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Con el decreto 911, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial promulgó una nueva prórroga que mantendrá el estado de emergencia sociosanitaria dispuesto en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia por otros 180 días. La medida, según los fundamentos que movieron la sanción de la ley 8522, el pasado 11 de noviembre, busca garantizar la continuidad de las acciones de asistencia sanitaria, alimentaria y de acceso al agua en las comunidades más vulnerables del norte provincial.
La emergencia se estableció en 2020 y desde entonces su vigencia se extendió con sucesivas prórrogas sancionadas por la Legislatura. Con el decreto que se publicó ayer con la firma del gobernador Gustavo Sáenz y fue refrendado por los ministros de Gobierno, Ignacio Jarsún; de Salud, Federico Mangione; de Desarrollo Social, Mario Mimessi; de Producción y MInería, José Lupión, y la secretaria general de la Gobernación, María Matilde López Morillo, quedó promulgada la última de esas normas.
Cuestionamientos de la oposición
La ley 8522, que tuvo un candente debate en Diputados semanas atrás, facultó al Ejecutivo a prorrogar la vigencia de la medida excepcional en el entendimiento de que persisten en el territorio abarcado complejas condiciones que ameritan extenderla. En los ásperos cruces que hubo el 11 de noviembre en el recinto, legisladores de la oposición cuestionaron la reiteración de las prórrogas y la efectividad de las medidas desplegadas.
La diputada Sofía Sierra sostuvo que "prorrogar de manera sucesiva las emergencias supone que no hay planificación ni ejecución". Roque Cornejo Avellaneda, aunque acompañó la sanción, manifestó que las reiteradas extensiones evidenciaban la falta de "una política pública eficiente". Por su parte, Guillermo Durand Cornejo planteó que la emergencia implica "la no obligación del Gobierno de transparentar actos administrativos" relacionados con los gastos de partidas enmarcadas en la medida.
La respuesta oficialista
Esos cuestionamientos tuvieron fuertes réplicas desde el bloque oficialista, cuyos legisladores afirmaron que se efectuaron "considerables esfuerzos" tendientes a mitigar la crítica situación que atraviesa la población afectada, y en particular comunidades originarias. Remarcaron que las acciones contribuyeron a "morigerar las complejas condiciones" que originaron el estado de emergencia, e insistieron en que "resulta necesario continuar trabajando" para brindar "soluciones definitivas" en los tres departamentos alcanzados.
En ese contexto, la diputada Gladys Paredes, médica de Tartagal, defendió enfáticamente la continuidad de la emergencia sociosanitaria y cargó contra la gestión de gobierno anterior. "A ninguno de los diputados se le murió un chico en los brazos, como se me morían a mí hasta el año 2020", subrayó, y recalcó que desde ese año en Tartagal la mortalidad infantil se redujo de un 16 por mil a un 6 por mil. "Antes de hablar, vayan y vean lo que está pasando en los hospitales del norte", exclamó, tras recordar que en 2015 le había advertido al entonces gobernador Juan Manuel Urtubey que urgía "aplicar políticas públicas, porque se nos morían los chicos en el norte. Y no hizo nada. Nunca me escuchó. Recién con la gestión de Gustavo Sáenz se empezó a trabajar en serio en el territorio", acotó.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Salud, Laura Cartuccia, destacó que "existe una mesa interministerial que coordina las acciones en el territorio" y criticó la falta de participación opositora en los debates técnicos.