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El diputado provincial Juan Esteban Romero anunció que presentará hoy sobre tablas el proyecto de ley de test antidrogas para funcionarios públicos, luego de que la iniciativa no fuera incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados prevista para este martes.
"Mañana (por hoy) hay sesión en la Cámara de Diputados y tenía el cupo comprometido para tratar el proyecto de ley de narcotest a funcionarios públicos. Al ver los proyectos que trataremos veo que no cumplieron con lo acordado y no se animaron a incluirlo. Aun así, los voy a presentar sobre tabla porque creo que la transparencia no puede seguir esperando", expresó el legislador.
Romero sostuvo que la propuesta apunta a instaurar una medida de control y ejemplaridad dentro del Estado: "No hay lucha contra el narcotráfico si la política no se anima a controlarse a sí misma. Es momento de que todas las autoridades de todos los poderes acompañen con hechos y no con discursos vacíos. Si queremos luchar en serio contra el narcotráfico, tenemos que empezar por dar el ejemplo", afirmó.
El diputado adelantó que continuará impulsando el proyecto pese a la falta de acompañamiento de algunos sectores:
"Voy a seguir insistiendo porque el silencio y el miedo no pueden seguir gobernando la política", subrayó.
Los alcances del proyecto
El Proyecto de Ley de Test Antidrogas, de autoría de Romero, propone que todos los funcionarios públicos acrediten anualmente no tener adicciones a drogas ilegales como condición para permanecer en sus cargos.
La iniciativa abarca a los tres poderes del Estado y a la Policía de Salta, e incluye rinoscopía, análisis de sangre y de orina, con una periodicidad anual. Los resultados serían confidenciales. En caso de dar positivo, los funcionarios designados cesarían en sus cargos, mientras que los electos podrían ser suspendidos o enfrentar la revocación del mandato.
El texto establece al Ministerio de Salud de la Provincia como autoridad de aplicación, y plantea la necesidad de que el Estado promueva una conducta ética y transparente entre sus representantes.
"Los funcionarios tenemos que dar el ejemplo. No se puede luchar contra el narcotráfico mientras alguien del Estado consume drogas ilegales. El proyecto no es persecutorio, es preventivo y ético. Es una herramienta para recuperar la confianza de la sociedad", destacó Romero.