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El número de pedidos de quiebra de personas físicas en Salta registra un crecimiento sostenido desde hace ocho años y en 2025 ya superó los 120 casos, de acuerdo con las cifras estimadas por la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini.
En diálogo con Radio Salta, la magistrada confirmó que "la situación es complicada en el sentido de que crecieron los pedidos de propia quiebra de personas humanas. No puntualmente en el último año, sino que es un proceso que se inició en 2017, 2018, y va creciendo sostenidamente".
La jueza describió con claridad el tipo de solicitante que más recurre a esta alternativa judicial: "Hay un patrón de personas que no tienen bienes registrables, no tienen automotores, no tienen bienes inmuebles, tienen un empleo en relación de dependencia, y sí, el pasivo, las deudas, tienen causa en créditos con bancos, financieras, tarjetas y de consumo". Consultada sobre si predomina algún sector, Ambrosini respondió que "en general, la mayoría son empleados públicos".
El proceso
El procedimiento que se aplica es el mismo que para una empresa, dado que la actual ley no contempla diferencias entre personas físicas y sociedades comerciales. "No tenemos una legislación que distinga cuando la insolvencia la enfrenta una sociedad comercial o una persona humana. Entonces, el procedimiento lamentablemente que hay que aplicarle es el mismo", sostuvo.
El trámite requiere que la persona presente su propia quiebra con un abogado, y si se cumplen los requisitos, el juez dicta la sentencia. "En estos casos puntuales donde no hay bienes a liquidar, se les embarga el 20% del salario durante un año y, con eso que se junta, se reparte a los acreedores que se hayan admitido en el pasivo", explicó Ambrosini.
Sin embargo, la magistrada aclaró que el descuento no alcanza a cubrir la deuda: "No se llega a pagar, eso se lo aseguro, nunca se llega a pagar. Lo que sucede ahí es que se clausura la quiebra, lo que significa que se suspende el procedimiento, pero no termina el estado carencial. La persona sigue quebrada". El expediente queda abierto durante dos años más a la espera de que aparezca un nuevo activo. "Si eso no sucede, recién ahí concluye el procedimiento carencial", detalló.
En la práctica, lo que está ocurriendo en Salta es que, frente a la imposibilidad de sostener un plan de pagos, muchos optan directamente por la quiebra: "El estado de cesación de pagos es de tal envergadura que no hay ninguna posibilidad de someterse a una solución preventiva y directamente piden que se les declare su propia quiebra y abrir el proceso liquidativo. Eso es lo que está pasando", puntualizó.
No es un "negocio"
Ambrosini fue categórica al rechazar la idea de que pedir la quiebra personal sea una forma de sacar ventaja. "No es un negocio, porque la ley no es fácil de burlar. Yo lo que les estoy contando es cómo funciona este procedimiento y al que acude la gente de buena fe. Por supuesto que deben existir casos donde no existe buena fe y se hace con ánimo defraudatorio. Pero para esos casos está prevista la legislación penal que tiene otras consecuencias", afirmó.
Y agregó: "No se trata de concluir que uno se endeuda y después pide su propia quiebra, le descuentan el 20% del salario durante un año y queda cero kilómetros. No es así. El abuso del derecho y el fraude están previstos, y los jueces advertimos esas situaciones. Tienen consecuencias civiles y penales".
Segunda oportunidad
La jueza también vinculó este crecimiento a un cambio cultural en la forma en que los deudores encaran la insolvencia. "Antes no se les ocurría recurrir a esta figura. Si bien la ley no está prevista para esto, en todo el país los abogados fueron encontrándole la vuelta a la insolvencia de las personas humanas pidiendo la propia quiebra", indicó.
Para muchos, se trata de la posibilidad de "volver a empezar". Para Ambrosini: "Tal vez pasaron 10 años de su vida con ahogo financiero. Entonces, asumida esta enfermedad, que es la insolvencia, han encontrado en esta herramienta una forma de tener una segunda oportunidad".