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Por Humberto Vázquez
Hemos podido ver azorados una noticia sobre la imputación por intimidación pública y peculado, contra el diputado nacional Emiliano Estrada por parte de la Fiscalía Penal provincial "especializada" en ciberdelitos. Se pone en clara evidencia la falta de racionalidad y razonabilidad jurídica en los actos aciagos desplegados, donde se deja al descubierto que la división del Poder (República) en funciones (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no existe, por la inequívoca injerencia y copamiento del Ejecutivo Provincial sobre la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que a su vez desnuda, sin escrúpulo alguno, la aniquilación del servicio de acceso a la Justicia. Realizar este tipo de imputaciones, sin fundamento fáctico ni legal, y por instrucciones desde el Poder Ejecutivo, sobre la base del pretexto de publicaciones extraídas de la red social Tik Tok, y que constituiría el delito de intimidación pública, es una aberración jurídica sin precedentes.
En primer lugar porque dicho delito alude "a infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos", lo que de ninguna manera puede atribuirsele al diputado nacional. Y en segundo lugar, porque la Fiscalía en Ciberdelitos y la Justicia provincial son incompetentes en razón de la materia para entender en estas cuestiones penales, lo que así ha sido ratificado en reiterados fallos por la Corte Suprema de la Nación. La competencia en material federal en este tipo de hechos está determinada para todos los casos, en donde se advierte la interrupción del servicio público interjurisdiccional de telecomunicaciones (correos electrónicos, redes sociales, bases de datos de Internet, teléfonos móviles, etc.), quedando en consecuencia habilitada la competencia del fuero de excepción federal. Esto quiere decir que el Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial de Salta se arrogan prerrogativas o facultades propias, exclusivas y excluyentes de la Nación, colocándose en la condición de transgresores penales al usurpar competencia federal.
A este abuso de poder y aberración jurídica, se le suma la gravedad político institucional que sin duda alguna se equipara al terrorismo de Estado, por lo que resulta imprescindible recordar el uso de la violencia estatal al servicio de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la población a través de diversos mecanismos represivos, con miles de personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura y vigilancia. Se utilizó el terror como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante. La violencia ejercida desde el Estado se convirtió en práctica recurrente como «regla de dominación política y social». Se trató entonces de una acción sistemática fuera de todo marco legal. La violencia política ejercida contra quienes eran identificados como enemigos del régimen operó de manera clandestina. De modo que la dictadura no solo puso en suspenso los derechos y las garantías constitucionales, y a la Constitución misma, sino que decidió instrumentar un plan represivo al margen de la ley. El Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad civil.
Hoy en Salta, la Fiscalía Penal "especializada" en ciberdelitos, cumple las tareas de persecución política de opositores, como ocurre con el diputado nacional Emiliano Estrada, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general con opinión adversa al gobierno provincial, con una simulación deleznable de acciones judiciales a través del MPF y la Justicia provincial, que sin duda alguna, es el equivalente a aquel terrorismo de Estado, pero que ahora aparenta o finge una acción legítima o legal.