inicia sesión o regístrate.
La Auditoría General de la Provincia presentó una denuncia penal contra el municipio de San Carlos luego de detectar transferencias millonarias desde la cuenta oficial del municipio hacia cuentas particulares, entre ellas, la de la intendenta María Vargas y algunos empleados.
El presidente del organismo, Gustavo Ferraris, explicó en Radio Salta que la investigación comenzó cuando se advirtió que San Carlos fue el único municipio de los 60 de la provincia que no presentó su cuenta general del ejercicio -el balance obligatorio que debe rendirse cada 30 de junio-. A partir de allí, el equipo auditor detectó inconsistencias en la rendición del año anterior, donde se registraron movimientos de fondos sin justificación.
"Se trata de transferencias reiteradas, por montos pequeños pero acumulativos, que superan los 20 millones de pesos. Pedimos explicaciones, pero hasta el momento no obtuvimos ninguna respuesta de la intendenta", señaló Ferraris.
Ante la falta de descargos, la Auditoría resolvió remitir el caso al Ministerio Público Fiscal para que se determine si los hechos constituyen un delito. "Nuestra función no es tipificar el delito, pero sí advertir sobre maniobras absolutamente irregulares desde el punto de vista administrativo", aclaró.
Ferraris recordó que este no es el primer episodio de presuntas irregularidades detectadas en municipios salteños. "Tuvimos una situación parecida en Morillo, donde el intendente alegaba que la comuna le debía dinero y por eso realizaba movimientos de fondos a su favor. También allí se presentó una denuncia penal", explicó.
En ambos casos, la Auditoría sostiene que las transferencias directas de fondos públicos a cuentas particulares son inadmisibles y requieren una investigación judicial para determinar responsabilidades.
Otras comunas
Según Ferraris, 59 de los 60 municipios salteños cumplieron con la obligación de presentar sus balances 2024 ante el organismo. "La gran mayoría muestra voluntad de transparentar y mejorar su gestión financiera", destacó.
No obstante, reconoció que todavía existen dificultades técnicas y estructurales, especialmente en localidades pequeñas o alejadas de los grandes centros urbanos. "Algunos municipios aún trabajan con sistemas contables informales o sin conectividad. Incluso hay casos donde se detectan facturas de compras realizadas en Bolivia, lo que evidencia una falta de formalidad, pero no necesariamente una irregularidad penal", aclaró.
Ferraris también informó que continúan las auditorías de transición en municipios que cambiaron de gestión tras las elecciones, aunque admitió que "el volumen de trabajo es alto y el personal reducido".
Finalmente, el titular de la Auditoría General enfatizó la necesidad de transparencia en el uso de los fondos públicos. "Los principales destinatarios de las rendiciones son los vecinos. Ellos tienen derecho a saber dónde va cada peso que se recauda. La intendenta tiene la obligación de explicar qué pasó con ese dinero", subrayó Ferraris.