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El diputado provincial Juan Esteban Romero presentó un proyecto de ley que propone establecer como requisito de permanencia en la función pública el carecer de adicción a drogas ilegales. La iniciativa, denominada "Test Antidrogas", apunta a que los principales cargos del Estado salteño deban someterse a controles médicos obligatorios para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública.
El test sería obligatorio para el gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, miembros de la Policía hasta el rango de subcomisario y para todos los legisladores provinciales.
Los análisis incluirían rinoscopias, estudios de orina y de sangre, o cualquier otro método que asegure la detección del consumo de drogas ilegales. De aprobarse, los funcionarios deberán realizarse el examen dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, con una periodicidad anual.
El Ministerio de Salud Pública sería la autoridad de aplicación, y los estudios deberían efectuarse en instituciones médicas de la provincia. Los resultados —positivos o negativos— serían considerados "datos sensibles" conforme a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, lo que garantiza su confidencialidad.
En caso de un resultado positivo, el proyecto prevé sanciones diferenciadas: para los funcionarios designados, el cese inmediato en el cargo; y para los electos, la suspensión o revocación del mandato, siguiendo los mecanismos constitucionales.
En los fundamentos, Romero sostiene que la propuesta busca reforzar la ética pública y la confianza ciudadana, asegurando que quienes ocupan cargos de responsabilidad no mantengan vínculos con el consumo de drogas ilegales. "Un funcionario no puede enfrentar el narcotráfico y ser consumidor al mismo tiempo", argumenta el legislador, y agrega que la medida apunta a prevenir posibles vulnerabilidades en la gestión pública.
La diputada Laura Cartuccia, presidenta de la Comisión de Salud, confirmó que el tema será tratado próximamente. "Estamos a la espera de que, cuando le toque el turno al diputado Juan Esteban Romero, se coloque el proyecto en el acta. Cuando eso ocurra y la Comisión de Salud deba dictaminar, lo citaremos nuevamente para que nos explique el alcance de su propuesta, junto a especialistas en la materia", explicó.
Cartuccia consideró que se trata de "un buen proyecto, con un alcance importante", especialmente en el contexto actual. "Es imprescindible que tanto los funcionarios como los legisladores tengamos la ficha limpia. No le veo nada de malo a que debamos someternos a un test, más aún teniendo en cuenta lo que pasa a nivel nacional con funcionarios o candidatos vinculados al narcotráfico", señaló.
La legisladora también sostuvo que los controles contribuirían a fortalecer la transparencia y la confianza pública. "Todo lo que mejore la confianza de la gente y la transparencia en la función pública es un aporte positivo. Además, contamos con la ley nacional de protección de datos, por lo que no puede vulnerarse la privacidad de nadie. Hacerlo sería cometer un delito", advirtió.
Cartuccia estimó que el proyecto podría incorporarse al acta de la comisión en la primera semana de noviembre, y anticipó su apoyo al debate. "Las adicciones y el narcotráfico son problemáticas transversales en toda la provincia. Me parece que somos los primeros que debemos dar el ejemplo. Incluso creo que, además del test, deberíamos incluir exámenes psicológicos y físicos para acceder o permanecer en un cargo público".