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El Ministerio de Educación de Salta presentó una denuncia penal ante la Justicia tras detectar la presunta utilización de certificados de postítulos apócrifos en procesos de concursos y designaciones docentes. La investigación, que se inició a partir de los propios mecanismos de control del sistema educativo, reveló indicios de una maniobra "sistemática y organizada" orientada a defraudar a la administración pública y a desplazar a docentes en el orden de mérito.
Según explicó el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, la situación comenzó a advertirse durante el período de tachas (control de legajos docentes), una instancia clave dentro del procedimiento de designaciones para la cobertura de cargos docentes. Allí, la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, responsable de evaluar títulos, trayectorias y antecedentes, empezaron a observar "cartones" de certificados de postítulos que no cumplían los requisitos formales.
Un mismo certificado, diferentes docentes
"La peculiaridad fue que comenzaron a aparecer certificados de postítulos presuntamente apócrifos, vinculados mayormente a dos o tres instituciones, que se repetían con distintos nombres", detalló el funcionario. Es decir, el mismo certificado, con datos similares, presentado por diferentes docentes, lo que encendió las primeras alertas. El móvil inmediato: buscar mejorar la posición en el concurso.
Ante esta situación, el Ministerio ordenó una auditoría interna integral de los legajos, con revisión exhaustiva de la documentación presentada. Los integrantes de Junta se repartieron las inscripciones por unidad educativa y elevaron un primer informe a la asesoría jurídica, que confirmó que no se trataba de un caso aislado.
"Hay algo organizado"
"Esto revela algo más complejo que un docente que presentó un certificado irregular. Hay indicios de algo sistemático y organizado, posiblemente orientado a defraudar al Estado en los procesos de designación", afirmó el secretario. En ese marco, y en cumplimiento de la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos ante la posible comisión de delitos, se resolvió formular la denuncia penal.
Aunque existe un número estimado de docentes involucrados, el funcionario aclaró que no puede ser revelado en esta etapa. "Sería imprudente hacerlo. Ahora es la Justicia la que debe investigar, determinar el alcance del caso y deslindar responsabilidades", explicó. Incluso, no descartó que detrás de la emisión de estos certificados pueda haber algún tipo de asociación ilícita.
No se investigan títulos de base
El Ministerio también evitó identificar públicamente a las instituciones presuntamente vinculadas, ya que podrían haber sido víctimas de falsificaciones. "Si se emitieron certificados apócrifos atribuyéndolos a una institución, esa institución también puede ser damnificada", señaló.
El secretario fue claro al precisar que no se investigan títulos docentes de base, sino postítulos que otorgan puntaje que luego tienen un impacto en concursos, designaciones o ascensos docentes. Se trata de docentes que contarían con un título habilitante legítimo, pero habrían declarado y acreditado formaciones que no cursaron o no completaron.
"Ningún docente puede deslindarse de la responsabilidad de algo que presenta con su firma. No solo se acredita un certificado, sino que declara haber realizado esa formación", subrayó, descartando que pueda tratarse, en términos generales, de situaciones no intencionales.
Proceso de designaciones 2026
En cuanto al impacto concreto, el funcionario informó que los casos detectados fueron excluidos del proceso de designaciones para el ciclo lectivo 2026. La Junta Calificadora tiene facultades para bloquear los legajos por dos años, lo que impide participar en concursos, titularizaciones, ascensos o nuevas designaciones. Esta medida es automática y rige tanto para los niveles Inicial y Primario como para Secundario.
No obstante, aclaró que el bloqueo no implica la pérdida inmediata de cargos ya obtenidos (por ejemplo como docentes titulares), situación que deberá evaluarse en el marco de los procedimientos administrativos y, eventualmente, judiciales. Además, la investigación permitirá revisar si hubo presentaciones irregulares en años anteriores, lo que podría derivar en nuevas decisiones administrativas.
"No estigmatizar a la docencia"
El secretario insistió en que se trata de una minoría dentro de un sistema que cuenta con unos 30.000 docentes en la provincia, y pidió no estigmatizar a la docencia. "Justamente somos inflexibles porque estas maniobras perjudican al docente que se forma legítimamente, que se esfuerza y que es desplazado en el orden de mérito por alguien que acredita una formación que no cursó", sostuvo.
Alejandro Williams Becker destacó que el caso haya sido detectado por los propios mecanismos de control de la Junta Calificadora, aunque reconoció que los sistemas siempre pueden fortalecerse. "Esto puede tener consecuencias profundas, pero es necesario que tenga todas las consecuencias legales que correspondan para resguardar la carrera docente y la transparencia del sistema", concluyó.