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Los fueros parlamentarios son una inmunidad del Congreso o de la Legislatura, como poderes del Estado, para poner límites a los otros poderes. "Privilegio", en el sentido estricto, son las medidas de seguridad y asistencia sanitaria, exclusivas del presidente, su familia y otros altos magistrados, que no están referidas a sus personas particulares sino a la investidura que representan.
Los fueros, en cambio, son una garantía constitucional para que la división de poderes esté regulada a prueba de abusos, especialmente, sobre la oposición y la crítica.
Son sobrados los motivos para consolidar esas garantías. El más fuerte es la tentación monárquica que parece invadir a quienes, una vez que degustan los placeres del poder, intentan eternizarse y, además, ampliar sin límites sus atribuciones. El presidencialismo, que se replica en gobernadores e intendentes, convierte progresivamente a la república en monarquía, a la democracia en dictadura y a las leyes en verdaderos privilegios del poderoso. Es decir, poco a poco, los municipios, las provincias y la Nación se van convirtiendo en feudos.
El escándalo protagonizado por el senador entrerriano Edgardo Kueider es muestra de la fragilidad de la política argentina. La historia de este legislador, al menos como se la va reconstruyendo ahora, sería una cadena de sistemáticas violaciones al orden legal, amparado, sin duda por el poder político y no, como se quiere hacer suponer, por los fueros. El está preso en Paraguay porque fue encontrado en flagrancia, es decir, cometiendo un delito. Y si hubiera sido detectado en nuestro territorio en una situación similar, y si se cumpliera al pie de la letra la normativa de los fueros, también estaría detenido. Porque los fueros amparan absolutamente el derecho de opinión de los legisladores y el derecho a no ser detenidos por ninguna causa, salvo que caigan en flagrancia, como ocurre en este caso.
Otros casos, como el de Cristina Kirchner, que con doble condena puede ser candidata, tal como ocurrió con Carlos Menem, es un déficit del poder político. Cuando, entre bambalinas, aparentes adversarios se alían para forzar las leyes, las leyes pasan a ser decorativas. Y cuando las leyes son ambiguas o laxas, se constituyen en instrumentos frágiles que tanto el poder ejecutivo como el judicial pueden sortear.
El naufragio del proyecto de ley de "ficha limpia" es una muestra de esa connivencia.
"El poder tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente" escribió en abril de 1857 el intelectual inglés Sir John Dalberg-Acton.
El mismo criterio expuso el filósofo político francés Charles Louis de Secondat, el Barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes (1748). La división de poderes era necesaria para garantizar la libertad de los ciudadanos y se basa en la idea de que las funciones del Estado deben distribuirse para evitar el poder absoluto.
Los fueros, una normativa de raíces medievales, fueron creados para evitar la persecución de los poderosos sobre los opositores. La contrapartida de este criterio republicano la ofrece hoy, obscenamente, la dictadura de Maduro en Venezuela.
Pero la concentración de poder, la eliminación de las disidencias y la presión sobre los medios de comunicación es una tentación muy fuerte de quienes ejercen las jefaturas de Estado, las gobernaciones y las intendencias.
Cooptación de legisladores opositores de tal manera que con apenas el 40% de los votos ciudadanos un gobierno pueda construir mayorías absolutas en el parlamento es la misma trampa que si se adulteraran los resultados electorales. Es una forma de carcomer por dentro la independencia de un poder. De ese modo, el gobernante se asegura el control total de las auditorías que deberían controlarlo a él, que son elegidas por los parlamentos, o los acuerdos a jueces afines, al margen de la calidad jurídica o la solvencia ética de los beneficiados.
El poder concentrado tiende a eliminar las voces críticas. Por eso, los medios de comunicación profesionales e independiente se convierten en un obstáculo insoportable. Los populismos, de derecha y de izquierda, cuando no logran dominar al parlamento, denuncian a la oposición como "la máquina de impedir". Del mismo modo, cuando no logran cooptar plenamente a los medios de comunicación y a la justicia, los responsabilizan por sus fracasos.
¿Cuál es el sentido de que hoy, tanto el gobierno nacional como el provincial quieran reformar o eliminar los fueros parlamentarios? Es la intolerancia al derecho de expresarse de los legisladores.
La inmunidad parlamentaria es esencial a la democracia, como lo son la libertad de expresión, de opinión y de información. Un opositor tiene el deber de cuestionar al gobierno. En realidad, oficialistas y opositores, en el parlamento, tienen el deber de responder a los derechos de los ciudadanos que los eligieron.
La Argentina logró mantener el sistema democrático, representativo y republicano durante cuatro décadas. Algo inédito. Sin embargo, lo que no logra es desarrollar una cultura de la ética y del Derecho, porque la práctica política no ha internalizado el espíritu de la democracia de la solidaridad nacional. La dirigencia, en general, se está adentrando en un cambio de era, a nivel global, arrastrando vicios y desmesuras que solo pueden llevar por el peor de los caminos.