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La Corte de Justicia de Salta llega a fin de año atravesada por un punto de inflexión. El juez Ernesto Roberto Samsón finalizará su acuerdo el 29 de noviembre, pero además ya presentó su pedido de jubilación, por lo que su salida del tribunal está confirmada. En paralelo, Guillermo Alberto Catalano también solicitó acogerse al régimen jubilatorio y el vencimiento formal de su mandato está fijado para el 3 de diciembre. En ambos casos se activará un proceso administrativo que no podrá resolverse de inmediato, por lo que la Corte comenzará 2026 con dos sillas vacías.
Incluso si el Poder Ejecutivo remitiera pliegos en forma urgente, los plazos legales (publicación en el Boletín Oficial, período de observaciones ciudadanas, informes técnicos, dictámenes y posterior acuerdo del Senado en sesión pública) impiden completar las designaciones antes del cierre del año legislativo. De este modo, la reducción temporal en la integración del máximo tribunal es inevitable
Catalano integra la Corte desde 2007 y renovó en 2013 y 2019. Su último acuerdo (con la anterior Constitución), de seis años, expira la semana próxima. En tanto, Samsón, designado en 2013 y renovado en 2019, culmina su período este sábado.
Polémica en 2026
En tanto, el año próximo se avecina otro momento de definiciones en el máximo tribunal salteño: vencerán los acuerdos de Sergio Fabián Vittar (19 de noviembre), María Alejandra Gauffin (16 de junio) y Adriana María Rodríguez Faraldo (también el 16 de junio). Los tres fueron designados en 2020, antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen constitucional, por lo que sus casos volverán a activar la discusión sobre si corresponde aplicar el criterio de renovación previsto por el sistema anterior o si la reforma debe interpretarse con efectos más amplios.
En este escenario, la Corte deberá reorganizar su dinámica interna mientras se tramitan las decisiones políticas que definirán su composición en los próximos meses. Hasta ahora, no hay señales anticipadas sobre la postura del Ejecutivo respecto de sus posibles renovaciones.
En ese contexto se volverá a colocar sobre la mesa el debate que persiste por la reforma constitucional de 2021. El artículo 156 reformado estableció que las y los jueces de la Corte "durarán diez años en sus funciones sin posibilidad de ser nombrados nuevamente". Sin embargo, en 2024 y 2025 el Ejecutivo envió a la Legislatura los pliegos de Teresa Ovejero y Pablo López Viñals para nuevos períodos de diez años, lo que abrió la discusión jurídica sobre la validez de esas designaciones.
Ambos casos generaron fuertes objeciones de colegios de abogados del NOA, académicos y organizaciones vinculadas a la calidad institucional, que advirtieron que estas renovaciones contradicen el artículo 156 reformado.
El episodio tomó mayor dimensión cuando la propia Corte, en febrero de 2025, dictó una acordada aplicando de manera estricta la reforma constitucional para ordenar el cese de magistrados inferiores al cumplir 70 años. En otras palabras: para los jueces inferiores sí rige la reforma, pero en la Corte hay otra interpretación. Jueces y parte.
Ampliación de la Corte, en 2020
La Corte de Justicia de Salta fue ampliada en 2020 al pasar de 5 a 9 miembros, una medida que buscaba mejorar la celeridad de la justicia mediante la creación de salas por materia. Esta modificación fue una de las primeras medidas fuertes que impulsó Gustavo Sáenz cuando asumió su primer mandato. La iniciativa fue aprobada por la Legislatura. En el último tiempo hubo críticas respecto si es beneficioso tener tantos jueces de Corte, teniendo en cuenta el gasto que esto genera al Estado provincial, más en tiempos de crisis.