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El 27 de junio de 1999 El Tribuno publicó el primero de 56 informes periodísticos con los que denunció la existencia de un millón de minas antipersonales y antitanques que seguían sembradas en las fronteras cordilleranas de Chile con Argentina, Bolivia y Perú desde los tensos años setenta.
Aquella investigación, con la que un equipo periodístico de este diario desnudó a lo largo de ese año presencia de "silenciosas asesinas" en 193 pasos minados, dio voz a víctimas calladas de "la guerra que no fue" y movió el desminado de "las fronteras explosivas" de la región, había arrancado el 26 de marzo de 1999. Ese día, tras darse en el volcán Llullaillaco con la expedición arqueológica encabezada por el estadounidense Johan Reinhard, el periodista Antonio Oieni, el fotoreportero Osvaldo Stigliano y el chofer Oreste Ruggeri se disponían a bajar hacia Tolar Grande por el trayecto que presumían más corto y menos riesgoso. En esas circunstancias, tres guías andinos que acompañaban a la expedición que extrajo a los "Niños del Llullaillaco" les advirtieron que ese flanco fronterizo estaba plagado de minas antipersonales y antitanques. "¿Minas?". Esa pregunta que el equipo periodístico expresó con más temor que asombro fue el disparador de una minuciosa investigación que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció en 2000 con el Premio a la Excelencia en Periodismo en Profundidad. La distinción, auspiciada ese año por los diarios The Miami Herald (Estados Unidos) y The Globe and Mail (Canadá), fue entregada en Santiago de Chile. Entre los jefes de Estado que asistieron a aquella asamblea general de la SIP, resaltó la presencia del entonces presidente chileno, Eduardo Frei, quien meses antes había afirmado, ante una requisitoria periodística de El Tribuno, que Chile retiraría las cientos de miles de silenciosas asesinas que habían dejado enterradas las fuerzas armadas de su país en tiempos de dictaduras.
El desminado de los pasos cordilleranos se inició en diciembre de 1999 en Tambo Quemado, un área fonteriza de Chile con Bolivia, y se extendió en los siguientes años desde Jama (Jujuy) hasta Cabo Vírgenes (Santa Cruz), como así también en el borde limítrofe de Arica con Perú. En mayo de 2020, el presidente Sebastián Piñera comunicó la limpieza total de los campos minados a los Estados partes de la Convención de Otawa, tras 20 años de esfuerzos continuados por los gobiernos de Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (primer mandato), Piñera (primera gestión), Bachellet (segunda administración) y Piñera (segundo mandato).
Los informes que publicó El Tribuno entre el 27 de junio y el 6 de diciembre de 1999 fueron incorporados a "Landmine Monitor", reporte de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL) y base del mapa global de campos minados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los costos de la guerra que no fue
Una camioneta destruida por una mina antitanque en el área de Paso del Inca, tomada el 3 de agosto de 1999 por la cámara del recordado Osvaldo Stigliano, en las cercanías del volcán Socompa. Su conductor fue una de las tantas víctimas de un horror sembrado en épocas de dictaduras y un imperdonable olvido que perduró por más de dos décadas en tiempos de democracias.
Dos presidentes incomodados
El 19 de agosto de 1999, los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei inauguraron el gasoducto Atacama. Desde las vallas que apartaban a la prensa acreditada, un periodista de El Tribuno les entregó una carpeta con testimonios del horror causado por las minas antipersonales y antitanques en los pasos cordilleranos. Al día siguiente, ambos jefes de Estado suscribieron un compromiso y Frei ordenó iniciar la remoción de los explosivos.