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En la entrevista que condujo a Marcos Laens en el ciclo Hablemos de lo que viene – Desarrollos Urbanos, Mali Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), trazó un diagnóstico crudo sobre la situación argentina. Antes de comenzar a preguntarle al funcionario uruguayo, planteó un breve pero contundente retrato de la coyuntura local, un retrato que sirvió como contraste directo para el modelo que describiría luego el invitado.
Vázquez recordó que Argentina, con sus 45 millones de habitantes, arrastra un déficit habitacional estimado en seis millones de viviendas. De ese total, explicó, 2,4 millones corresponden a un déficit cuantitativo —viviendas que directamente no existen— y el resto responde a un déficit cualitativo, ligado a condiciones deficientes. Cada año, señaló, se agregan aproximadamente 300.000 nuevas necesidades habitacionales, y el país es capaz de construir alrededor de 200.000 viviendas. Incluso en los momentos en que el Estado asumió el rol de constructor, la producción estatal no superó las 30.000 viviendas anuales, una cifra que, comparada con la magnitud del problema, resulta marginal.
El panorama financiero que describió fue aún más tajante. Dijo que en la Argentina "no existe el crédito para la construcción" y que el crédito hipotecario, aunque muestra señales de crecimiento, sigue siendo insignificante. Recordó que en 2023 se otorgaron aproximadamente 3.000 créditos, en 2024 unos 11.000 y en 2025 alrededor de 37.000, una expansión notable pero que apenas representa el 0,5% del PBI, el porcentaje más bajo de toda América Latina. Ese nivel, explicó, está lejos de los estándares de países con sistemas hipotecarios funcionales.
Su introducción buscó justamente eso: mostrar el contraste. Le dijo a Laens que su interés era "sacarle el jugo" a la experiencia uruguaya para entender qué políticas público-privadas funcionan y cuáles podrían adaptarse a la Argentina. Su papel en la entrevista fue el de una interlocutora que conecta la realidad local, marcada por restricciones y discontinuidades, con un modelo cercano que logró sostenerse en el tiempo.
Uno de los puntos en los que más insistió fue la continuidad institucional. Mientras Laens explicaba que la Ley de Vivienda Promovida se mantiene vigente desde 2011 y atraviesa ya cuatro gobiernos, Vázquez subrayó que en Argentina los períodos de crédito hipotecario "duran menos que un suspiro". Incluso planteó que generaciones enteras —especialmente quienes tienen menos de cuarenta años— nunca conocieron un sistema de crédito estable que les permitiera proyectar una vivienda propia. Esa ausencia, señaló, es una deuda estructural del país.
Vázquez también puso el foco en la articulación con el sector privado. Le preguntó a Laens cómo se diseñó el programa Entre Todos, quiénes se sentaron a la mesa y qué rol tuvieron los desarrolladores. Destacó que en Uruguay participan bancos, gobierno y empresas, algo que —por contraste implícito— en Argentina aparece como una necesidad todavía no resuelta. Su preocupación no era meramente técnica: entendía que sin inversión privada no hay volumen suficiente de obra y que sin incentivos claros el mercado no entra en juego.
Replicar buenas prácticas
A medida que avanzaba la entrevista, su perspectiva fue delineándose con mayor claridad. Para Vázquez, la crisis habitacional argentina no se explica solamente por la falta de crédito o por los números del déficit. También se explica por la incapacidad de sostener políticas de Estado y de construir un ecosistema de incentivos coherente y estable. En la continuidad uruguaya vio un valor esencial: Laens hablaba de una ley que se perfeccionó con los años, que se ajustó en 2020, que se complementó con un nuevo programa para la clase media y que hoy continúa bajo otra administración. Ese proceso, dijo Vázquez, es algo que la Argentina no ha logrado replicar. Luego de repasar los datos y escuchar las experiencias uruguayas, afirmó la necesidad de que Argentina "importe buenas prácticas".