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Tras la media sanción de Diputados a la prohibición de ingreso a casinos para beneficiarios de planes sociales, especialistas y legisladores advierten falencias técnicas, posibles vicios de inconstitucionalidad y restricciones discriminatorias.
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta remarcó que, más allá de la buena intención del proyecto, la norma debe ser revisada por establecer restricciones que podrían resultar discriminatorias y de difícil aplicación.
"El proyecto debe ser mejorado desde lo técnico, pues hay cuestiones que alientan a pensar su inconstitucionalidad", sostuvo. Y agregó que la propuesta tiene una "naturaleza punitiva" que "pareciera establecer a priori, una discriminación de todo aquel que reciba asignaciones, subsidios o beneficios asistenciales (de todo tipo), prohibiendo ingreso o permanencia a lugares donde se ejerce una actividad legal, con la presunción de que se jugará todo el dinero obtenido, y no la conducta de dilapidar ese dinero, algo difícil de determinar".
Aguirre Astigueta aclaró que no objeta el espíritu del proyecto, pero sí la manera en que se lo intenta instrumentar. "No cuestiono la buena intención del propósito perseguido por la ley; lo que comienza a aparecer como cuestionable, de la lectura del proyecto, son los medios empleados para lograrlo", indicó.
El diputado José Gauffin (bloque Independencia), quien votó de forma negativa el proyecto, precisó: "El cuestionamiento que le hice a la Ley es que es parcial porque mira solamente, por decir, el problema del juego, y la ludopatía, en definitiva, cuando podríamos decir que se puede incluir también a que la prohibición de comprar alcohol porque también el alcoholismo es un problema que destruye la familia y también por ejemplo la droga, el tabaco, son temas que generan una adicción".
Gauffin agregó que la medida "es discriminatoria porque esta mirada es tan de Estado paternalista que dice 'yo te cuido, no quiero que gastes en esto porque en definitiva quiero que la plata le llegue a mi hijo, ¿no?'. Juego hay en todos lados, por lo que es impracticable la medida: no solamente hay juegos en un casino donde se ingresa, sino también hay juego online, ilegal. Hay juego legal en cada esquina en los barrios con las máquinas lotéricas. Es poco práctica porque el juego está en todos lados y solo hace mención a un tipo que son los casinos. Por supuesto que recorta libertades, la libertad es un bien que hay que cuidar siempre en todos los ámbitos".
En tanto, el diputado Roque Cornejo (La Libertad Avanza) señaló: "En la discusión del día de ayer (martes) nosotros hemos presentado en el recinto modificaciones, aduciendo que si consideran que es constitucional ese tipo de prohibiciones, también deberíamos incluir que los políticos no puedan ser atendidos en clínicas privadas o que vivan en barrios privados. Luego también hay un grave peligro con la utilización de las bases de datos, por este motivo no la veo posible en su en su concreción por la Ley de Protección de Datos Personales".
Y advirtió que "la ley introduce una diferenciación basada en el estatus socioeconómico del individuo, al crear la categoría 'beneficiario de asistencia social no contributiva' como un grupo prohibido. La ley presupone que la percepción de un beneficio asistencial implica intrínsecamente una incapacidad para administrar el ocio o el dinero. Para superar el escrutinio constitucional, el Estado de Salta debería demostrar que existe una conexión directa, necesaria y causal entre el estatus de beneficiario de AUH (Asinación Universal por Hijo) y la propensión a malgastar los fondos en juegos de azar".
La diputada Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño), quien dio su voto negativo al proyecto, expresó: "Considero que la forma en la que está redactado está rozando a la discriminación y la inconstitucionalidad. Limitar el ingreso a personas por recibir un beneficio se puede considerar estigmatizante, y esto va contrario al principio de igualdad ante la Ley. Las personas que reciben subsidio siguen siendo ciudadanos con libertad y tienen decisión sobre sus actividades. Las adicciones se tendrían que resolver no con prohibiciones, sino con un abordaje más integral. Para hacer los controles de las personas que vayan a los casinos, le estamos cargando a todo organismo privado un rol que no les corresponde, y esto sería inviable y se manejaría de manera arbitraria".
Puede resultar ineficiente
Aguirre Astigueta citó a un antiguo procurador: "Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder". Y advirtió: "Ese es el riesgo de leyes como esta, que además caigan en la ineficiencia". Además, señaló que la norma presenta falencias técnicas, puede generar discriminación por estatus socioeconómico y resulta difícil de aplicar, ya que presupone que todo el dinero de los beneficiarios será destinado al juego. También remarcó que los fines declarados, como la protección de la infancia y la reducción de la pobreza, no guardan relación clara con los medios elegidos, y que la implementación podría vulnerar libertades individuales y la privacidad de los datos personales. Según su análisis, la ley debería revisarse y considerarse alternativas más proporcionadas.