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El juez de Garantías 2 de Orán, Gustavo Ramiro Morizzio, encabezó el jueves último una inspección ocultar en el pozo petrolero LO-x10, de Lomas de Olmedo, y el área circundante del paraje La Estrella. Allí puesteros denunciaron estragos ambientales y biológicos causados por las fugas del pozo del área Puesto Guardián, concesionada a President Petroleum, empresa hoy declarada en quiebra y desentendida del desastre.
La medida se llevó adelante en el marco de una investigación que la fiscal Penal de Pichanal, Sofía Fuentes, inició en agosto de 2023, cuando lugareños empezaron a denunciar daños en suelos, acuíferos, la flora nativa y la fauna silvestre, además de una gran mortandad de animales de cría.
Las fugas del pozo petróleo que está fuera de control en la concesión petrolera de Pichanal (Orán) se acentuaron de desde marzo último con violentas erupciones.
De la inspección ocultar también participaron la actora civil Marcela Fernández y el querellante en representación de los puesteros afectados, Marcelo Fernández. Además estuvieron presentes especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), encargados de tomar y evaluar muestras, acompañados por personal de Bomberos de la Policía provincial.
El pasado 27 de mayo, en una audiencia, el juez Morizzo intimó a President Petreoleum a presentar un plan de contingencia inmediato. También ordenó ampliar el perímetro de seguridad del pozo, designar un responsable técnico del operativo y crear un Comité de Crisis con intervención de la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. La empresa no se presentó en esa audiencia.
El magistrado ordenó, entre otras medidas, la presentación urgente de la póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), la entrega de un diagnóstico de impacto ambiental y estableció que todos los gastos debían ser "afrontados por la empresa concesionaria, sin trasladar responsabilidades a terceros". Todas las medidas fueron ordenadas bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
Aureliano Reyes, productor ganadero de la finca El Estanque, fue uno de los primeros en denunciar las fugas y la mortandad de cerca de 300 animales, incluidos vacunos, caballos, zorros y aves silvestres.
Pobladores afectados no solo apuntaron contra la empresa operadora, sino que cuestionaron también la falta de reacción de organismos competentes. El antecedente más cercano al desastre de Lomas de Olmedo es el del MdT-14, otro pozo del área Puesto Guardián en Martínez de Tineo, que estuvo fuera de control desde 2006 hasta 2012. Ante sus erupciones, la concesionaria de entonces, Petrolera San José, entabló un contencioso contra YPF para desligarse de sus responsabilidades. La firma ecuatoriana planteo que fue la estatal argentina la que perforó el pozo MdT-14 en los ochenta. La Justicia contenciosa, luego de un largo proceso en tramitado en Buenos Aires, resolvió que YPF debía hacerse cargo del desastre. El sellado definitivo del pozo MdT-14 demandó seis años e intervenciones que costaron más de 30 millones de dólares.
President Petroleum optó por la misma estrategia, con un agravante: a fines de 2024 se presentó en concurso, con una deuda de 61,3 millones de dólares. En agosto último pidió su quiebra y la posterior resolución judicial que la declaró fallida dejó flotando interrogantes sobre quién terminaría afrontando los costos del cierre técnico del pozo LO-x10 y las reparaciones.