir a un sistema judicial más eficiente y reducir la mora, pero a la vez exigirán garantizar transparencia en los algoritmos, responsabilidad legal y control humano de las decisiones.
Principio de igualdad y no discriminación algorítmica: La Constitución argentina prohíbe discriminaciones arbitrarias. Las IA entrenadas con datos sesgados pueden reproducir estereotipos, generando decisiones injustas contra ciertos grupos (por ejemplo, en ámbitos laborales, crediticios o penales). La obligación estatal será asegurar que la IA empleada en áreas que afectan derechos constitucionales esté sujeta a auditorías, estándares técnicos, control jurisdiccional y principios de equidad.
Libertad de expresión y gobernanza de la información: la IA aplicada a redes sociales y medios digitales puede impactar la libre circulación de información y la formación de la opinión pública. Un Estado democrático debe asegurar que la IA no se convierta en un instrumento de censura o manipulación sistemática del discurso público, al tiempo que debe encontrar mecanismos constitucionalmente legítimos para moderar contenidos dañinos, discurso de odio, desinformación o injerencia extranjera.
La relación entre el factor humano y el factor tecnológico: No se trata simplemente de sustituir la inteligencia humana por IA, sino de complementar capacidades. Los estándares constitucionales argentinos han sido forjados sobre la base de la razón y la deliberación humanas. La IA ofrece una potencia de cómputo y análisis de datos muy superior, pero carece de moralidad intrínseca, empatía o comprensión del contexto social en el sentido humano. Esto conduce a la necesidad de mantener siempre al ser humano en el centro de las decisiones que afecten derechos fundamentales, y utilizar la IA como una herramienta auxiliar sujeta a marcos legales claros.
Regulación y adaptación constitucional
La Constitución argentina, como toda norma fundamental, es un texto relativamente estable, pero su interpretación se ve forzada a evolucionar ante nuevos fenómenos tecnológicos. La irrupción de la IA exige:
Legislación y jurisprudencia actualizada: Leyes complementarias y reglamentaciones específicas que establezcan responsabilidades claras, límites a la recopilación de datos, mecanismos de control sobre decisiones automatizadas y derechos de los individuos frente a la IA.
Control judicial y administrativo efectivo: Los órganos jurisdiccionales y entidades reguladoras deben tener capacidades técnicas y conocimientos suficientes para evaluar la legalidad y constitucionalidad del uso de IA.
Debate público y multidisciplinario: El desarrollo de la IA y sus implicancias constitucionales no puede ser decidido únicamente por expertos técnicos o juristas; requiere la participación ciudadana, de la sociedad civil, de las universidades y de otros actores, asegurando un debate democrático sobre la relación entre tecnología y derechos.
En suma, el Derecho Constitucional argentino, la inteligencia humana y la inteligencia artificial se encuentran en un punto de intersección crucial. La IA no solo desafía las nociones tradicionales de derechos y libertades consagradas en la Constitución, sino que también ofrece oportunidades para mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia. El reto central consiste en lograr un equilibrio: mantener y fortalecer los valores constitucionales, la dignidad humana y los derechos fundamentales, al mismo tiempo que se aprovechan las ventajas de una tecnología en constante evolución.
Bien entendido significa, que la IA no vino a reemplazar a la Inteligencia Humana, sino a colaborar en agilizar trámites, quizás, en temas más formales, pero en los temas de fondo, en las valoraciones, en los que la ética interviene no reemplazara a la inteligencia humana.
Los humanos deberemos resguardar los valores de la Argentina, la ética de las profesiones, la ética humana en todas las fases de la conducta, familiar, social, grupal, cívica.
La nueva técnica es muy valiosa, colabora grandemente con el accionar del ser humano, pero este no debe perder su condición de tal.
Y lo que nos diferencia a los seres humanos, es precisamente eso, que debemos tener ética, valores, en todo nuestro accionar.
Algo que debemos profundizar, comprender y aprender desde la infancia, hasta el fin de nuestros días. Porque será la única forma de lograr un mundo en Paz.