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Carlos “Uluncha” Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, fue tajante en sus declaraciones este lunes en Radio Salta. Cuestionó duramente a la Secretaría de Energía de la Nación por la reciente Resolución N° 218/2025 que habilita la revisión de las categorías del RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) y advirtió que se trata de una “confesión de parte” sobre una política que perjudicó a miles de usuarios durante más de dos años.
“La motosierra nacional cae sobre los pobres”, sentenció Saravia, al tiempo que criticó la falta de herramientas claras para que los usuarios comprendan por qué fueron ubicados en categorías que definen si reciben subsidios o no. “Tengo jubilados que me dicen: ‘Doctor, estoy en N1 y no tengo ni auto ni tarjeta de crédito’. Nadie les explicó nunca por qué están ahí”, agregó.
Una revisión que llega tarde
Según el funcionario, el nuevo procedimiento de recategorización llega con un año de retraso y no contempla el daño que ya sufrieron miles de hogares empobrecidos. “La gente ya pagó más de lo que debía durante todo este tiempo”, señaló y remarcó que la Secretaría de Energía “funciona al revés: primero castiga, después pregunta”.
La categorización actual del RASE divide a los usuarios en tres niveles:
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N1, con ingresos mayores a 3,5 canastas básicas (más de $3,5 millones);
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N2, con ingresos menores a una canasta básica (menos de $900.000);
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N3, sectores medios entre ambos extremos.
Saravia explicó que, incluso dentro del N3, muchos usuarios vieron reducidos sus subsidios sin justificación clara. Y denunció que los canales de atención y reclamo del sistema nacional, como el call center y la oficina del ANSES, “nunca funcionaron como corresponde”.
El presidente del Ente Regulador reveló que el organismo salteño logró proteger a 26.000 usuarios manteniéndolos en la categoría N2 mediante la tarifa social provincial. “Cruzamos padrones y vimos que no tienen autos nuevos, ni dos casas, ni viajan al exterior. Son familias pobres que hubieran sido excluidas por Nación”, aseguró.
Además, señaló que desde el Ente canalizaron más de 500 reclamos formales de personas afectadas por recategorizaciones erróneas, y que los números reales deben ser mucho mayores, ya que la mayoría no sabe cómo reclamar o no tiene acceso digital para hacerlo.
Una política que castiga a la clase media
Saravia también anticipó un nuevo ajuste tras el acuerdo con el FMI. “Van a avanzar otra vez con recortes de subsidios y ahora el blanco será la clase media, los N3. Son personas que consumen más energía porque tienen infraestructura eléctrica, pero no por eso pueden pagar facturas impagables”, explicó.
Para el funcionario, el problema es estructural: “No se puede aplicar la motosierra en los barrios pobres. Acá no se trata de eficiencia fiscal, sino de si la gente puede o no comer carne, pagar el colectivo o comprar medicamentos”.
Judicialización y advertencia
El Ente Regulador interpuso un amparo hace más de un año por este tema, pero Saravia denunció que el expediente “duerme el sueño de los justos”. Aseguró que ahora volverán a insistir ante el juez, porque lo que hace la Secretaría de Energía “es confesar que violaron el derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz”.